La Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares, desde la semana pasada, incorporó nueva tecnología para vigilar, desde el aire, el área de Monte Sinaí (noroeste), con el objetivo de prevenir la construcción de nuevas viviendas dentro del territorio protegido por el Decreto Presidencial 607.

Con un vehículo aéreo no tripulado (VANT), de pequeña dimensión,  se monitoreará diariamente la Zona Reservada de Seguridad que abarca el complejo hídrico Santa Elena.

Al respecto, Julio César Quiñónez, titular de la secretaría, explicó que la implementación del nuevo dispositivo de vigilancia permitirá establecer el número exacto de nuevos asentamientos que se puedan presentar entre cada monitoreo.

Los controles, mediante el uso del VANT, se extenderán a otras zonas del país con el apoyo de la Unidad Técnica de Georreferencia. “En un día y medio de labores con esta tecnología podemos cubrir 1.500 hectáreas y estimamos que Monte Sinaí puede ser cubierto en dos días”, explicó el funcionario.

Según el ente estatal, en los últimos ocho meses ha realizado 53 operativos de desalojo en las zonas de invasiones.

Para Quiñónez, varias familias se aprovecharon de la lejanía de ciertos sectores con respecto a la avenida Casuarina (vía principal de Monte Sinaí) para invadir ese sector del cantón. “¿Quién pensaría en detectar invasiones en sectores como La Camila? Por eso los controles continuarán siempre que detectemos nuevos desplazamientos”.

Las autoridades informaron que los  operativos de control se intensificaron en la última semana en las zonas  La Camila, Mirador de Nueva Prosperina y Ciudad de Dios. Hasta el pasado fin de semana, 50 casas fueron demolidas por invasión. Hace cerca de un mes, la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) notificó los desahucios, amparada en el Decreto 607.

Además, se establecieron corredores de reserva y protección de 150 metros a cada lado del eje del canal, en una extensión de 22,85 km. Como parte de las medidas de desalojo, se  suspendió la energía eléctrica y, posteriormente, fueron demolidas, con maquinarias, decenas de viviendas de madera, caña y lona.

El dispositivo VANT tuvo un costo aproximado de $ 100.000 y, por el momento, se prevé que una de estas unidades recorrerá otras ciudades del país para identificar los asentamientos irregulares. “La idea es que ninguna zona de cualquier provincia esté expuesta a crecimiento desordenado y en la mayoría de los casos, ilegal”, detalló el titular de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares.

Frente a la inquietud de las familias desalojadas que aseguraron no tener dónde residir, Quiñónez explicó que pueden acceder a los planes habitacionales que ofrece el Gobierno una vez que empiecen el trámite respectivo.

En diciembre de 2010, el presidente Rafael Correa anunció que aproximadamente serán  reubicadas 5.000 familias, tras un estudio del Instituto Geográfico Militar (IGM) que determinó, por medio de fotografías aéreas y censos, el número de propiedades establecidas en las 9.300 hectáreas contempladas en el área de seguridad del complejo hídrico de Santa Elena.

Desde entonces, las personas desalojadas han cuestionado que no se las ha incluido en su totalidad en los planes habitacionales del Gobierno.
Quiñónez manifestó que se buscará solucionar la situación  y que se proseguirá con “el control en el marco de cero tolerancia a las invasiones”.

Con el mismo fin se han clausurado 23 ferreterías que expendían materiales de construcción. Los operativos se ejecutarán en otros sectores del noroeste de la ciudad, que por motivos de “seguridad” no precisaron las autoridades.

De acuerdo con la Secretaría, todas las edificaciones edificadas en zonas restringidas desde diciembre de 2010 son irregulares.