Denuncias de moradores de ciudadelas, en el limbo

Moradores de las ciudadelas cerradas que habitan en la vía La Puntilla-La Aurora, que deben asumir el pago de alícuotas (establecidas por las promotoras inmobiliarias o las directivas de residentes), se quejan porque los servicios prestados por las urbanizaciones son insatisfactorios. 

Un residente de la etapa La Coralia, de Ciudad Celeste, quien prefirió el anonimato por razones de seguridad, informó que por concepto de alícuotas cancela 50 dólares, pago que incluye el servicio de guardianía privada, sin embargo, denuncia que hace varios días los ladrones entraron a su casa.

El ciudadano manifiesta que reclamó a la administración de la urbanización por no protegerlo, pero le respondieron que eso escapaba de sus manos y que debía acudir a la Policía y Fiscalía. “¿Entonces para qué pago la alícuota, si no recibo un buen servicio”, se queja.

El administrador de la ciudadela, Modesto Palomino, admite que en el sitio han existido algunos asaltos, aunque no son muchos. “El dinero de las alícuotas se emplea en el mantenimiento de todo el complejo habitacional”, explica.

Christian Contreras, morador de la etapa Zafiro, de La Joya; y Tito Mendoza, habitante de la etapa Cosmos, de Villa Club, se quejan de que existen ciertas actitudes arbitrarias sobre los servicios que deben recibir. El primero, por ejemplo, indica que, cuando se atrasa en el pago de las alícuotas (se cancelan los primeros cinco días del mes), le imponen multas y le impiden usar la piscina.

El segundo protesta porque, según los reglamentos internos, cuando se atrasa en el pago, además de la piscina, está impedido de emplear canchas y la plazoleta. “Quienes vivimos acá no somos millonarios, hemos hecho una inversión y debemos cumplir pagos al banco y colegios... el mantenimiento de la ciudadela demanda recursos, pero  los administradores deben ser más flexibles”, opina.

Al respecto, Óscar Mena, administrador de la etapa Esmeraldas, de La Joya, reafirma que al estar impago en las alícuotas, los residentes no pueden hacer uso del área social (piscina y canchas deportivas). Se inhabilitan las tarjetas de proximidad de vehículos (entrada y salida) y no hay entrega de mensajería en los domicilios.

En lo referente a la seguridad, asegura que todas las etapas del conjunto residencial cuentan con cámaras de seguridad y guardias privados. “Esos servicios se cancelan con el pago de las alícuotas. Por eso pedimos a los residentes que cancelen puntualmente sus obligaciones”, añade.

Pero este medio pudo constatar que de las cuatro cámaras que posee la etapa Esmeraldas, una estaba en mantenimiento (no había imagen), otra borrosa (la iban a revisar) y las otras dos sí funcionaban.

El delegado de la Defensoría del Pueblo en la provincia, Carlos Villacreses, reconoce haber recibido algunas denuncias de los ciudadanos de las urbanizaciones y ciudadelas privadas, pero precisa que esa instancia no tiene facultades específicas ni legales para intervenir. “Solo tratamos de mediar para solucionar los casos”, manifiesta.

El funcionario indica que las directivas de las urbanizaciones,  para tener vida jurídica, deben ser inscritas y aprobadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que vigila que las directivas cumplan el período para el que fueron electas y que las asambleas se realicen sin prórrogas. No obstante, el departamento jurídico del MIES aclara que no interviene en casos de quejas por cobros de alícuotas.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil, José García, afirma que el ente que debe dirimir en esos casos sería el Ministerio, pero al no ser propiedad horizontal las denuncias caen en una especie de limbo.

Quienes se sientan perjudicados, sugiere, pueden recurrir ante un juez de lo Civil, pues “se afectan las servidumbres (gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño) de paso y de uso de áreas comunes”. García expresa que, en última instancia, los afectados podrían solicitar una acción de protección.