La reforma a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los posesionarios y moradores de predios de Guayaquil, beneficiará a residentes de 35 cooperativas de Monte Sinaí, ubicado al noroeste de la ciudad.

Según la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi), la propuesta de regularización, impulsada por los asambleístas de PAIS del Guayas, favorecerá a 16.000 familias que  llegaron a la zona hasta el 28 de diciembre de 2010.

Julio César Quiñónez, titular de la Stpahi, explica que la reforma es necesaria, pues se corrigen imprecisiones de la  normativa vigente desde 2007.

Entre las modificaciones están corregir los nombres que se dan a los terrenos (Olguita por Alguita, Canelar por Canclar...), el establecimiento de coordenadas y puntos de georreferenciación exactos y la incorporación de más terrenos a la lista de tierras que entran al proceso de regulación. “La actual ley es inaplicable porque no tiene una linderación exacta ni correcta”, cuestiona el funcionario.

La normativa vigente, añade Quiñónez, solo permite legalizar a 40 familias, ya que solo avalaba a quienes vivían en el sector hasta 2004. “Esa linderación no incluía a personas que tienen más de una década en el lugar”.

En la reforma se incluyen, entre otros, a los barrios Trinidad de Dios, Voluntad de Dios, La Olguita, 26 de Agosto, Thalía Toral 1 y 2, Las Marías y Canelar.

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares precisa que alrededor de 450 (de 600) hectáreas de Monte Sinaí, que pretenden ser puestas en regla, son de propiedad estatal. “El Estado  tendrá un papel importante, porque el Gobierno podrá legalizar, adjudicar y obliga al Municipio al levantamiento de catastros”, indica Quiñónez.

El proceso

Las autoridades a cargo del proceso adelantan que en esta semana se iniciará la entrega de registros a las familias que se encuentran asentadas en el noroeste desde hace más de una década. La medida, que será simultánea en todas las cooperativas, pretende informar a los ciudadanos de sus situaciones.

Asimismo, según Quiñónez, se mantiene la decisión de retirar a 1.400 familias, que son las que llegaron después de la fecha límite planteada por las leyes vigentes. “El tiempo para estas últimas ya venció”, dijo.

Los asentamientos en terrenos privados que están incluidos en la regularización son mínimos. La legalización de las parcelas, según la Stpahi, está en manos del Cabildo.

Con la nueva reforma, el Estado Central está en proceso de declarar de utilidad pública más terrenos en Monte Sinaí.

Los requisitos básicos para quedarse en el lugar, además de cumplir el tiempo requerido, son que los residentes sean posesionarios que hayan sido engañados por los traficantes y que no tengan vínculos familiares con los estafadores. “Hemos encontrado personas que cumplen con el tiempo, pero resulta  que son parientes de los estafadores”.

Empiezan a organizarse

Las familias de las cooperativas Trinidad de Dios y 26 de Agosto, entre otras partes de las zonas que serán contempladas dentro de la legalización, se empiezan a organizar para poder beneficiarse de la reforma.

La mayoría de las casas es de construcción mixta. En cambio, las que están en los lugares más periféricos (como en la Coop. 26 de Agosto)  son de caña y madera.

Por la falta de legalización de tierras, la totalidad de las viviendas carece de agua potable y alcantarillado. Además, los vecinos rellenaron con cascajo las peatonales para que los tanqueros ingresaran hasta sus barrios.

También se improvisaron medidores, en varios puntos, para obtener energía eléctrica de manera clandestina, aunque algunos fueron retirados mediante los operativos. En Trinidad de Dios, los moradores implementaron cajoneras para depositar los desechos.

Karina Angulo, de Canelar Olguita, asegura que  desde que comenzaron los desahucios en otras zonas, tiene a la mano los recibos que certifican que su esposo compró los materiales antes de diciembre de 2010.

Son pocas las personas, como Ariel Zambrano, de la Coop. 26 de Agosto, que admiten que construyeron después de la vigencia del Decreto 607. El ciudadano asegura que la persona que le vendió -a quien no identificó- le garantizó que la situación estaba arreglada.