La Ley de Ordenamiento fija 4 principios para transformar la tierra rural en urbana

La Ordenanza del Concejo Municipal de Guayaquil que transformó un área de suelo rural de Chongón en nuevo perímetro urbano del cantón es objeto de análisis y fiscalización. Así lo señalan expertos y, sobre todo, campesinos que se sienten afectados por las “trabas” del Cabildo porteño. 1.903,7745 hectáreas no se adjudicarán a 380 familias  campesinas del Guayas debido a que el Municipio colocó esos terrenos dentro del nuevo límite urbano.

El presidente de la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI) de Guayas, Martín Ávila, lamenta que el Cabildo haya convertido esas tierras baldías en urbanas “porque son de ciertos funcionarios del mismo Cabildo”.

De las 67 organizaciones de agricultores que la componen, 62 aún no tienen tierras y esa es la principal preocupación de Ávila. El 15 de agosto próximo realizarán un plantón en los exteriores del Cabildo. “Hemos tenido muchas trabas en este proceso de distribución de tierras al sector campesino. El proyecto ha sido amenazado y han querido detenerlo”.

¿Hay especulación de suelo?

Expertos en urbanismo consultados -que pidieron no ser citados- explicaron que la ordenanza aprobada en 2011 y publicada en la Gaceta N° 28 del 10 de enero del siguiente año, que determinó al “nuevo perímetro urbano”, tendría que ser estudiada.

Consideran que el caso sienta un mal precedente para la ciudad al definir arbitrariamente zonas urbanas y rurales sin tomar en cuenta una lógica de planificación. Al existir arbitrariedad se legitima la especulación de suelo. Y es que cuando dichos terrenos eran rurales tenían un valor bajo, pero ahora, con un proceso administrativo, habrían multiplicado su precio.

Ese fenómeno justamente ocurre. EL TELÉGRAFO accedió a los avalúos catastrales de los terrenos urbanizados en Chongón y comprobó que, por ejemplo, 2 predios que suman 86 hectáreas hasta mayo de 2015 valían $ 374.071, pero casi un año después (en abril pasado), el Municipio los revaloró en $ 2’600.373; es decir, 6 veces más que su costo anterior. En 1992 (7 años antes del feriado bancario), costaban 3’919.225 sucres.

Los predios colindan con el sector donde la Autoridad Aeroportuaria construirá, entre 2019 y 2024, el nuevo aeropuerto Intercontinental (Chongón-Daular). El año pasado la prensa reportó incrementos de la plusvalía de la zona.

Para el sociólogo urbano Gaitán Villavicencio, este fenómeno es “típico”, aunque no debería ser normal dentro de la construcción de un megaproyecto. “El momento en que se lanza la idea  ya se empieza a encarecer (el precio de la tierra). No se diga cuando inicia la construcción”.

El legislador y exconcejal de Guayaquil, Octavio Villacreses, manifestó que aunque existe un marco jurídico que controle este tipo de casos, el modus operandi de los gobiernos locales y centrales para beneficiarse de proyectos inmobiliarios viene desde la dictadura. “Son mafias que trabajan dentro de la burocracia y fuera de ella para apropiarse de tierras y bienes inmuebles. A pesar de que exista una ley que regule, es la sociedad la que tiene que legitimarla”.

Nueva ley aprobada lo regula

Con 50 a 100 salarios básicos unificados se sancionará a un gobierno local que transforme el suelo rural en urbano sin tomar en cuenta especificaciones del artículo 19, numeral 3, de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, actualmente vigente.

La normativa regula el uso de suelo, determina una sanción de carácter “muy grave” si al habilitar el suelo rural para su uso urbano no se toman en cuenta 4 factores: aproximación a la zona urbana y a una red vial estatal, regional o provincial; la existencia de una planificación, y si el suelo tiene o no alto valor productivo.

Las hectáreas ubicadas en Chongón no colindarían con el suelo urbano. La ley determina que la expansión se realice “en función de las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico” de la urbe y se ajuste a la viabilidad de la dotación de servicios, así como a políticas nacionales de protección del suelo rural.

Además prohíbe la definición como suelo urbano o rural de expansión cuando es “identificado como de alto valor agroproductivo por parte de la autoridad agraria nacional”, salvo que la misma lo permita. En la zona de Chongón 1.033,8332 hectáreas del Estado serán adjudicadas a 160 familias de campesinos (I)   

Campesinos que recibirán tierras  este año, "dispuestos a trabajar"   

“Estamos dispuestos y nos comprometemos a trabajar inmediatamente cuando nos entreguen las tierras porque entendemos que el país está pasando un momento de crisis económica”, dijo José Quevedo, titular de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos María Leonor.

Este año, 1.033,8332 hectáreas (ha.) que fueron reconocidas como patrimonio del Estado serán entregadas a 3 organizaciones de campesinos y 2 comunas para que las vuelvan productivas.

El proyecto ‘Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano’ (ATLM) del Ministerio de Agricultura -según su página web- “está dirigido a la transformación de la tenencia de la tierra en el campo, para implementar un nuevo modelo de producción agrícola que garantice la soberanía y seguridad alimentaria y el Buen Vivir”.

María Leonor, con 30 socios, es una de las 3 asociaciones favorecidas por la iniciativa. Por ello Quevedo se siente feliz al haber conseguido “algo para su gente”, luego de una lucha de 6 años. Serán beneficiarios de 126,7605 ha. de un total de 504,9323 ha.

De ese lote también se repartirán hectáreas a la comuna San Lorenzo del Mate y a la Asociación de Producción Agropecuaria Lucharemos por la Tierra (Asoproluti).

El representante de esta última, Roberto Sánchez, dice que a pesar de haber recibido sus terrenos no decaerán en la lucha para que sus compañeros de otras organizaciones también obtengan su terreno. “Recuerdo que el presidente (Rafael Correa) nos dijo una vez que el tiempo había cambiado y ahora los pobres sí vamos a poder alcanzar el sueño de adquirir tierras y tener un país mejor”.

Por otro lado, está la Asociación Monte de Dios, con 90 socios, y la Comuna San José de Amén, las cuales recibieron, cada una, 250,3337 ha. y 278,5672 ha., de un total de 528,9009 ha., propiedad del Estado.

El presidente de Monte de Dios, Orlando Encalada, cuenta que anteriormente tenían que alquilar terrenos para sembrar sus productos. “Así hemos caminado pero ya no vamos a preocuparnos por pagar alquiler, sino que vamos a trabajar en nuestro propios terrenos”. (I)