En la madrugada del 23 de marzo del 2003, ocho años atrás, un accidente dejó profundas huellas en un sector de la ciudad: la explosión del polvorín (lugar para guardar municiones) en la Base Naval Sur destruyó las casas de nueve familias en la entonces cooperativa Carlos Guevara Moreno 2, dañó otros 300 hogares en Fertisa, le quitó la vida a Jimmy Argudo Vicent, de 24 años, y 28 personas quedaron heridas.

El cielo, “que se tornó rojo como el infierno”, recuerda Marlon Cabo, iluminó el pestilente camino de tierra que antes existía.  

Cabo tenía 15 años cuando se produjo el percance, actualmente es el presidente del Comité Barrial del antiguo Carlos Guevara Moreno 2, hoy barrio “Popeye”, cuyo nuevo nombre, cuentan los vecinos,  se debe a que los marinos tuvieron que levantar de nuevo ese sector, que antaño estaba compuesto de descoloridas casas, todas de caña. 

En  “Popeye”, que está surcada por una avenida de concreto, hoy las casas legalizadas son de cemento y de color pastel. Las de caña, cuyos propietarios tramitan la autorización para la posesión del terreno, tienen similares tonos.

En el interior de la vivienda de Ángela Rosales, que ahora tiene un piso de concreto, hay cocina, refrigeradora y ropa, los cuales eran bienes que ella había perdido. “La Armada además repuso camas,  víveres y demás enseres”, recuerda.

Alberto Miranda, cuya casa recibió escombros y esquirlas de la explosión, narra que poco pudo hacer el Cuerpo de Bomberos para salvar las viviendas de las llamas. “Fue horrible”, dijo.

Ángela Rosales, otra de las afectadas con la explosión y posterior incendio, comenta que tras los sucesos, la Armada le repuso su vivienda, pero “gracias al trabajo de mi familia pude de a poco construir mi casa de cemento y adquirí otras cosas que necesitaba”.

Los moradores aseguran que después de las seis y media de la  noche el sector es visitado por personas de otros barrios, que llegan a fumar a un pequeño parque  que se encuentra al final de la calle principal, junto al perímetro  del recinto naval.

Para evitar que el barrio se “dañe”, la directiva, encabezada por Marlon, y otros moradores  acudieron el pasado 22 de agosto hasta las instalaciones de la empresa eléctrica -en La Garzota- a solicitar que las lámparas sean reparadas lo antes posible.

Han pasado más de 10 días y el pedido no ha sido atendido; pero, señala Marlon, insistirán en su demanda.

Para acceder al barrio “Popeye”, se debe ingresar por la parte de atrás del estadio Alejandro Ponce Noboa, en Fertisa, hasta el final de una vía asfaltada que termina en un muro de más de cuatro metros, que sirve de límite entre el sector poblado y el recinto naval.

Desde la avenida 25 de Julio, las personas se demoran 15 minutos para llegar a sus hogares, porque los buses los dejan lejos.

Antes del incedio, quienes vivían en cooperativa Carlos Guevara Moreno  tenían que comprar agua a los taqueros, la luz la obtenían de precarias conexiones a postes del sector y las excretas iban a dar a una zanja. 

Pero más allá de estos y otros inconvenientes, quienes lo perdieron todo se sienten una gran familia.

Entre todos se cuidan, especialmente a los más pequeños, que utilizan la vía para jugar pelota.

Para dar seguridad al sector, los moradores se han organizado para realizar un bingo bailable, que se  desarrollará el 24 de septiembre.

El dinero que recauden lo utilizarán en la instalación de dos barras verticales de ingreso al barrio. “Todo lo hemos conseguido porque hemos estado juntos... esa explosión nos unió más”, expresa orgulloso el presidente del comité barrial.

Quejas

Ese 23 de marzo de  2003, Jimmy Argudo Vicent perdió la vida, debido a que una granada le explotó en el abdomen. Entonces, Heidy Aguas Erazo, quien era su esposa,  tenía 8 meses de embarazo y esperaba  a  su hija, Heidy Nicol, relata Alicia Erazo, abuela de la menor de edad.

“Estábamos a cinco cuadras de la casa, en la escuela Juana Grijalva, celebrando el baby shower y hasta por allá cayeron las granadas. Mi yerno salió corriendo a proteger a mi hija en el patio y pasó la desgracia”.

Frente a la muerte de Jimmy y el avanzado estado de gestación de su esposa, la Armada -comenta  Alicia- “se comprometió a ayudar en todo lo que fuera necesario, incluso pagar la educación hasta que mi nieta cumpla la mayoría de edad”.

Hoy Heidy Nicol  cursa el segundo año de educación básica, pero su abuela, que está a cargo de la menor -la mamá tiene otro hogar-, asegura que la Armada se olvidó de su compromiso.

“Sólo el primer año me ayudaron con todo,  el año pasado pagaron la matrícula y los demás gastos los asumí por mi cuenta, por eso este año la sacamos de la escuela de la Armada y la enviamos a otra institución educativa”.

Asimismo,  Vidal Palacio -esposo de Alicia- denuncia que no ha recibido  asistencia. “Al principio recibí tratamiento para extraer las esquirlas de mis piernas, pero al año se olvidaron”.

Otra de las afectadas, Petita Martínez, asegura que la Armada sólo construyó la mitad de la vivienda de su hija y que lo demás fue  levantado con sus propios recursos.

Mariana Carbo solicita a la institución  asistecia sicológica, porque señala que aún los recuerdos la afectan. Prefiere no asistir a eventos  donde se utilice juegos pirotécnicos, “porque me da miedo”, acota.

Este medio de comunicación buscó la versión de la institución sobre el problema, pero hasta el cierre de esta edición indicaron que tramitarían la solicitud.