Vinicio L. salió ayer serio, cabizbajo y pensativo del edificio de la Unidad de Garantías Penales, Contravenciones y Menores Infractores. Su pedido de revocatoria de prisión preventiva fue rechazado y permanecerá en la Cárcel 4 de Quito hasta que termine la instrucción fiscal.    

La audiencia de revisión de medidas se realizó en el juzgado 18 de Garantías Penales, ante la jueza Ana Lucía Cevallos, quien no consintió el cambio de prisión preventiva por medidas sustitutivas al considerar que las investigaciones del caso no terminan aún.

Para la decisión se tomó en cuenta la exposición de Diana Salazar, fiscal de la Unidad de Antilavado de Activos, quien argumentó que existen elementos que no permiten reemplazar las medidas, pues la defensa presentó un peritaje que no fue practicado dentro del proceso judicial y que la Fiscalía no aceptó por evidenciar inconsistencias.  

Tras la decisión de la jueza, escoltado por un efectivo del Grupo Especial Alpha (GEA), unidad élite de guías penitenciarios, Vinicio L. abandonó la sala y posteriormente el edificio. Al encontrarse con las cámaras, micrófonos y grabadoras de los periodistas que lo esperaban tras la resolución de la magistrada, el indagado fijó su mirada en el furgón blanco que lo trasladaría de vuelta a la prisión.  

Minutos después Juan Carlos Machuca, abogado de Vinicio L. y Luis Ch. -presidente suspendido de la FEF-, detalló que para solicitar la revocatoria de prisión preventiva la defensa presentó un peritaje privado, realizado por un perito calificado por el Consejo de la Judicatura. El pedido no prosperó.  

“La jueza decidió que se espere el peritaje contable que está haciendo la Fiscalía”, señaló. La instrucción fiscal culminará el 4 de marzo próximo, pudiéndose alargar por 30 días más si es que existen nuevas vinculaciones.  

Según Machuca, el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no refleja todos los movimientos contables de los implicados. “Hay ciertas omisiones que nosotros hemos alegado, dentro de esas omisiones están las de 2 años (2010 y 2015) que incrementan los montos porque deben constar ingresos y gastos; ese análisis no tiene los egresos”, especificó.         

En la audiencia también se abordó el pedido de Luis Ch. de desbloquear una cuenta personal que tiene en el Banco Pichincha, mediante la cual recibe los depósitos de su pensión jubilar. Esta solicitud tampoco procedió, pero la fiscal Salazar solicitó que la pensión le sea entregada en forma personal.   

Con esta resolución, la cuenta seguirá congelada, pero los cheques con los recursos del retiro laboral llegarán directamente al imputado a partir de este mes. De acuerdo a la declaración libre y voluntaria de Luis Ch. el 4 de diciembre, en la Unidad de Flagrancias de Pichincha, se jubiló como empleado de la camaronera Servitrón S.A. en 2013, percibiendo una pensión algo superior a $ 1.300 mensuales.   

El directivo de la Ecuafútbol es el accionista mayoritario de dicha empresa (es dueño del 99% de las acciones) desde marzo de 1998, la cual adquirió con préstamo al Banco del Pacífico que ya está cancelado. Como funcionario de Servitrón S.A., Luis Ch. se afilió al Seguro Social para hacer los aportes.

“Aunque no dispuso el levantamiento de la cuenta, la jueza permitió que los cheques se emitan directamente porque, como persona de la tercera edad, es un derecho protegido por la Constitución”, citó.  

En torno al tercer investigado de la FEF, Francisco A., quien ejercía como secretario, ayer no se conoció ningún trámite relacionado al cambio de medidas cautelares. Desde el último 4 de diciembre, él y Luis Ch., por ser personas de la tercera edad, cumplen arresto domiciliario.

Los 3 funcionarios de la FEF son procesados por supuesto lavado de activos. Conforme a la Fiscalía General del Estado, las investigaciones comenzaron el 5 de junio de 2015.

Una de las acciones del fiscal general, Galo Chiriboga, fue pedir información a la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, sobre los supuestos actos de corrupción ocurridos en la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), relacionada con la FEF.

Cuatro meses después, la fiscal Lynch contestó que no podía atender el requerimiento, ya que de hacerlo se interferiría con el desarrollo de las investigaciones encaminadas desde su país.

El 4 de diciembre Galo Chiriboga puntualizó que las averiguaciones a los 3 implicados de la Ecuafútbol se derivan de manejos irregulares suscitados en Ecuador. Y ante el posible requerimiento de su extradición a Estados Unidos, el fiscal recordó que Ecuador no permite la extradición de sus ciudadanos. “Pero el Estado asume la obligación de juzgarlos y sentenciarlos en el país”, dijo.

En el avance de las indagaciones, la Fiscalía nacional prevé contar con el testimonio del uruguayo Eugenio Figueredo, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Su aporte se uniría al proceso que se les sigue a Luis Ch., Vinicio L. y Francisco A.  

Figueredo es investigado en su país por presunciones de lavado de activos y fraude, inherentes a sus operaciones como titular de la matriz del balompié regional. Ecuador ha solicitado a la justicia uruguaya su colaboración para contar con la declaración del exdirectivo.  

La audiencia para receptar su testimonio está programada para el 29 de este mes y se hará vía videoconferencia. El llamado a participar de Figueredo nació de unas declaraciones en las que habló sobre vinculaciones de directivos ecuatorianos.

Pese a que la recepción del testimonio de Figueredo está pactada, Machuca expresó que todo depende de que el ‘rioplatense’ acepte. “Esa versión está pedida por la autoridad, esperemos que se dé. Depende de si aceptó, es potestad de él”.

Agregó que sus defendidos son inocentes; recordó que las principales fuentes del lavado de activos son el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de personas y la prostitución. “Aquí no se adecúa esa conducta atípica, antijurídica del artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal”. (I)