En el lapso de un año, según datos de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi), las invasiones de Monte Sinaí han sido removidas en un 70%.

Para completar el 30% restante en el cantón, la institución informó que tiene un plazo de dos meses. “A nivel nacional casi llegamos a las 1.000 hectáreas liberadas”, indicó Julio Quiñónez, titular de la entidad, creada en 2012.

En Monte Sinaí -manifestó- aún existen tres lugares en los que se ejecutarán los nuevos desalojos, con lo que concluirá una parte de la gestión del ente estatal y comenzarán otros tipos de controles, que apuntan más a la judicialización por tráfico de tierra.

Para Quiñónez, en el último desalojo en Las Marías, la actitud pacífica de la mayoría de los ciudadanos notificados y sus retiros voluntarios evidenciaron que la gente es más consciente del problema, pues se da cuenta de que la política de regularización no se  detendrá.   

En los operativos, de acuerdo con el organismo de control, detectaron que los asentamientos fueron  originados, principalmente, por personas que ya vivían en la ciudad. “Muy pocos provienen de otras provincias”.

Asimismo, hasta el momento, se mantiene activado un plan de contingencia para los casos especiales, es decir, personas con discapacidades, embarazadas y gente con enfermedades terminales.

A esos colectivos se les da un plazo mayor para que se vayan del lugar y, de ser necesario, se canalizan los trámites para acceder a ayudas estatales.

Hasta el momento, hay 21 personas con discapacidad, retiradas de Monte Sinaí, que se acogieron al plan. A ellas se suman, con el mismo fin, cinco ciudadanos  con enfermedades catastróficas y una embarazada.

En ese mismo sentido, solo dos comenzaron  a realizar el trámite para acceder a una vivienda de forma legal.

Actualmente, las personas que tienen dudas sobre la legalidad del terreno pueden realizar las consultas en la Stpahi.