Cementerio paga por la falta de coordinación

Una visita del presidente de la República, Rafael Correa, al cementerio patrimonial de Guayaquil dejó al descubierto las grietas en el manejo, conservación y operatividad de este bien.

Neoliberalismo hasta en el cementerio

En una ciudad periódicamente azotada por grandes incendios que transformaban su fisonomía, el cementerio de Guayaquil es el único conjunto urbano que siempre ha estado en el mismo sitio desde que fuera fundado, por el Libertador Simón Bolívar, en 1823.

Situado en sus comienzos en los extramuros, el camposanto ha trascendido en la ciudad que avanzaba y hoy es  parte de su zona central. Permanece  casi oculto entre puentes a desnivel y peatonales, restando    espacio  para apreciar su belleza paisajística.          

Los cambios en el cementerio han sido más bien por el lado arquitectónico. Las nuevas corrientes económicas influyeron hasta en las construcciones mortuorias. Se podría decir que el fantasma del neoliberalismo en Guayaquil asustó hasta a los muertos. Enormes bloques con cientos de bóvedas, solventaron el problema de espacio y rentabilidad, dañando el entorno y opacando las singulares edificaciones funerarias. Esto motivó   que    en 2003,  el Ministerio de Educación y Cultura declarara al  cementerio  como patrimonio de la nación. 

La cartera  de Cultura, el 18 de abril de 2011 -en base a la investigación realizada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que identificó en este complejo urbano arquitectónico otros bienes  que, por sus valores históricos, arquitectónicos, estéticos, urbanos y simbólicos, debían constar en el inventario patrimonial del país- resolvió ampliar dicha declaratoria a la totalidad del Cementerio General de Guayaquil y  de los extranjeros.

Intervención presidencial provoca reacciones

Si bien la  ampliación de la declaratoria denota el interés de las instituciones  a cargo por la salvaguardia de este patrimonio, en cambio las acciones emprendidas para ponerlo en valor:  organización de las rutas turísticas (existen 4),  señalización de cada uno de los monumentos,  restauración de 10 mausoleos que fueron declarados en abandono, por la Junta de Beneficencia (entre ellos los de Víctor Emilio Estrada y Francisco Robles),  se quedan cortas a juzgar por la reacción del Mandatario en una visita realizada al cementerio el pasado 7 de mayo.         

Durante el recorrido el presidente Rafael Correa expresó su malestar porque si bien exigió la intervención hace  dos años hasta la fecha solo se han invertido 140 mil dólares en la restauración completa. Esta cantidad de dinero , consideró el Jefe de Estado, es ínfima  considerando que “casi todo está por hacerse”.

El hincapié presidencial provocó la  reacción de la cúpula del  INPC, con su directora ejecutiva a la cabeza, que se movilizó a Guayaquil, a principios de la semana anterior, para reunirse con los técnicos de la regional 5. La cita tuvo como objetivo  “identificar una propuesta  que realmente refleje un impacto positivo de la puesta en valor del bien”, según palabras de  la arquitecta Inés Pazmiño, directora del INPC, en una rueda de prensa realizada en Guayaquil, el viernes pasado, donde reconoció que es probable que el trabajo no se haya desarrollado de manera dinámica, pero  que ya  elaboran un proyecto que será consensuado con los técnicos de la Junta de Beneficencia, tanto de la puesta en valor de lo patrimonial como del espacio público,  para después determinar el recurso económico que se necesita y gestionar  ante los organismos financieros para la inmediata ejecución de las tareas.

La funcionaria aseguró que el plan para la puesta en valor del cementerio patrimonial estará listo en dos semanas más.

Pero las intenciones del INPC van  más allá, tienen en estudio un proyecto integral denominado “Eje integrador patrimonial de los cerros del Carmen y Santa Ana”, que engloba el barrio Las Peñas, la iglesia de Santo Domingo, la estación de bomberos, la cárcel municipal, el hospital Luis Vernaza, la morgue y  empata con el cementerio patrimonial.

Funcionarios de  la Junta de Beneficencia (administradora del cementerio desde 1888, por resolución del Cabildo porteño)  se negaron a dar declaraciones sobre este plan de intervención del camposanto sin la autorización del inspector del cementerio, Fernando Illingworth. Este diario realizó la  solicitud respectiva para poder conocer la posición de la entidad sobre el tema y dijeron “que nos comunicarían la respuesta”. Pero, hasta el  cierre de este reportaje, la mencionada respuesta de parte de los funcionarios no llegó.   

Un trípode que cojea

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se encarga del inventario y protección de los bienes patrimoniales en  Ecuador, en coordinación con los municipios de cada jurisdicción donde estos se encuentren localizados.

En el caso del cementerio patrimonial de Guayaquil   serían tres (INPC, Junta de Beneficencia y Municipio) los organismos involucrados en su  manejo y protección.  

Pero un documento, proporcionado por Paola Martínez, funcionaria del ex Ministerio Coordinador de Patrimonio, muestra que esta armonización  nunca se dio. En dicho texto se lee:  “se  presentaron algunas dificultades que han afectado  la concreción y aplicación (de la declaratoria),  al no haberse integrado en el proceso la Municipalidad de Guayaquil. Producto de aquello (continúa la nota) los borradores preparados para la expedición de la correspondiente ordenanza municipal  han servido como marco general para los actos realizados tanto por la Junta, en acuerdo con la Dirección Regional del INPC, pero sin la participación de la Municipalidad”.   

Al respecto, medios locales publicaron notas en las que se afirmaban que, a  cuatro meses de expedida la declaratoria, todavía el cementerio no contaba con un plan de preservación. Esto motivó la réplica del administrador de entonces que aclaró que la elaboración de la  ordenanza municipal de protección de bienes patrimoniales es un problema ajeno a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y que  la conformación de la respectiva comisión no depende solo de ellos.

En el mismo escrito del ex Ministerio Patrimonio se revela: “a partir de la declaratoria de  2011, el MCP  inició un acercamiento con el Cabildo  para expedir la ordenanza de seguridad y manejo del patrimonio declarado. Se entregaron  los expedientes y se efectuaron reuniones técnicas que se  paralizaron por tensiones políticas derivadas del monumento a León Febres Cordero”.

Hasta la fecha aún  no existe  ninguna ordenanza del Cabildo para la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural Cantonal.