Manuel García, habitante de Mapasingue Este, implementó varios cambios en la entrada de su vivienda para evitar que se repitan las molestias del pasado 2 de marzo, cuando el agua ingresó a su vivienda por un aguacero.

El pequeño muro en su puerta, que antes evitaba que ingresara el agua, fue reemplazado por una escalinata doble, de cerca de un metro de altura.
“Puedo creer el cuento de la marea alta, pero eso de que el sistema de alcantarillado es eficiente, siempre he tenido mis dudas... por algo tenía ese muro”, comentó García.

En las tres primeras semanas de marzo, los moradores de varios sectores, la mayoría del norte, han criticado la labor del Municipio de Guayaquil y de Interagua por las anegaciones ocurridas en los barrios y ciudadelas.

Jaime Nebot, alcalde de la ciudad, ha defendido en reiteradas ocasiones laeficiencia del sistema de drenaje y que los problemas de las lluvias son por la marea alta y la basura que tapa los sumideros y canales.

“No hay infraestructura en el mundo que ante un escenario así no sufra un problema de anegación. Pasa en Nueva York, en París, en Buenos Aires”, sostuvo Nebot.

El pasado 27 de noviembre, Nebot anunció el inicio del proceso de terminación unilateral del contrato de concesión con Interagua, debido a una supuesta advertencia de dejar de invertir en obras públicas para la ciudad si no se permitía aumentar la tarifa (de $ 0,55 a $ 0,82) del metro cúbico de agua potable.
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) dio un plazo de 60 días a la concesionaria para que presente la documentación que respalde sus compromisos y obligaciones.

El plazo se cumplió el 28 de enero de este año y, desde entonces, la Emapag ha concedido tres prórrogas a Interagua: el 29 de enero, por siete días; el 15 de febrero, quince días, y el 15 de marzo, siete días.

La última venció a las 23:59 del viernes pasado y, hasta ayer no se había pronunciado la Emapag o Interagua.

El director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Público, César Cárdenas, organizó un foro hace días para determinar las nuevas acciones que se tomarán para solicitar al Cabildo que termine el contrato con Interagua.
“La temporada invernal, por eventual que sea, no hizo sino desnudar lo que hace varios años venimos denunciando: que Interagua no cumple con el óptimo estado de las redes de agua potable y alcantarillado”, aseguró.

El contrato de concesión, en la cláusula 11, exige a Interagua mantener un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros (personas o propiedades) en caso de pérdidas relacionadas con el servicio de la concesionaria.

Cárdenas aseguró que falta mayor decisión política por parte del Cabildo y que las familias que facturan a Interagua, afectadas por anegaciones, deben hacer las reclamaciones correspondientes.

Según la cláusula, la cobertura mínima del seguro es de 10 millones de dólares. “Se podría iniciar una labor seria en cuanto a atención al usuario, y de contención y prevención de inundaciones”, manifestó Cárdenas.

La Contraloría General del Estado, por su parte, inició el pasado febrero una evaluación de la ingeniería a la gestión, administración y control del contrato de concesión y al proceso de intervención a Interagua.

La acción, que concluirá en abril, examinará también la gestión de la Emapag en el control y regulación del concesionario en cuanto a la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y recolección, disposición de aguas servidas y aguas lluvias.