La audiencia por la acción de protección presentada por el abogado Dimitri Durán en contra de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), por supuestos cobros indebidos de intereses sobre citaciones, efectuada ayer, quedó suspendida luego de cerca de tres horas de presentación de argumentos.

El juez Sexto adjunto de Tránsito, Josué Sánchez Fajardo, dispuso que el próximo miércoles se inspeccionen los patios de matriculación de  la CTE para constatar o desmentir las denuncias sobre el mal servicio de la entidad. Además, Sánchez exigió a la institución que entregue la información respectiva sobre cuántas citaciones faltan por cobrar.

Por su parte, Durán, a través de su abogado Julio César Cueva, solicitó durante la audiencia de ayer que se inspeccione el área de matriculación de la CTE, en el norte de la ciudad, para que se constate el proceso de notificación de citaciones.

La audiencia se desarrolló, desde las 09:00, en el auditorio del edificio que funcionan los juzgados de Tránsito, en la avenida 9 de Octubre y José de Antepara, a dos cuadras de la Corte Superior de Guayaquil.

Previo a la llegada del juez Sánchez, decenas de ciudadanos que se sienten perjudicados por la CTE se acercaron para apoyar la acción de protección presentada por el abogado Durán.

El sitio, en el que se desarrolló la audiencia, fue insuficiente para albergar a las personas que querían presenciar el litigio. Aproximadamente 30 asistentes lograron ingresar, mientras que otra veintena se quedó afuera.

Por lo cual varios miembros de la Policía Nacional se encargaron de cercar la entrada principal del auditorio para evitar desmanes. Y por solicitud del juez se impidió el ingreso de grabadoras, cámaras fotográficas y de video.

Esta situación incomodó a los delegados de los medios de comunicación que asistieron. Inicialmente, los gendarmes evitaban que ingresaran los periodistas, pero finalmente, tras varios minutos se les permitió el paso con la condición de no utilizar celulares ni grabadoras durante la audiencia.

Julio César Cueva, abogado de Durán, expuso, en referencia a que los perjudicados conocieron las multas luego de meses de registrada la infracción, que las boletas no tienen valor jurídico luego de tres días desde su emisión.

También denunció que en una delegación de la CTE en Durán, se indica que es obligación  de la ciudadanía  enterarse de sus multas por Internet, “cuando no todos tienen acceso a este servicio”.

Cueva señaló que es obligación del Estado informar al ciudadano sobre sus deberes, derechos y obligaciones. Por su parte, la defensa de Héctor Solórzano y Luis Torres, director ejecutivo y director de Matriculación de la CTE, respectivamente, aseveró que las multas conocidas durante los trámites de matriculación no representan cosa juzgada.

Según los abogados de la parte demandada, los usuarios podían impugnar, por omisión, las boletas emitidas por la entidad.

Sin embargo, los delegados de la CTE no desmintieron que las boletas nunca fueron notificadas a los choferes infractores, hasta que estos acudieron por otros trámites a las oficinas de la entidad.

Durán calificó como un logro el hecho de que se exigieran las cifras de las boletas no cobradas por la CTE, ante la negativa de la entidad para entregar la información.

Mientras que Cueva comentó que “la prueba de oficio que se realizará en los patios de matriculación permitirá constatar el procedimiento que se realiza para la emisión y cobro de boletas”.

En cambio, los abogados de Solórzano y Torres prefirieron no emitir declaraciones a la prensa, porque, aseguraron, no estaban autorizados para que las den. La audiencia se reinstalará luego de una semana.