Guayaquil y la tentación federalista en el siglo XIX (I)
En el texto constitucional que creó el Estado del Ecuador se concretó el reconocimiento implícito de la diversidad histórica, social, económica y cultural de las regiones que conformaron la antigua Audiencia de Quito. Sin embargo, cinco años después, a raíz de la Asamblea Constituyente de 1835, una nueva Carta Magna alteró el modelo de distribución regional. Se crearon siete provincias o unidades territoriales más restringidas (Quito, Chimborazo, Imbabura, Guayaquil, Manabí, Cuenca y Loja), lo que trajo consigo una notoria centralización.
Según el historiador Juan Maiguashca, la supresión de los departamentos “solo se sintió en ciertas actividades del Ministerio de lo Interior. Asuntos electorales y religiosos, por ejemplo, quedaron todavía en manos de entidades de rango departamental. Lo mismo sucedió con actividades pertinentes al Ministerio de Hacienda y al de Guerra y Marina”. No obstante, los representantes de Guayaquil Francisco de Marcos, José Antonio Campos y Juan José Casilari, denunciaron los menoscabos que sufrirían las regiones, con la aplicación del nuevo modelo de división político-administrativa de carácter provincial: “Se proyecta, señor, una nueva división del territorio, con supresión de los Departamentos. Esta idea, sin persuadir hasta ahora la utilidad que deba producir, tampoco será el lugar en que deben colocarse los fundamentos de nuestra asociación política”. (1)
Como estaba de por medio la elección de Vicente Rocafuerte como presidente de la República -quien exhibía notorias resistencias entre los diputados del interior-, la discusión sobre el nuevo régimen administrativo pasó a un segundo plano. Sin embargo, los diputados de Guayaquil propusieron que se creara una Cámara de Distrito en las capitales de los tres departamentos, frente a la moción de establecer una legislatura permanente en Quito, para evitar la concentración de poderes en la capital de la República: “Situada la Capital en uno de los extremos de la República, continuarán los inconvenientes, que han aquejado a las provincias distantes, porque sobre ser lenta la acción de los Gobiernos populares, a juicio de los políticos, se debilita en los extremos la fuerza de las palancas de que se sirven”.(2)
El problema de la centralización ya era inminente, pero realmente se sentiría a partir de 1843, cuando la famosa “Carta de la Esclavitud” floreana se proponga “erradicar los grandes y pequeños ´localismos´”. (3)
Juan José Flores actuó con astucia para neutralizar los intereses de las elites departamentales. A pesar de que él mismo mentalizó, en 1830, el pacto fundacional de las regiones, rápidamente buscó medios eficientes para centralizar el poder: en 1831, el abogado y publicista José Félix Valdivieso, inició la campaña del gobierno por la abolición del régimen departamental, en su primer informe ministerial: “La división por provincias tan recomendada por los mejores publicistas, es la única que pudiera establecer en nuestro pequeño Estado, la igualdad de derechos, y la que resolviera a la vez el gran problema de la representación nacional por la basa de la población, cerrando la puerta a las aspiraciones de las grandes masas tan peligrosas en los cuerpos representativos”. (4)
Los funcionarios contables del régimen, también argumentaban el gasto excesivo que, según ellos, originaba la forma de administración departamental. El Ministro de Hacienda, J. García del Río, se quejaba de la siguiente manera al Congreso de 1833: “Debo llamar la atención del Congreso a la necesidad imperiosa que hay de simplificar y coordinar todas las leyes de la hacienda, para evitar la horrenda confusión que hoy día existe, y que hace de nuestra legislación un verdadero laberinto: de distribuir equitativamente los impuestos, de acelerar su recaudación, y de hacerlos efectivos, organizando bien las oficinas, y concediendo al poder ejecutivo medios eficaces y legales de enfrentar a los empleados que no cumplan con sus deberes: en fin, facilitar del método de contabilidad”. (5)
Con o sin razones, Flores terminó imponiendo su voluntad en la Asamblea Constituyente reunida en Ambato, en 1835, con los votos favorables de los diputados de Quito y de las ciudades pequeñas. La Constitución de 1835 reconoció al Ecuador como un estado unitario y creó la nueva división político-administrativa basada en las provincias.
