Hay 80.000 hogares expuestos a incendios por cortocircuitos

El incendio ocurrido en la Isla Trinitaria  hace 10 días, tal como  los siniestros de Puente Lucía y Cisne Dos, acaecidos el 21 y 24 de abril, respectivamente, se produjo por cortocircuitos del  sistema eléctrico de conexiones caseras que fueron realizadas sin soporte técnico.

Según reportes de la Unidad de Respuesta de la Secretaría Nacional de Riesgos (SNR),  dicha modalidad de consumo energético es de alto riesgo para las familias. La Eléctrica de Guayaquil estima que  en la ciudad 80 mil viviendas  obtienen energía de esa forma en zonas suburbanas, lo que ocasiona pérdidas económicas mensuales de $3´200.000.

Las alarmas por cortocircuito, de acuerdo con datos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), han ido  creciendo en los últimos tiempos.   Por medio de su línea de emergencia, en 2007, se reportaron 79 llamadas de auxilio por esa causa; en 2008, 137; en 2009, 183; y en 2010, 202.

En lo que va del año, en la central del BCBG  hubo 48 alarmas de conatos e incendios provocados por cortocircuitos, lo que representa el 12% del total de las llamadas.

También hay dos casos de personas que han sufrido shocks eléctricos al conectar manualmente los cables de la casa al poste de luz.

Aunque no todo cortocircuito eléctrico deviene en incendio, explica Santiago Peña, director de prevención de incendios, hay dos factores que inciden en el riesgo, tanto en las viviendas de las áreas urbanas como las suburbanas: las conexiones directas al cableado eléctrico de la calle y la existencia en la casa de sistemas eléctricos que tienen  más de 20 años.     

Zonas en riesgo

Las conexiones ilegales se encuentran sobre todo en los sectores urbano marginales, coinciden las instituciones anteriormente citadas.  Monte Sinaí representa uno de estos focos. Al ser una zona decretada como de emergencia no puede ser intervenida por la Unidad Eléctrica, explica Diego Sánchez, gerente comercial de la EG. 

“Zonas como Chigago (suburbio) y la cooperativa Santiaguito Roldós (Guasmo), presentan aun niveles de resistencia a la legalización, pérdida de planillas e  incluso robos y violencia contra los trabajadores de la institución”, precisa Sánchez.

En  abril, 2.400 personas pasaron de recibir luz clandestinamente a regularizar el servicio, informa  la EG. La acción forma parte del Fondo de Electrificación Rural (Ferum) que se realiza en zonas urbano marginales de la ciudad.   
El fondo permite realizar la instalación de postes, transformador, acometidas  y medidores, necesarios para dotar de luz por vías legales a estas zonas no planificadas.

La contratación del servicio se realiza en dichos barrios, desde hace dos años y medio,   ofreciendo el servicio directamente en cada vivienda.  Antes las regulaciones energéticas vigentes no lo permitían.  

Conexiones ilegales continúan

Al sur de la ciudad está ubicada la calle donde el 18 de abril se vivió un incendio. En los callejones 15 y Chambers,  de Cisne dos, la delgada vía está llena de tierra y basura, y los niños corren por la calle. Ellos se han acostumbrado a ver los cadáveres de  cinco casas quemadas.

Actualmente  los moradores están en proceso de contratación del servicio legalizado.

Antes del incendio solo tres de las 18 casas construidas frente al Estero tenían medidores de luz. Sus dueños los solicitaron ahora.

Las cinco vetustas casas que se quemaron, y que dejaron un rastro de desolación en  este humilde barrio, fueron construidas con cañas. De enero a marzo, seis casas de este tipo se habían carbonizado en la ciudad.

Los vecinos, a diferencia de otros que en calles aledañas se niegan a hablar sobre el robo de luz, dan testimonio del terror y el incendio: “En la desesperación de esa madrugada al arrastrar un tanque de gas  me hice esta herida”,  recuerda Edita Castro, mientras señala una línea gruesa y oscura marcada en su pierna.  Ella, quien tiene 35 años viviendo en el sector,  es una de las tres vecinas que tenía medidor en tiempos anteriores al incendio.

“No habíamos visto el peligro frente  a nosotros hasta esa madrugada”,  confirma Aída Reyes, otra vecina.

Los demás consultados dicen que robaban luz porque esperaban que el servicio  les fuese llevado hasta sus casas a pesar de que no lo   solicitaron. Además afirmaron que desconocen  las disposiciones como la llamada Tarifa de la Dignidad. Un Decreto Ejecutivo que fija en $ 0.04 el kilovatio (kw)  hora para quienes consuman hasta 130 kw por hora, que normalmente cuesta $ 0.08.

En este recorrido, al que se llega pasando el camino del Puente de la A,  se observan casas de cemento con cables finos conectados directamente al alumbrado público. A pocas cuadras del sitio donde se produjo el flagelo.

En las calles 23 y callejón Francisco Segura, 17 y Chambers, Cristóbal Colón y en José Guevara Moreno y Babahoyo, las viviendas tienen hasta seis conexiones directas por casa. En algunas cuadras, hasta seis casas obtienen de esa forma la energía eléctrica.

Los vecinos prefieren no hablar del asunto y hasta intercambian miradas agresivas si alguien se detiene a contemplar los tendidos de cables. Glenda Sánchez se atreve y dice: “No conozco si esto es peligroso o no”.

En el recinto Puente Lucía, ubicado en el km 27 de la vía a Daule, donde se produjo el incendio por cortocircuito,  el panorama es distinto. Solo dos casas y una gallera se encuentran conectadas directamente a los cables sin medidor de por medio.

El cable es el problema

Estas conexiones son peligrosas porque los cables se instalan con calibres incorrectos,  explica el mayor Peña del CBG.

“Hay que hacer un estudio de cuanta energía se va a consumir, y analizar cuántos artefactos se tiene y la carga de energía que requieren”, indica.

Partiendo de estos datos se decide el voltaje,  es decir, la fuerza con que circulará la corriente entre dos puntos. El circuito de braker, dispositivo eléctrico que protege al sistema eléctrico de las regulaciones de voltaje, depende de esta medición previa.

“Es un arma de doble filo hacerlo empíricamente; digamos que se coloca un braker de 30, si la carga de  energía en la casa es de 20, los cables van a tener que esperar toda esa sobrecarga para que el braker se dispare y eso puede provocar un cortocircuito”, advierte.

Si el circuito de braker no cubre la carga eléctrica necesaria,  puede haber problemas en los aparatos electrónicos de la casa.

Estas instalaciones  suelen realizarse empatando cables de la casa al tendido eléctrico. Se pegan los extremos de los cables con  cinta. Las variaciones de voltaje por problemas en los transformadores o por no tener un medidor pueden producir chispas en estas cintas, debido a los picos altos en el fluido eléctrico.

La normativa  vigente impone multas del 300% del último consumo, hasta 12 meses, por robar luz. Se contempla también la prisión de tres a cinco años.

Otros riesgos

En el sector urbano, el uso de regletas sobrecargadas de energía puede ocasionar cortocircuitos.

Estos sistemas que se comercializan regularmente, muchas veces  no se fabrican bajo una normativa.

Los recalentamientos por sobrecarga de aparatos conectados puede devenir en un cortocircuito.

Las instalaciones que no utilizan brakers, sino tapones,  datan de hace más de 20 años. Aquellas no se planificaron para dar energía a todos los aparatos que se utilizan ahora.

Gustavo Mazzini, de la EG, sostiene que por el aumento progresivo de las cargas eléctricas por el uso de nuevas tecnologías se deben revisar los sistemas eléctricos de las casas.

Cargadores de teléfonos móviles, microondas y plasmas  pueden afectar estos sistemas vetustos. La EG recomienda consultar a miembros del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos para realizar cálculos de conductores y protecciones.

Cuatro causas han sido identificadas como las desencadenantes  de cortocircuitos por la  EG:  conexiones sueltas en cables, enchufes o interruptores;  cables  perforados o punzados por la antigüedad o la humedad; el sobrecalentamiento de los cables; y  los electrodomésticos descompuestos.  

Según la EG, el cobro de planillas en mora ha aumento entre un 16% y 26% en los últimos 3 años.   Aquello representa   $ 4 millones recuperados al mes. En zonas residenciales como  Los Ceibos también se registran deudas.