Pilar Espinel transitaba ayer, inquieta, frente a la sede temporal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en el centro comercial Albán Borja (norte), mientras observaba a su esposo administrar el modesto puesto de venta de jugo de naranja, propiedad de ambos.

La actitud de ella era debido a que, el último jueves en la tarde, junto con su cónyuge, le tocó vivir una rutina a la que, según Espinel, ya está acostumbrada: la llegada de la Policía Metropolitana, unos cuantos garrotazos y el decomiso de su mercadería. “Nosotros trabajamos normalmente en la Bahía (centro), pero incluso allá tenemos problemas casi a diario”, manifestó Espinel.

La ciudadana es uno de los pocos comerciantes autónomos que se han instalado al frente del mencionado centro para vender alimentos, como mote, empanadas, maduros, y jugos, colas y agua. El grupo, que ayer no sobrepasó la decena, se quejó de que en el Cabildo porteño hay trabas burocráticas para obtener un permiso que les permita, provisionalmente, laborar en el lugar.

El jueves, comentaron los pocos vendedores que decidieron comerciar nuevamente en el sector, se registraron escenas de maltrato por parte de los metropolitanos, incluso, a personas de la tercera edad.

El Municipio de Guayaquil establece restricciones a los comerciantes autónomos en zonas regeneradas. De acuerdo con la Ordenanza del Uso del Espacio y Vía Pública, hay la prohibición de “expender alimentos en la vía pública en forma antihigiénica”.

En el mismo estatuto reza que el retiro o decomiso de bienes, mediante uso de la fuerza, está especificado para vitrinas, braseros,  fogones, entre otros elementos (artículos 39, 60, 71 y 94).

El esposo de Espinel, quien prefirió la reserva de su identidad, explicó que demanda mucho tiempo tratar de cumplir    con todos los requisitos, pierden réditos económicos. “Si no molestan los metropolitanos gano hasta 20 dólares al día, pero ayer (jueves) solo pude hacer cinco”.

El decomiso de la mercadería es otro punto que rechazan los comerciantes autónomos. La ordenanza que reglamenta el destino final de los bienes decomisados por la Policía Metropolitana  estableció, en 1997, que los elementos perecibles serán donados a instituciones sociales, previa calificación de la Dirección de Salud e Higiene, que llevaría un registro. Pero una reforma de 2004 delegó esa tarea a la Dirección de Acción Social y Educación (DASE).

Además, se estableció que los alimentos preparados serán desechados inmediatamente. Mientras que en el caso de los elementos no perecibles (utensilios, canastas, etc.), los propietarios tienen hasta 90 días para retirarlos, sino serán considerados en abandono y, posteriormente, donados o destruidos.

Rosa Olavacha, quien hace poco decidió probar suerte con un puesto de mote en el Albán Borja, también mencionó que para retirar sus herramientas de trabajo existen otros obstáculos burocráticos. “Piden certificar la propiedad de todo... Como si la canasta que una misma elabora pueda tener factura de compra o título de propiedad”, lamentó.

Fabiola Pincay, quien vende maduros asados con queso, perdió su fogón durante el decomiso, del pasado jueves, y tuvo que  invertir  25 dólares para obtener uno nuevo. “La venta  me sirve para el gasto de la casa y un solo día que deje de trabajar me perjudica”, aseguró Pincay, quien también realizó observaciones a la poca o nula apertura municipal para llegar a un acuerdo.

Para ayer, aseguraron los comerciantes, estaba previsto un nuevo desalojo por parte de la Policía Metropolitana, pero hasta el mediodía no ocurría.