Gestión social y política se activan en Monte Sinaí

Los moradores de Las Marías, en Monte Sinaí,  se muestran sorprendidos -algunos agradecidos- por la intervención de  grupos de activistas y de  entidades académicas en el sector. Estos últimos actores, recientemente, han participado como mediadores para evitar los desalojos a la fuerza de las personas que viven en los asentamientos populares.   

Por ello, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) interpuso una medida cautelar contra el comisario Robinson Arias, quien firmó las notificaciones de desahucio a 260 familias del sector.

Pero la acción no fue admitida por el Juez Temporal (e) de Contravención de la Unidad Judicial 1 de Guayaquil. Según la página web de la Función Judicial de Guayas, Bartola Cedeño, una de las promotoras de la querella contra Arias solicitó la revocatoria de la providencia dictada.

Habitantes de Las Marías, donde ya se notificó a los residentes que deben abandonar las tierras porque pertenecen al Estado,  afirman que es la primera vez, en más de una década, que la CDH o cualquier otra ONG -fuera de Hogar de Cristo- se preocupa por su modo de vida.

A estos se suman  personas vinculadas con grupos políticos como el PSC (Partido Social Cristiano) y CREO (Creando Oportunidades), y la visita de  brigadas del Colegio de Médicos del Guayas.
Si bien muchas de las personas consultadas aseguraron que existen infiltrados de varios partidos políticos que ya empiezan a sumar gente para la próxima contienda electoral.

Rogelia Vera, quien vive en el sitio desde hace casi una década, cuestiona, sin dar nombres por miedo a represalias,  el oportunismo de los partidos políticos en estos momentos.    “Por eso yo no participo de las convocatorias a esas reuniones... Aparecen solo en época electoral y no cumplen nada de lo ofrecido”.

Precisamente, César Monge, líder de CREO, realizó una visita, que quedó registrada en su cuenta de Twitter (@CesarMongeO), durante el martes pasado en horas de la mañana, cuando se realizaba una vigilia de moradores de Monte Sinaí para evitar los desalojos.

Según Lucía Morales, quien vive desde hace 4 años en el sector, es la segunda vez que a un político reconocido le interesa visitar el sector.

En cambio,  las universidades Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Casa Grande y Santa María, de acuerdo con versiones de los moradores,  llegaron al lugar hace varios días.

Las entidades académicas, en conjunto con la CDH, desarrollan un  proyecto denominado Puentes, que  busca el diálogo entre las autoridades y actores involucrados en el problema de  invasiones.

“Según escuché, nos quieren dar asesoría para solucionar nuestra situación, hasta un dirigente ha aparecido de repente como un representante de la comunidad de Monte Sinaí, pero es la primera vez que sabemos de él”, afirmó Morales.

Ella se refirió a Walter Plúas, presidente del Comité de Coordinación y Gestión Comunitaria Monte Sinaí (Cocoge), entidad creada en 2010 para representar jurídicamente  a las cooperativas del sector y que actualmente intercede por las familias en riesgo de ser desalojadas.

Intervención de entidad

Billy Navarrete, secretario de la CDH, justificó las acciones tomadas, entre otras razones, porque se desalojaron familias que no fueron notificadas antes de que se procediera a la destrucción de sus viviendas. “Es decir, esta entrega de notificaciones, al parecer, sufre de algunas imprecisiones que lastimosamente, al rato de ejecutarse, van a destruir casas”, dijo.

Navarrete, que reconoció que las invasiones se dan en un marco de irregularidades, indicó que “es obligación del Estado estudiar estas situaciones y darles adecuada solución”.
El Gobierno promovió a Ciudad Victoria como alternativa habitacional para quienes viven en Monte Sinaí y que compraron terrenos a los traficantes de tierra.

Sin embargo, esta solución no ha tenido mayor aceptación entre quienes viven en los sectores intervenidos por la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi).

Hace poco, la Gobernación del Guayas informó que apenas 2 familias, desde que iniciaron los recientes  desalojos, en abril de este año, se han acogido al plan de vivienda gubernamental.
Navarrete indicó que las soluciones habitacionales no fueron socializadas con la gente del sector. Resaltó, además, que la comunidad  no ha estado organizada. “Hay una ausencia de ciudadanía y esto debe provocar en el Estado la formación comunitaria justamente para fomentar la participación en soluciones”, afirmó.

Habitantes de Las Marías que van a ser desalojados por Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares  se manifestaron en contra del Gobierno.
Cristóbal Jaramillo, que vive hace  8 años en el sector, pensó que con el ofrecimiento estatal de “distritalizar” la zona -para  mejorar cobertura de educación, salud, seguridad- la legalización estaba garantizada.
“Dicen que invadimos propiedad del Estado y debemos salir, sea como sea..., ¿por qué no aclararon eso cuando dijeron que solo los que vivían antes de 2010 pueden quedarse y esperaron a después de las últimas elecciones para empezar a sacarnos?”, criticó Jaramillo.

Reacción de autoridades

Las invasiones en Monte Sinaí forman parte de los 71 asentamientos irregulares en Guayas.
 Según el Consejo de Seguridad de la Zona 8, son 28.000 familias que habitan el sector  y son  1.342 construcciones las que se han levantado después del Decreto Ejecutivo 607, del 28 de diciembre de 2010.

Viviana Bonilla, gobernadora de Guayas, explicó que, además del irrespeto al decreto, tanto invasores como traficantes de tierra incurrieron en dos delitos: fraccionamiento de lotes sin el permiso del Cabildo e incurrir en la venta de terrenos pertenecientes al Estado.

Asimismo, la funcionaria  criticó a las administraciones municipales por permitir el crecimiento desordenado de la urbe y acusó al PSC por su conexión con  traficantes de tierras como Carlos Castro, Zenaida Castro, Sergio Toral, Balerio Estacio (quien tiene un proceso penal abierto en su contra), entre otros.

En cuanto a la participación de la CDH y las universidades como mediadores en Monte Sinaí, Bonilla calificó esta intervención como tardía.  “¿Dónde estuvieron los de los derechos humanos durante 30 años cuando permitieron que el Municipio dejara, a su vez, que invadieran este sector sin contar con servicios públicos? ¿Cuándo han dictado talleres de planificación urbana correcta (las universidades)?”, cuestionó.

La Stpahi, por su parte, participó el viernes pasado en una audiencia contra Enrique Sabando por una  supuesta participación en la forjación de documentos para vender terrenos en la cooperativa Tres Hermanos.