Varias son las concepciones, miradas y dimensiones que existen sobre el espacio público, particularmente en relación a su uso y administración. En la legislación ecuatoriana, su regulación es competencia de los municipios, así como la expedición de ordenanzas donde se norma el ornato y la convivencia entre los ciudadanos y las ciudadanas.

En primer lugar, la noción de espacio público tiene una dimensión ética-cultural que engarza con los valores de la modernidad y defiende, en esta línea, tanto la noción de civilidad como la posibilidad de apropiarse de lo público, en nombre de los derechos culturales.

En segundo lugar, existe una estética del espacio público que lleva a algunos a pensar en el predominio de la “belleza” sobre la “fealdad”, a partir de códigos urbano-arquitectónicos, con una finalidad trascendente.

Por otra parte, existe una concepción normativa del espacio público que se ciñe exclusivamente al ámbito legal (Constitución, leyes, ordenanzas) y sitúa en un plano secundario a las demás perspectivas.

Finalmente, una visión política entiende que la problemática del espacio público debe enfocarse desde la noción de civilidad, pues es condición del ciudadano y la ciudadana desenvolverse en la polis, es decir, intervenir en la política comunitaria. 

Estas y otras posibles miradas y acercamientos al espacio público son pertinentes, únicamente cuando existe un empoderamiento del sujeto que ocupa el espacio y lo hace suyo. No podemos creer, por ejemplo, que la intervención artística en las paredes, postes, aceras y bordillos de la ciudad sea considerado un acto de vandalismo, como ocurrió con las plantillas de los “cerditos” y las paredes de colores del joven artista guayaquileño Daniel Adum, que fueron borradas y eliminadas por el supuesto desacato a una ordenanza.

Si nos ceñimos al punto de vista estrictamente jurídico y normativo, sin pensar en las múltiples realidades, culturas y sensibilidades urbanas que confluyen en la construcción del espacio público, no seremos capaces de entrever las otras dimensiones de lo público que están en juego.

Es necesario que las autoridades municipales del puerto entiendan que el espacio público es de todos y, en tal sentido, derogue ciertas ordenanzas anacrónicas que conciben el ornato como un tema relacionado a un repertorio de prohibiciones, en términos del “buen” o “mal” uso del espacio público.

En las ciudades globalizadas y densamente interconectadas del siglo XXI, resulta insólito pensar que existan modelos de gestión que aíslen espacialmente al ser humano. En Guayaquil, los parques del centro permanecen cerrados como hace 100 años, el Malecón es un espacio público administrado por una fundación privada y los artistas urbanos son estigmatizados y hasta perseguidos por los municipales.

En una ciudad donde el predominio hegemónico de un partido que lleva 20 años en el poder se convierte en un peso difícil de eludir, a la hora de proyectar un nuevo modelo de gestión municipal, es apremiante generar espacios de participación donde la palabra ciudadana sea vinculante, en temas relacionados con la cultura, los derechos ciudadanos y el desarrollo sostenible, con miras a alcanzar el buen vivir.  

En este sentido, llamamos la atención a la Municipalidad de Guayaquil por la tala de árboles en la avenida de las Américas, a propósito de la construcción del nuevo ramal de la Metrovía. Aunque nos digan que esos añejos y frondosos árboles serán reubicados, su reemplazo por una hilera de escuálidas palmeras que no dan sombra, sí constituye un atentado al ornato y al derecho de los guayaquileños y las guayaquileñas de vivir en un ambiente más saludable. 

Como vemos, el tema del espacio público tiene múltiples aristas que sobrepasan la condición urbana y nos llevan a reflexionar sobre las motivaciones que tienen los grupos de poder para imponer determinados modelos de gestión, en apariencia exitosos, pero con medidas inconsultas y expoliadoras que contrastan frente a las aspiraciones de la mayoría de la población que, más allá de la monumentalidad de una obra física, busca mejores condiciones de vida.