La última reunión de los habitantes de la cooperativa Jardines del Salado con el alcalde Jaime Nebot ocurrió hace aproximadamente tres años, recordó Mariana Morejón, de la manzana 209 del sector.

En aquella reunión, los habitantes de 30 manzanas expusieron la inquietud por las dificultades para legalizar los predios. El burgomaestre se comprometió a solucionar la situación dentro de lo que permite la ley.

Morejón recordó que parte de la zona pertenecía a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), pero que desde 2011 -por un proyecto urbanístico impulsado desde 2008- los habitantes adquirieron sus lotes al precio de $ 7 el metro cuadrado.

Sin embargo, quedó pendiente una franja cercana a un brazo del estero que, según Morejón, pertenece al Cabildo. En el punto mencionado no hay pavimentación ni alcantarillado pluvial.

El problema está en la cercanía a las instalaciones de una planta de gas abandonada. “Nos han dicho que mientras el área esté ocupada no nos pueden ayudar porque es una zona de riesgo”.

En una situación similar se encuentran los habitantes de un sector del lado norte del cerro Santa Ana. Pese a que cancelan los impuestos al Municipio no han podido regularizar sus lotes por la falta de acuerdos con la JBG, dueña legal de los predios.

Aunque desde 2000 hasta 2013 hubo personas que compraron los terrenos para su legalización, todavía persiste el problema para ciudadanos como Jenny Vásquez, quien tiene casi 40 años en el cerro.

El inconveniente está en que algunos no han podido justificar ante la JBG la posesión de los solares. Cuando inició el proyecto Puerto Santa Ana, en 2005, circuló el rumor de que habría desalojos por la falta de la documentación. “Pero eso quedó descartado, ahora solo nos preocupa la legalización”.

Los títulos de propiedad otorgados hasta ahora a los habitantes del sector fueron en las administraciones de Bolívar Cali Bajaña, Abdalá Bucaram, Jorge Norero González, Jorge Perrone (+), Elsa Bucaram, León Febres-Cordero (+) y Jaime Nebot.

Mientras que en Monte Sinaí, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) legaliza las propiedades de aproximadamente 20.000 familias.

Como parte del proceso, las personas que no tengan el certificado de georreferenciación -documento que avala la posesión de un predio desde antes de 2010- deben acercarse hasta las oficinas regionales de la cartera de Estado para arreglar su situación.

Mario Alarcón, habitante de Valle Hermoso, comentó que, hace varios años, el personal del Cabildo intentó regularizar la zona, “sin embargo, los traficantes de tierras lo impidieron y nunca volvieron”.

Por su parte, Jorge Rodríguez, vocero del Cabildo, admitió que los conflictos con otras entidades para proceder a legalizar predios representa un gran problema social, “pero el Municipio llega hasta donde puede llegar”.

El funcionario explicó que existe un riesgo si se ignora lo que permite la ley en cuanto a zonas de riesgo y posesión de tierras. Por ello, exhortó a la ciudadanía a arreglar a la brevedad posible su situación con las instancias pertinentes. (I)