El Cootad obliga a los municipios a regular el uso del suelo

El Gobierno Nacional ha recriminado fuertemente la actuación del Municipio de Guayaquil por, a pretexto de ayuda humanitaria, apoyar a un grupo de personas que invadieron una reserva ecológica en el noroeste de la ciudad portuaria, afectando 3 hectáreas de manglar en las riberas del Estero Salado.

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi), entidad creada por el Gobierno para prevenir las invasiones ilegales, explicó que el 5 de marzo, previamente a un operativo ejecutado en la cooperativa de vivienda Mélida Toral, se solicitó que 150 construcciones edificadas después de diciembre de 2010 sean retiradas de forma voluntaria en 48 horas.

Luego se dio una extensión de 20 días, por lo que las autoridades ejecutaron un operativo para desalojar 40 casas levantadas en ese sector. Paralelamente, el Gobierno propuso un plan para que los desalojados accedan a viviendas en programas estatales.   

La Stpahi tuvo cuidado de no remover las viviendas de ciudadanos colombianos residentes en el país bajo el estatus de refugiados, ni otras habitadas por ancianos y discapacitados, por lo que sorprendió, según Julio Quiñónez, titular de la Stpahi, que el Municipio de Guayaquil haya montado carpas en media calle que impiden el ingreso de equipos para desalojar la zona.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que no retirará las carpas, pues el uso del suelo es competencia municipal.

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El gobernador del Guayas, Rolando Panchana, respaldó las acciones ejecutadas por la Stpahi y recordó que la regulación del uso de suelo es competencia del Municipio de Guayaquil, “que ha permitido que se den asentamientos, cuando su función debería ser evitar las invasiones”.

El presidente Rafael Correa reaccionó en Twitter cuestionando la intromisión de políticos en este tema y recordando que la zona invadida es un área protegida. “Todavía subsiste el viejo país. Los politiqueros y la prensa de siempre, ahora defendiendo las invasiones. Increíble”, comentó en el inicio de una secuencia de ‘tuits’.

“Se dijo que no se permitirían más asentamientos ilegales. Pese a ello, algunas familias se asentaron en los manglares de la isla Trinitaria de Guayaquil, zona protegida, cometiendo delitos ambientales y de ocupación ilegal (arts. 245 y 201 del COIP -Código Penal-)”, añadió.

El Mandatario precisó que durante meses se notificó sobre el desalojo y se preparó un plan de contingencia. “Aunque tampoco se puede ceder a la conducta de primero invadir y luego pedir casa. Pero llegó la politiquería: carpas municipales en la vía pública, el extinto MPD (desaparecido partido de extrema izquierda) con sus tirapiedras, amenazas contra los que colaboren con el desalojo ya socializado”, criticó Correa.

Mencionó “la utilización de los pobres, sin importarles su pobreza, ni las leyes ni el mismo Guayaquil”. “El mundo al revés: el MPD=Yasunidos, apoyando la destrucción del manglar. Los socialcristianos, ahora filántropos. ¡Vaya mediocridad! No se preocupen. Como siempre, cumpliremos con la ley, el bien común y nuestro deber. Tolerancia cero a las invasiones”, subrayó Correa.

Municipio es responsable de invasiones

La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, señaló al Municipio de Guayaquil como responsable de los asentamientos ilegales  a orillas del Estero Salado, los cuales nunca se han controlado y que datan de años atrás, mucho antes, incluso, de que la zona del Estero Salado haya sido declarada área protegida por esta cartera de Estado con el objetivo de  recuperar este espacio y promover el cuidado y mejoramiento de la calidad de vida en esa ciudad.

“Hoy vemos a la Municipalidad de Guayaquil en la más ágil reacción, cuando por años no atendió la problemática ambiental y de condiciones de vida de los habitantes de la zona, como es su competencia, el uso de suelo en zonas vulnerables, como son las riberas del Estero Salado”, comentó Tapia a través de un comunicado.

El Ministerio del Ambiente ejecuta varias actividades en el Estero Salado con el objetivo de lograr su remediación integral, por medio de la aplicación de estrategias para su recuperación, en cumplimiento a las competencias de esta cartera de Estado que, a través de su proyecto ‘Guayaquil Ecológico’ ha logrado el cierre de 63 tuberías ilegales que vertían desechos al este brazo de mar, además de la remoción de 12.600 m³ de rellenos y 5.000 m³ de sedimentos.

“En el caso del Municipio de Guayaquil, es una autoridad ambiental acreditada por el Ministerio, por lo tanto, debe promover el correcto uso  de suelo y la protección del área protegida”, recalcó Lorena Tapia, quien ejerce la máxima autoridad ambiental en el país. (I)

LO QUE ESTABLECE LA LEY

Código Penal, artículo 245. Invasión de áreas de importancia ecológica: La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales.2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaños o falsas promesas.

Artículo 201. Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.- La persona que para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. El máximo de la pena se impondrá a la persona que, sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural, ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del público, directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien de su patrimonio.

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la extinción y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general.