Una unidad de la troncal Metrobastión recorría la av. 9 de Octubre, a las 19:05 del miércoles pasado, al tope de su capacidad y con una de las puertas semiabiertas.

Uno de los pasajeros se agarró fuerte del borde de la puerta, pero no pudo evitar que esta se abra un poco, en el momento en que el vehículo giraba desde la calle Tungurahua hacia 1° de Mayo.

Los pasajeros fueron impulsados hacia el lado opuesto. Luis Guzmán, estudiante universitario, comentó que hasta hace unos días, a nadie le importaba arrimarse “pero desde que murió esa joven (el 9 de junio pasado), ya están asustados”.

Estas situaciones serán vigiladas por un grupo de 14 personas que fueron acreditadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El mecanismo de control está amparado en el artículo 100 de la Constitución que cita:  “en todos los niveles de Gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de Gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos”.

El grupo de veeduría está compuesto por representantes de colectivos de mujeres, personas con discapacidad, LGBTI, afroecuatorianos y observatorios de la ciudad.
Durante un periodo de 4 meses, los acreditados levantarán datos para emitir un informe de las observaciones ciudadanas, explicó Raquel González, titular del Cpccs.

La entidad se encargará de dar el apoyo técnico que fuere necesario para garantizar la labor de los 14 ciudadanos que se ofrecieron voluntariamente. “Hacemos un llamado para que se conformen este y otros mecanismos de control social en los servicios públicos”.

Crean cuentas en las redes

Walter Gómez, representante de los LGBTI, anunció la apertura de cuentas en Facebook (Veeduría Metrovía) y Twitter (@veeduriametrovi), para que los ciudadanos compartan sus denuncias.

Para Gómez, el uso de las redes sociales permitirá conocer e investigar las fallas que se detecten en estaciones, rutas y unidades de la Metrovía.

Durante la acreditación de los veedores, la familia de Lady Freire, la joven que murió atropellada por un articulado, también presentó observaciones a través de su representante legal Juan Vizueta.

El jurisconsulto criticó que fueran los mismos transportistas de Metroquil quienes solicitaran el retiro de rampas de las unidades, “las que protegían las puertas y pudieron evitar una fatalidad humana”.

Por su parte, la Fundación Metrovía anunció, mediante comunicado, que se había alcanzado un acuerdo con la familia Freire Sornoza para resarcir económicamente el perjuicio ocasionado.

No se revelaron los detalles del monto. Sin embargo, Vizueta no se mostró conforme porque “lo único que se ha hecho es hacer efectivo el pago del seguro de accidentes, pero falta que se señalen a los responsables del hecho”.

También criticó que el alcalde Jaime Nebot justifique el exceso de pasajeros en el concepto de transporte masivo.
Pese al acuerdo, la familia Freire Sornoza seguirá adelante con los procesos legales iniciados en contra del chofer del articulado y la Fundación Metrovía.

En días pasados, la cabeza de un menor de edad quedó aprisionada por las puertas de una unidad, cuando el pequeño se desplazaba frente al Mall del Sur en compañía de su progenitor.

El menor no sufrió lesiones graves gracias a que su padre y testigos del hecho, lo ayudaron a liberarse de las compuertas. (I)