La Hija de comerciante agredida estará detenida 15 días
“El municipal cumplió su amenaza y la metió presa”
Los problemas para la familia de María Q., la comerciante agredida hace 2 semanas por dos elementos de la Dirección de la Policía Metropolitana del Municipio de Guayaquil, se agravaron ayer tras la detención de su hija Sonia C.
El hecho ocurrió la tarde del lunes luego de un altercado verbal entre la ciudadana y el delegado municipal F.R.M.A., manifestó Vicente C., esposo de la imputada. Sonia fue trasladada hasta el Centro de Detención Provisional donde permanecerá 15 días.
En la tarde del lunes, según Vicente C., cerca de la terminal terrestre, F.R.M.A. solicitó a su cónyuge que firme un documento para que se comprometa a no vender en la zona. La ciudadana se negó y comenzó la discusión.
El funcionario municipal es señalado por Vicente como la persona que la semana pasada advirtió con meter presa a la comerciante. “Cumplió su amenaza”, sostuvo.
El ciudadano acudió ayer a la Gobernación del Guayas para solicitar ayuda. Allí se le ofreció indagar sobre el particular y la posibilidad de excarcelar a la comerciante.
En horas de la mañana de ayer, funcionarios del Cabildo y la familia de vendedores, que trabaja en la terminal terrestre, se encontraron en la Defensoría del Pueblo del Guayas.
María Q. rindió su versión de los hechos del pasado 20 de enero cuando fue maltratada por agentes de la Policía Metropolitana (PM), quienes la transportaron en una camioneta con la mano derecha aprisionada en la ventana.
La delegada de la Defensoría en Guayas, María José Fernández, informó que el 10 de febrero se realizará una audiencia para esclarecer la agresión a María Q., de 63 años.
Para la instancia están convocados representantes del Municipio, PM y la comerciante perjudicada. Por su parte, la Fiscalía del Guayas realiza dos investigaciones sobre la agresión: una iniciada por la mencionada dependencia y otra que fue solicitada por el Cabildo.
El alcalde Jaime Nebot y el procurador síndico municipal, Daniel Veintimilla, comparecerán este viernes dentro de la indagación que el gobierno seccional pidió contra los exmetropolitanos José P. y Marlon C. por el delito de odio.
Los acusados fueron despedidos por el titular de la Municipalidad y podrían enfrentar una pena de entre 1 y 3 años.
