La Fiscalía General del Estado citó a Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que rinda su versión por el supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente.

Villacís deberá acudir a las dependencias de la Fiscalía en Guayaquil el próximo 5 de marzo. El 24 de enero, el juez constitucional Jean Daniel Valverde decidió que el contrato entre la FEF y GolTV quedaba suspendido y que se tenía que realizar un nuevo concurso para la venta de los derechos de televisión.

La decisión judicial exigía que el concurso y la firma de un nuevo contrato tuviera que realizarse hasta el pasado 8 de febrero. La FEF -que apeló la decisión- realizó el proceso, pero lo declaró desierto ante la falta de participantes. Minutos antes de esa declaración, sin embargo, Fernando Ferro, gerente de DirecTV, denunció que el sobre que contenía su propuesta no fue recibido por la FEF porque supuestamente no estaba bien sellado.

El concurso al que llamó la FEF -según el documento que colgó en su sitio web- era para la adjudicación de los derechos de TV del próximo período, es decir de 2027 en adelante, luego de que terminara el que firmó con la empresa GolTV, de propiedad del empresario uruguayo Francisco ‘Paco’ Casal.

El 6 de febrero, el juez Valverde ratifica que su decisión no fue acatada por la FEF y envió una notificación a la Fiscalía para que inicie las acciones pertinentes.

“No se encuentra vigente el contrato de cesión de los derechos audiovisuales de producción y de transmisión celebrado el 26 de enero de 2017, por parte de la FEF (con GolTV) y cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2027, como lo indica el numeral 14.1 de dicho documento”.

Además, Valverde exhortó a los abogados de la FEF a que “eviten argucias” y recordó que su decisión no podía ser objeto de interpretación por parte de quienes tenían que cumplir por obligación.

En su escrito, recuerda la autoridad, quien no cumpla con una decisión judicial podría sufrir una sanción que va de uno a tres años de privación de libertad.

Según el artículo 282 del Código Integral Penal: “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Abdalá Bucaram Pulley, dirigente político que interpuso la demanda en contra de la FEF, advirtió el 6 de febrero que pedirá una sanción para el presidente de la FEF, Carlos Villacís, y su abogado Jorge Chang, ya que evidentemente incumplieron la decisión del juez constitucional.

“Villacís tendrá que ir preso y Jorge Chang deberá perder su licencia. Esto en abogacía es un delito; se creen superiores a la ley”.

Bucaram deberá acudir a la Fiscalía este viernes para dar su versión como denunciante. El presidente de la empresa DirecTV, Fernando Ferro, también fue citado, pero para el 1 de marzo.

Por su parte, Villacís -que deberá acudir a la Fiscalía el  5 de marzo- se mantiene en que la FEF es un ente de carácter privado y como tal puede entablar relaciones comerciales con las personas y empresas que considere pertinente. Además, dijo que el organismo no se quedará con ningún porcentaje de los dineros que de este contrato       -con GolTV- ingresen al fútbol ecuatoriano.

“Todo el dinero es para los clubes, que son los dueños de los derechos”. (I)

Vinculan a ‘Paco’ Casal en el caso de Díaz Gilligan
Valentín Díaz Gilligan, exsubsecretario general de la Presidencia de Argentina, dimitió a su cargo por no declarar una cuenta de más de $ 1 millón que tenía en un banco de Andorra.

La cuenta estaba a nombre de la sociedad Line Action, una empresa de Gran Bretaña dedicada a la intermediación de jugadores, de la que Díaz Gilligan fue representante y accionista.

En distintas entrevistas, según publica Infobae, el exfuncionario había dicho que el dinero que estaba en la cuenta era del empresario Francisco ‘Paco’ Casal, dueño de la empresa GolTV.

Díaz Gilligan no ha ampliado hasta el momento su declaración sobre el origen de esos dineros, ni las razones de tenerlos en una cuenta fuera de Argentina.

Del lado de Casal tampoco se han dado explicaciones.

El empresario uruguayo estuvo la semana pasada en Guayaquil para tratar el contrato que firmó con la Ecuafútbol, por los derechos de TV del torneo.

Desde la semana pasada, la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina corroboró que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del escándalo (en Andorra) desatado por una publicación del diario El País de España. (I)