La Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado de prensa, reiteró su rechazo ante la insistencia por parte del Municipio de Guayaquil de instalar un busto del expresidente León Febres Cordero en las calles Sucre y Malecón Simón Bolívar, centro de la ciudad.

La institución recuerda al Municipio que la Comisión de la Verdad, conformada en 2007 para investigar graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ocurridos entre 1984 y 2008 , avanzó en el esclarecimiento de los hechos de su competencia, los cuales se encuentran en conocimiento de las autoridades del sistema de justicia.

Argumenta que la Comisión de la Verdad concluyó que durante el gobierno del exmandatario se cometieron delitos de lesa humanidad que involucran al 68% de las víctimas señaladas en el informe, es decir, 311 personas.

Entre las 164 recomendaciones realizadas por la Comisión de la Verdad en su informe final Sin Verdad no hay Justicia, el organismo instó al Gobierno central y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que desmantelen monumentos públicos y eliminen nombres de lugares públicos, incluyendo centros educativos, de personas responsables de violaciones de derechos humanos.

También señala que el Gobierno Nacional y los GAD deberán promover las reformas legales o medidas administrativas pertinentes.

Afirma que las víctimas de tortura, violencia sexual o privación ilegal de la libertad enfrentan graves secuelas en su salud, en su inserción social, laboral y familiar, producto de las graves violaciones en su contra, sufrimiento extensivo a los familiares de quienes fueron ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos forzadamente, "por lo que el Estado ecuatoriano ha comprometido sus esfuerzos para que estas personas logren superar dichas consecuencias", recalca el comunicado.

Manifiesta que el 13 de diciembre de 2013 se publicó la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, mediante la cual se crea el Programa Integral de Reparación a Víctimas por vía administrativa, a cargo de la Defensoría del Pueblo, el mismo que será un mecanismo efectivo que permita dignificar a las víctimas de estos graves delitos.

La Defensoría del Pueblo considera que el acatamiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión de la Verdad "es indispensable para la reparación integral de las víctimas de tales violaciones y para garantizar la no repetición de los hechos, aportando con ello a la democratización de la sociedad y al respeto de la dignidad humana, tal como lo establece nuestra Constitución".

Exhorta a toda autoridad pública, y en particular al Municipio de Guayaquil, sin perjuicio de iniciar las acciones legales, a "que en aras de relevar la memoria histórica de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y proyectar procesos de reconciliación nacional, se inhiban de colocar bustos, monumentos y/o realizar homenajes a cualquier persona que haya sido identificada por atentar y vulnerar Derechos Humanos", concluye.