La llegada de alrededor de un centenar de docentes, de diferentes partes de la ciudad, con pantalones cortos, playeras y zapatillas, a la urbanización privada Ciudad del Río (conocida como Ciudadela del Maestro), para celebrar una fiesta de integración de la Unión Nacional de Educadores (UNE), fue el detonante de una división entre los profesores residentes en ese conjunto habitacional y miembros de la entidad antes mencionada.

Con carteles en los que rezaban: “la piscina y el complejo son nuestros” y “esta  ciudadela es privada” los habitantes de Ciudad del Río 2, construida por el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) con aportes de profesores que viven allí, recibieron a los colegas simpatizantes del movimiento que arribaron para usar la piscina y las canchas del recinto, ubicado  en la avenida Terminal-Pascuales (en el norte).

Los moradores explicaron que impidieron que ingresaran los visitantes, el sábado, porque la UNE quería utilizar las instalaciones del recinto privado sin su consentimiento.  

El morador Pedro Vargas, quien estuvo en el grupo que limitó el ingreso de una larga fila de carros llenos de seguidores del gremio de profesores, acusó al FCME de violar la exclusividad que debe tener Ciudad del Río 2. “Están alquilando las instalaciones a quienes no viven aquí. Incluso, la administración vende membresías. Últimamente han ocurrido robos en las casas porque ingresan personas desconocidas”, dijo.

A pesar de la presencia de la Policía Nacional, en la puerta principal, se repitieron los enfrentamientos entre quienes se resistían a retirarse y los moradores.   

Cuando Luis Chancay, presidente provincial de la UNE, entró a la ciudadela para “explicar” el origen del problema, él recibió consignas de rechazo por parte de los residentes, quienes le recalcaron que la Unión Nacional de Educadores nada tenía que ver con el uso de las instalaciones. “Esto es financiado con nuestro dinero, todos pagamos más de $ 20.000 para poder vivir aquí”, explicó Washington Tapia, uno de los propietarios de las 700 villas que hay en el sector.     

En cambio, Carlos Barrera, uno de los moradores que pidió a Chancay que se retirara, le aclaró que allí pagan alícuotas mensuales de $ 35 por guardianía y mantenimiento.    

No obstante, el líder provincial de la UNE, quien se resistió a salir hasta el último momento,  pidió que impidieran la división entre los profesores, pues lo que   ocurría allí, la suspensión de una mañana deportiva, era un “boicot” del Gobierno y un acto orquestado por diario El Telégrafo.

“Compañeros lo que pasa es que aquí solo hay un interés... ¡Vean, un periodista (y un fotógrafo) de El Telégrafo, del Gobierno! Eso es lo que quieren hacer: dividir para hacerle el favor al Gobierno. ¡Qué pena compañeros! Yo no podía irme sin denunciar a los testaferros  que están atrás de este boicot”, indicó Chancay.

Sin embargo, los docentes manifestantes le refutaron que va a tener que denunciar a todos los maestros de la urbanización, pues ellos (los residentes) son los que están “atrás” del reclamo.

Pero Chancay volvió a insistir en que el equipo de El Telégrafo, el único que estuvo en la manifestación, era el responsable. “Eso les quería decir para que no se dejen engañar”.  

Los moradores volvieron a desmentirlo: “Pero nosotros los llamamos para que estén aquí y vean lo que está pasando en la ciudadela”, respondió el vecino Washington Tapia, mientras que otros habitantes, que lo escoltaron hasta la puerta, le gritaban: “Esto no tiene nada que ver con política”, “¡Que se vaya! ¡Que se vaya!”.

En la puerta Chancay, quien estaba con ropa deportiva, gritaba a sus colegas docentes: “Sí. Adiós. Me voy. ¡Y tú, te vas con el diablo!”. Más tarde, también fue sacado del lugar Juan Cervantes, ex titular de la UNE, quien se enfrentó verbalmente con los moradores, pero ellos le aclararon que tampoco vive en la ciudadela.

Actualmente, Ciudad del Río 2 y Ciudad del Río 1 (esta última está al frente), a pesar de que están divididas por la avenida Terminal Pascuales, tienen una sola directiva, por lo que Gabriel Rivera, otro de los manifestantes, anunció que solicitarán al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que actúe de inmediato con el fin de que ambas sean independientes y cuenten con sus propios representantes para solucionar problemas como los suscitados antier. “Queremos independizarnos y que haya otra directiva”.

Por su parte, Fred Kirst, administrador del complejo en disputa, hizo una distinción entre el manejo de ese espacio de recreación y el de la ciudadela.

Según él, la asociación de moradores es la que administra la ciudadela y el Fondo de Cesantía es el que se encarga del complejo. “El complejo es mantenido con recursos  del FCME”.

Otra queja de los habitantes de la ciudadela privada, ubicada en el nuevo polo de desarrollo del cantón, está vinculada a las inundaciones. En la precipitación del sábado el alcantarillado colapsó.