Enfrentamientos por los espacios en los colegios
En el colegio Aguirre Abad, ubicado en el norte de Guayaquil, se registraron incidentes entre los docentes y las autoridades por el cumplimiento de un acuerdo emitido por la Subsecretaría Metropolitana de Educación que prohíbe las sedes de gremios dentro de los planteles.
En marzo de este año, la máxima autoridad educativa de la urbe dispuso la optimización de espacios en las unidades fiscales del ramo para uso exclusivo académico.
Mediante los acuerdos 08 y 09, tanto las asociaciones de profesores como los padres de familia tienen prohibido poseer un lugar exclusivo de reunión dentro de escuelas y colegios.
La orden ocasionó malestar entre los directivos de la Asociación de Profesores del Colegio Aguirre Abad que por dos ocasiones, en abril, se negaron a abandonar su sede, ubicada a escasos metros de la puerta principal del plantel.
Durante la noche del miércoles pasado, el rector (e) Édgar Wilca fue notificado por un maestro de que un grupo de personas estaba rompiendo paredes para llevarse algunos objetos implementados en la sede.
Según Wilca, la acción de los profesores comenzó cerca de las 18:00.
A las 20:30, él llegó al establecimiento y encontró a varias personas a quienes identificó como parte del Movimiento Popular Democrático (MPD). El rector indicó que observó el desmantelamiento de puertas, baterías sanitarias, rejas, instalaciones eléctricas, entre otros elementos.
“No tengo nada en contra del MPD, pero son los malos elementos quienes irrumpieron y ocasionaron destrozos a una propiedad del Estado”, dijo.
El rector señaló como responsables del hecho a Adriana Villacís, presidenta de la asociación, y a David Castro, ex inspector del plantel, entre otros docentes. Los involucrados, añadió, se retiraron al advertir la presencia de Wilka.
Varios profesores, quienes solicitaron la reserva por temor a represalias por parte de la Unión Nacional de Educadores, comentaron que Villacís y los miembros de la asociación de docentes, se llevaron los objetos de la Asociación.
“La mayoría de cosas que se llevaron fue implementada hace 10 años por otra directiva de docentes”, afirmó un profesor de bachillerato.
Entre los pedagogos se comentó que los objetos serán vendidos y el dinero obtenido será repartido entre los 10 profesores (de 120 docentes que laboran en el colegio) miembros de la asociación. Wilca calculó la reparación de los destrozos en $5.000.
La subsecretaria de Educación, Mónica Franco, afirmó que los acuerdos 08 y 09 tienen por objetivo dar prioridad a las actividades curriculares, en favor de la enseñanza de niños y adolescentes.
Sin embargo, no hay datos exactos de cuántas sedes de asociaciones de profesores y padres de familia funcionan dentro de las unidades educativas.
Franco anunció que iniciará sumarios administrativos para los responsables del hecho. “Nada justifica la forma en que procedieron”. Si todo pertenecía a los docentes, existe un reglamento que indica las solicitudes que deben hacerse”.
La subsecretaria de Educación descartó que se hayan registrado casos similares en otros planteles de la ciudad, pero exhortó a notificar estas acciones.
