Las protestas que se realizan en contra del gasoducto que Petroecuador instala en la vía a la Costa, que conectará terminales de GLP (gas licuado de petróleo) en Santa Elena y Guayas, generaron ayer la detención de dos ciudadanos por supuestas agresiones contra el personal policial asignado para la obra.

Un centenar de miembros de la Policía Nacional, desde las 05:00 del viernes, recibieron órdenes de vigilar que ninguna persona obstruyera las excavaciones que se realizan frente a la urbanización Portal al Sol, para colocar los ductos de 12 pulgadas de diámetro.

El oficial Fausto Buenaño informó que Daniel Garaca y Jeffrey Barberán, habitantes de Portal al Sol, fueron detenidos por agredir a miembros de la Policía, cerca de las 10:30.

Sin embargo, una joven que se identificó como familiar de Barberán, desestimó esta versión y fustigó el accionar de los agentes. “Salió a defender a una señora embarazada”, afirmó molesta la también moradora del sector.

Según residentes de Portal al Sol, una mujer en estado de gravidez, que intentó frenar la maquinaria sentándose en la ruta de excavación, fue retirada a la fuerza del lugar por la Policía y Barberán intentó detener la acción.

Yadira Polo, habitante del lugar, detalló que cuatro mujeres y un varón de la Policía  sacaron a la mujer embarazada, quien resultó con raspones en sus extremidades como producto del forcejeo.

Alby Cedeño, quien ha vivido tres años en el sector, aseguró que se utilizó gas pimienta para dispersar a los moradores quienes, hasta el mediodía, se mantuvieron cerca de las maquinarias.

“Aquí nos quedaremos para vigilar que se cumpla la palabra del Presidente (Rafael Correa) y que los ductos sean colocados a cuatro metros bajo tierra y tengan protección”, aseguró Cedeño.

El oficial Buenaño, por su parte, negó que se haya hecho uso indiscriminado de la fuerza e informó que se mantendrán en el lugar hasta que concluya la instalación del gasoducto.

Un técnico de Petroecuador, que prefirió omitir su identidad, indicó que ya existe un acuerdo con habitantes de la zona, que permite la instalación del ducto que conectará las terminales de GLP en Monteverde y Pascuales.

El consenso se habría alcanzado el pasado fin de semana luego de una reunión entre autoridades de la empresa estatal y varios ciudadanos, la que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso para los medios de comunicación.

Andrés Darquea, de la urbanización Porto Vita y uno de los líderes de las protestas que ya lleva más de dos meses, corroboró la existencia del documento, aunque desestimó su validez. Según Darquea, el acuerdo lo firmaron habitantes de Torres del Salado, “que no representan a la mayoría de los vecinos”.

Otra de las observaciones realizadas por los manifestantes, que alrededor del mediodía de ayer no superaban la veintena en el lugar de las obras, es que la ruta original del gasoducto no constituía ningún riesgo porque pasaba por zonas no pobladas.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, las autoridades de Petroecuador han referido que el trazo original del proyecto es el que se construye actualmente y que la alternativa mencionada por los grupos de protesta se contempló posteriormente cuando se realizaron los trámites de rigor en el Municipio de Guayaquil.

Rommel Tapia, gerente del proyecto Monteverde-Pascuales, ha dicho públicamente que se planteó otra ruta por lugares no poblados, pero que no contó con el aval de la Secretaría Nacional del Agua porque se afectaba al trasvase que abastece del líquido a Playas y Santa Elena. Tapia aseguró que se están implementando todas las seguridades necesarias para reducir riesgos de fugas y explosiones.

Moradores de la vía a la Costa y el noroeste de la urbe, hace casi una semana,  manifestaron su incredulidad sobre estas gestiones y no descartaron llevar el asunto hasta instancias internacionales.

Los habitantes de Portal al Sol y Porto Vita aseguraron que no se moverían del lugar de las excavaciones hasta que Garaca y Barberán fueran excarcelados. Hasta el cierre de esta edición, trascendió que los aprehendidos pagaron una multa de $ 14 y estaban esperando salir en libertad.