La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este lunes 22 de junio de 2020, los recursos presentados por los exdirigentes futbolísticos sudamericanos Juan Ángel Napout y José María Marín, confirmando las penas de cárcel que habían recibido por el caso conocido como "Fifagate”. Según el texto, la decisión de no aceptar los recursos fue secundada por los tres magistrados del tribunal.

"Los recurrentes sostienen principalmente que sus condenas por conspiración para cometer fraude se basaron en aplicaciones extraterritoriales inadmisibles del estatuto de fraude electrónico", explicó el juez Robert D. Sack. "Transferencias desde Estados Unidos proporcionaron el o los medios de pago de esos sobornos", agregó Sack, lo que valida la pertinencia del juicio realizado en EE.UU.

El paraguayo Napout, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), había sido condenado en 2018 a 9 años de cárcel en Estados Unidos por corrupción y continuará de esta forma en prisión. Marín, antiguo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), había sido condenado a cuatro años, pero fue liberado por razones humanitarias en marzo de este año. La decisión fue adoptada para evitar que contrajera el coronavirus en prisión, atendiendo su avanzada edad (88 años), tras haber cumplido la mayor parte de su castigo.

Numerosos cargos

Ambos dirigentes fueron detenidos en el marco de la histórica operación contra la corrupción en el mundo del fútbol iniciada en 2015 y que se conoce popularmente como "Fifagate”. Napout fue declarado culpable y condenado por conspirar para cometer crimen organizado y por fraude electrónico, después de que la Justicia estadounidense le acusara de haberse embolsado al menos 3,3 millones de dólares en sobornos pagados por empresas para hacerse con emisiones de torneos internacionales, como la Copa América y la Copa Libertadores.

Marín, que al igual que Napout se declaró no culpable y evitó pactar con la Fiscalía como sí hicieron otros involucrados, recibió una sentencia de cuatro años de cárcel e importantes sanciones económicas por seis cargos de conspiración para cometer crimen organizado y blanqueo de dinero, así como de fraude electrónico. (I)