La concepción de ciudad que tiene la administración socialcristiana del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, ha estado caracterizada por distintos conflictos con la comunidad. Los principales problemas se evidenciaron en los procedimientos de la Policía Metropolitana, en la administración de la competencia de tránsito, en la ejecución de obras prioritarias y en las políticas ambientales.

Metropolitanos violentos

Precisamente, la Policía Metropolitana estuvo involucrada, como en años anteriores, en acontecimientos violentos. El 18 de marzo, varios de ellos agredieron en la calle a elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

En esa fecha, tres vigilantes fueron golpeados cuando intentaron emitir una citación contra la camioneta de la guardia municipal que estaba mal estacionada en el centro. En ese instante, 4 metropolitanos arremetieron contra los agentes. Al final, los agredidos fueron llevados a centros médicos por lesiones físicas.

Luego de los reclamos del Gobernador del Guayas y del titular de la CTE, fueron destituidos 3 metropolitanos.  En otro caso, José Salazar Oleas, comerciante de helados artesanales, denunció abusos de la guardia municipal.

El 8 de septiembre, el vendedor ambulante dijo a las autoridades que los uniformados lo golpearon en la intersección de las calles Franco Dávila y Lorenzo de Garaicoa, en el centro.

José narró en la Fiscalía del Guayas que por oponerse al decomiso de su mercadería, dos empleados del Cabildo le rompieron la cabeza con una tapa de acero, por lo cual necesitó 20 puntos de sutura. Ante ese acontecimiento, los comerciantes protestaron en los exteriores del palacio municipal. El burgomaestre expresó que se  investigaría la acusación.  

Sin embargo, los directivos de la Policía Metropolitana expresaron que no conocían quién había atacado al comerciante y, al contrario, señalaron que los uniformados fueron las víctimas. Tres meses después, no hay  sancionados.

El tercer caso de agresión que indignó a la comunidad fue el maltrato a la comerciante María Quiña. El 20 de enero, gracias a un video que circuló en las redes sociales, se pudo conocer que los metropolitanos trasladaron a la vendedora ambulante en el balde de una camioneta del Cabildo, con la mano atrapada en una ventana. La mujer fue detenida por ‘violar’ la ordenanza que impide comerciar en zonas regeneradas.

Tan severas fueron las críticas, que el  Alcalde se vio forzado a denunciar en la Fiscalía a sus empleados. “Como en toda institución, hay gente buena y gente mala, la Policía Metropolitana está constantemente recibiendo cursos de relaciones humanas y de derechos humanos”, atinó a decir. Además, como ‘solución’, la Alcaldía optó por separar a dos elementos más.

Los emprendedores esperan que la administración del PSC revise su forma de actuar frente al comercio informal.

Deficiencias en el tránsito

En el octavo mes se registró uno de los  últimos cambios vinculados a las competencias municipales. El 1 de agosto se dio el relevo de los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador por los agentes civiles de Tránsito. En dicha fecha, 1.000 vigilantes dejaron la urbe porteña y se integraron 593 agentes civiles.

Asimismo, la CTE retiró 57 camionetas y patrulleros, 23 motos, 106 motonetas, 4 grúas y 40 bicicletas. La Autoridad Municipal de Tránsito (ATM) los suplió con 60 camionetas (radiopatrullas), 40 motos y 30 bicicletas.

El tráfico vehicular fue un caos en la primera semana, incluso hasta hoy no se cuenta con un sistema automatizado de control. “Con ese modelo se requiere menos uniformados”, manifestó Nebot.

Los usuarios se quejaron los dos primeros días, porque los semáforos estaban desincronizados y no había personal suficiente para eliminar los atascos.

El Ayuntamiento, a pocos días de asumir la competencia, anunció que el concurso para concesionar el control no prosperó. Por ello los semáforos de la ciudad siguen desincronizados.

También está pendiente la definición de las tarifas de los buses urbanos y la tarea de vigilar el uso de taxímetros en los carros de alquiler. Por otro lado, las quejas contra el sistema de la Metrovía no faltaron en el transcurso del año. Los usuarios protestaron por la compra obligada de las tarjetas para usar el servicio.

Desde abril se anunció la eliminación total del cobro en taquillas y se obligó a los ciudadanos a pagar $ 2 por pases recargables.

En octubre también se incrementaron las denuncias contra jóvenes que consumen drogas y cometen robos en las paradas y en los articulados. La Fundación Metrovía envió reportes a las autoridades de educación para que los directivos de los planteles controlen a los estudiantes vinculados a los desmanes.

Asimismo, las nuevas multas incorporadas a la urbe se convirtieron en centro de las críticas de los conductores. El 1 de febrero comenzó a regir la sanción de $ 354 a los choferes que invadan el carril exclusivo de la Metrovía.

La entidad adujo que las unidades se demoraban en llegar a las paradas debido a que los vehículos particulares bloqueaban los pasos. No obstante, los ciudadanos hicieron notar que, en algunos sectores, era necesario que existan carriles compartidos para agilizar el flujo automotor. En algunos puntos del norte se aceptó la recomendación.  

El mismo valor, un sueldo básico unificado, comenzó a cobrarse desde el 1 de octubre a quienes obstaculizan las intersecciones en el casco comercial. Andrés Roche, titular de la ATM, argumentó que así se eliminará uno de los principales factores que provocan congestionamientos. En los primeros 10 días hubo 385 multados. Nuevamente las quejas ciudadanas apuntan a la mala sincronización de los semáforos.

El puente de la discordia

El bienestar de algunos ciudadanos versus el bienestar de la comunidad. Así es como el Alcalde de Guayaquil ha  tratado de contrarrestar los cuestionamientos a su propuesta de construir un puente que unirá a Guayaquil y Samborondón.

El viaducto, de acuerdo con el diseño, va desde el km 3,5 de la vía a Samborondón hasta la avenida Terminal-Pascuales (en El Limonal).

El 29 de septiembre firmaron el contrato los burgomaestres socialcristianos Jaime Nebot y José Yúnez (del vecino cantón). El costo de la obra asciende a $ 55’667.523.

Sin embargo, vecinos de varias urbanizaciones de Samborondón, que residen cerca de la zona de influencia de las plataformas, cuestionan su ubicación.

Los ciudadanos piden que la obra sea en zonas no pobladas o donde señalaron los estudios técnicos: esto es en el km 6,8. La Prefectura del Guayas ayer otorgó la licencia ambiental para la ejecución de los trabajos.

¿Los árboles o la pavimentación?

El año cierra con protestas por el manejo ambiental de la administración del cantón. El corte de 44 árboles dispuesto por el Municipio en La Atarazana -el 6 de diciembre- provocó reclamos de los habitantes de la ciudadela.

El Cabildo explicó que trasplantarán las especies en otros sectores de la urbe. En la zona hoy se ejecutan obras de alcantarillado, aceras y bordillos. Empero, esos argumentos no dejaron satisfechos a los ciudadanos, quienes colocaron crespones negros y carteleras como rechazo a esa acción. “¿Quieren que dejemos los árboles? La próxima vez, ya le dije al departamento respectivo que sea muy cuidadoso y pregunte al usuario qué es lo que quiere”, concluyó Nebot. (I)