Casos por riesgo de trabajo, sin solución en Inspectoría Laboral
Flavio Mena vive en Mapasingue y subsiste con una pensión mensual del Seguro Social. Su pensión total es de $ 240, pero recibe $ 150 debido a los descuentos por préstamos realizados.
Flavio Está ciego y le falta el dedo pulgar. Lo perdió en un accidente de trabajo cuando laboraba en la empresa Ecuatoriana de Construcciones.
Tuvo que retirarse en 1986 debido al accidente. “Estaba clavando una estaca para poner el tablero. Una vez hundida, le dije al que tenía el combo que esperara, puse la mano encima del palo para pararme y me pegó en el dedo. Se reventó. Enseguida me llevaron al hospital de Machala”, recordó Mena.
Flavio, que ha estado afiliado al Seguro en Guayaquil desde 1956, cuenta que tuvo que insistir durante 8 años para que la compañía le diera el dinero. “El seguro me jubiló por riesgos de trabajo, pero la empresa no aportaba.
Demandé a Verduga desde el primer instante en que me jubilaron, en el 87. El accidente ocurrió a fines del 86”, indicó.
Pasaron ocho años. Tiempo durante el que litigó contra la empresa para recibir una indemnización.
“Seguí insistiendo hasta que un día me informaron que ya le habían mandado mi dinero a Matemática Actuarial y ésta le mandó la carta a la compañía para que pagara en 24 horas, de lo contrario le incautaban los bienes.
Enseguida, en una hora estaba la plata”, explicó Mena. Dos millones de sucres le dio Pedro Verduga, el empleador a Flavio. El Seguro aportó con $ 2 millones.
Su caso guarda similitudes con seis de las denuncias registradas en la Inspectoría del Trabajo.
Las oficinas de esta dependencia, ubicadas en el número 708 de Malecón y Olmedo, guardan 22 casos de denuncias presentadas en el 2010.
Este Diario tuvo acceso a seis de esos documentos. En tres casos, el reclamo se produce por la muerte del trabajador mientras ejercía sus labores dentro de la empresa.
Los documentos firmados por la empresa y la demandante cuentan el litigio laboral de María Álava Mora.
Su conviviente Sixto Rivas, guardia de seguridad de la compañía Arlomont, falleció asesinado el 20 de febrero en su lugar de trabajo. La compañía acepta que murió en la dirección donde labora, en la fecha señalada, más no que fue asesinado. Su conviviente declara que lo mató un compañero de trabajo.
Arlomont canceló $ 1.020 por liquidación al fallecido. El papel de recibo por esta suma no se encuentra firmado por los deudos. La póliza de seguro no ha sido cobrada por Álava tampoco. La empresa aduce que ella no ha presentado los documentos requeridos para tal efecto, este leitmotiv se sucede en otro caso.
En los demás, las empresas aseguran en los documentos que su única obligación está en reconocer los gastos funerarios y la liquidación del empleado por el tiempo que laboró en la empresa.
En el caso de Stalin Enrique Pérez González, requiere ser afiliado al IESS por parte de su empleador. Stalin ha prestado sus servicios permanentemente como oficial de obras de construcción para Víctor Hugo Peñaherrera, contratista de obras privadas, desde febrero del 2009, sin que se haya suscrito contrato de trabajo.
Mixili Baquerizo, inspectora, constató que los trabajadores no usaban mascarillas, guantes, casco protector, ni lona que proteja ningún desecho de la obra, y los cables de electricidad no estaban forrados para evitar algún accidente. Las fotos del informe muestran las quemaduras en Stalin, sin embargo no ha recibido indemnización.
Peñaherrera pedía que Pérez entregara el certificado de asistencia médica otorgado por el doctor tratante del IESS.
