Censo del año 2010 se revalidará en Monte Sinaí

El área adjunta al hospital público de Monte Sinaí se convirtió ayer en el punto de encuentro de las 16 mil familias que buscan la legalización de sus terrenos en ese sector de la urbe.

Los residentes de las 35 cooperativas del noroeste de la ciudad acudieron a una convocatoria estatal, desarrollada en el amplio y polvoriento terreno, para conocer directamente de las autoridades los detalles de la reforma a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los posesionarios y moradores de predios de Guayaquil.

En ese marco, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, quien estuvo en una mesa conformada por asambleístas y concejales de PAIS y más autoridades estatales, adelantó que la legalización y la entrega de títulos las hará directamente el Gobierno Central a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), no el Municipio de Guayaquil.

Posteriormente, según la asambleísta, el Cabildo porteño tendrá la obligación de levantar el catastro, es decir, ejecutar la identificación de cada terreno con una ficha. “Para que después ustedes puedan estar seguros allí”.

Asimismo, Aguiñaga precisó que los moradores deberán cancelar un avalúo que se pagará de acuerdo a la capacidad económica de la gente. “También el pago será por medio del Miduvi. Se dará un plazo, en algunos casos, de hasta 15 años, que es lo que propone en la reforma”.

En esa misma línea, la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, que encabezó el encuentro, confirmó que se regulará a cooperativas como Voluntad de Dios y anunció que esas acciones irán acompañadas de servicios básicos como agua potable. “Ni una obra ha hecho el Municipio en Monte Sinaí. Esa es la partidocracia... Prefieren hacer piletas a obras de regeneración humana”.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda informó a los miles de asistentes que en Monte Sinaí se replicará el modelo de construcción de casas similar al de Ciudad Victoria. Los trabajos iniciales se efectuarán en las cooperativas Thalía 1 y 2, zonas donde hoy se entregarán los primeros certificados que avalan la legalidad de las edificaciones que están desde antes de diciembre de 2010.

Guillermo Chacón, funcionario del Miduvi, precisó que realizan un proyecto de lotes con servicios, el cual ha sido solicitado directamente por el Presidente de la República. “Estamos trabajando en el mecanismo para determinar las familias que pueden acceder al proyecto de lotes con servicios y los requisitos básicos que tienen que entregar”.

Chacón también adelantó que el Miduvi se encargará de los procesos de legalización, ordenamiento territorial de la zona, dotación de servicios e infraestructura. “La legalización empezará por Voluntad de Dios y luego se extenderá a todas las familias que estén debidamente calificadas y dentro del proceso de regulación de las tierras”.

Por su parte el asambleísta Octavio Villacreses proyectó que máximo en 90 días estará lista la reforma a la ley que avalará los asentamientos humanos que llegaron hasta el 28 de diciembre de 2010.

“El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ya lo entregó a la mesa de Gobiernos Autónomos Descentralizados (de la Asamblea Nacional). En 15 días estará el primer informe para el primer debate”.

De acuerdo con Aguiñaga, el compromiso es que la Comisión de Gobiernos Autónomos trabaje lo más rápido posible para que la ley esté lista en septiembre de este año.

Una de las preguntas que más se hacían los asistentes era: “qué pasará con las personas que no fueron consultadas en sus casas cuando se realizó el censo estatal en la zona en 2010”.

Al respecto, el Miduvi anunció que antes de terminar el proceso de reasentamientos se hará una verificación de lo que se ha censado. Por ello, en casos justificados se analizará la situación de esas casas.

La Gobernadora también confirmó que se revalidará el censo para las personas que no fueron consultadas. “Y se lo hará el fin de semana, para que no quede nadie sin ser censado”.

Asimismo, Bonilla explicó que algunas familias serán reorganizadas en las áreas donde están ubicadas, mientras que otras deberán ser reubicadas porque están en zonas de riesgo.