Edelmo Loor, con casi 9 años habitando en la cooperativa Las Marías, en Monte Sinaí, se unió a las 06:00 de ayer a otros de sus vecinos en una protesta que se desarrolló en la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil.

Loor está preocupado por una notificación que ha llegado a las familias sobre una reubicación de los inmuebles asentados cerca de la obra de un ducto de agua potable que instala el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).

Las propiedades son utilizadas como locales comerciales donde se ofrecen alimentos, abarrotes, y servicio de Internet.

Según Loor, no tienen garantías de que las autoridades reconozcan los costos que representaría el traslado de los negocios. “Nos han dado 8 días de plazo para salir de aquí”.

El descontento derivó en una protesta en la que también se quemaron llantas a la altura de una intersección próxima al nuevo hospital que se construye en el sector.

Aproximadamente un centenar de personas, quienes se identificaron como habitantes de Las Marías y de Thalía Toral, participaron en la medida de hecho. Miembros de la Policía Nacional acudieron al sitio para retirar las llantas que estaban obstruyendo el flujo vehicular.

Los moradores consultados afirmaron que serían 30 las familias reubicadas, lo cual fue desmentido por la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares (Stpahi).

Se informó que solo 11 familias han sido notificadas del riesgo que representa la existencia de inmuebles cerca del ducto que se instala en la Av. Casuarina, pero se descartó efectuar un desalojo.

En los rellenos y remoción de tierra que se realiza desde hace 4 meses, habría propiedades que quedarían en niveles más bajos y podrían afectarse en temporada invernal, aseguró Jorge Estrella, titular de la Stpahi.

Por otra parte, se habrían registrado nuevas construcciones irregulares desde enero de este año.

Estrella mostró un mapa de los trabajos ejecutados y señaló los puntos donde se pretende reubicar a las familias “que de un momento a otro fueron ocupados ilegalmente”.

Para el funcionario, la protesta fue organizada con afanes políticos y el fin de desinformar a la comunidad. En esto estarían involucrados presuntos traficantes de tierra.
Aunque la intención es reconocer los valores de las propiedades que deberán trasladarse, Estrella admitió que no existe la figura legal para implementar la medida.

Explicó que ninguno de los inmuebles involucrados está legalizado y, por tanto, los dueños no podrían acceder a fondos públicos “pero estamos buscando la manera de evitar un perjuicio a las familias del sector”.

Para que el Municipio pueda regularizar los terrenos hace falta que concluyan los trabajos urbanísticos desarrollados por el Miduvi.

Hasta la fecha, la Stpahi ha entregado 9.700 certificados de georreferenciación a igual número de familias en Monte Sinaí. El documento certifica que se habita el sector desde antes de 2010 y garantiza  una futura legalización. (I)