“¡El concejal Manuel Bohórquez cumple, es un hombre honesto del pueblo, que trabaja para el pueblo!”; “Manuelito se merece la reelección por las parroquias rurales. ¡Dale tu voto!”, gritaban personas vestidas con camisa roja y pantalón azul ubicadas en una esquina del parque central de Pifo, en el nororiente de Quito.

Las consignas se perdían con la música de los parlantes, megáfonos y bandas que acompañaban a los carros alegóricos que, el 26 de enero pasado, desfilaban por las calles aledañas al parque por las fiestas patronales de la parroquia.

Los desfiles y comparsas, sin embargo, parecían no interesar a decenas de hombres y mujeres pobres, de apariencia campesina, que se ponían en fila en esa esquina para recibir del concejal y candidato a la reelección Manuel Bohórquez Tapia un calendario con su foto y el logo de la lista 3 (Partido Sociedad Patriótica), así como un pollito para criar.

Varias personas tomaban el “regalo” del candidato y se marchaban agradeciendo su “generosidad”, sin conocer que Bohórquez afronta investigaciones por supuestos actos de corrupción que caerían en el ámbito penal, civil y administrativo, lo cual pondría en riesgo su cargo y candidatura a la reelección.

Las denuncias -por su gravedad- reposan en los juzgados y la Fiscalía de Pichincha, así como en la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción Quito Honesto por los presuntos delitos de acoso sexual, despojar del 50% al 70% del sueldo a empleados del Municipio, falsedad ideológica al ostentar un título de Ingeniero Civil, afectar a estudiantes de un centro educativo y arrendar aulas como departamentos a familias de escasos recursos económicos que ahora viven en condiciones inhumanas. Además, en su contra pesan procesos judiciales por cheques sin fondos e insolvencia (ver facsímil). Bohórquez (49 años) está casado y tiene cuatro hijas. Nació en Pifo pero estudió en Quito y, según él, obtuvo el título de Ingeniero Civil en la Universidad Central del Ecuador, profesión que ostenta en su curul municipal y en documentos oficiales. Sin embargo, en la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt) no consta su nombre.

En un reportaje que le dedicó en 2009 diario El Comercio, se destaca que desde el colegio se vinculó al expresidente y líder vitalicio de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, a cuyo proyecto político se unió en 2000. Sin embargo, después de hacer campaña por el PSP se cambió de agrupación política tras un desacuerdo que lo llevó a vincularse al Prian. Allí, como no fue candidato a nada, decidió volver al PSP para postularse a concejal, con cuya venia se incorporó al Concejo Metropolitano de Quito en 2009.

“Desde ese entonces él (Bohórquez) no hablaba mucho. Decía poco, pero hacía mucho. Yo lo conocí con esa personalidad de introvertido. Pero cumplidor”. Así lo describió Gutiérrez para El Comercio.

“En 16 meses me quitó $ 25.000 de mi sueldo”
“Bohórquez nos reunió en su oficina a varios empleados para decirnos que debíamos entregar una cierta cantidad de nuestros sueldos porque ganábamos más de lo que habíamos acordado”, contó un exasesor del concejal, quien pidió no ser citado. Y de hecho, los exempleados no quieren ser identificados porque tienen miedo.

Muchos de ellos empezaron a trabajar con el concejal en una escuela de su propiedad llamada San Sebastián que hasta 2011 funcionó en Pifo. Allí Bohórquez era rector. “A los (empleados) de confianza siempre les pedía la mitad de su sueldo y a mí, que soy funcionaria municipal de carrera, me pidió la mitad de mis horas extras, pero me negué, entonces dejó de firmar mis reportes de horas extras”, relató otra excolaboradora de su despacho.

La práctica era la misma: fidelidad, lealtad y confidencialidad, las tres cualidades que exigía a sus colaboradores para “ganarse su confianza” bajo el argumento de un supuesto “acuerdo político” -como él lo llamaba- en el que fijaba sus salarios: $ 350 para quienes en realidad el rol de pagos decía $ 600 y $ 450 para los “asesores” enrolados por $ 2.400 mensuales.

Otro de los extrabajadores indicó que el “ingeniero” le enseñó una regla de tres para descontar el aporte al Seguro Social, de manera que él pueda recibir el dinero que le correspondía. El exempleado habría sido el encargado de retirar cada mes el porcentaje del sueldo de cada empleado reservado para el concejal y luego depositar el dinero en una cuenta bancaria del edil. Pero una consulta de la Contraloría sobre el origen de esos ingresos, sin justificación aparente, le habría obligado a cerrar sus cuentas y a exigir el “pago” en efectivo o a cuentas de terceros.

Además les retiró los comprobantes de depósito para que no haya registros. “Solo me hacía señas y yo sabía que tenía que ir a sacar el dinero... En todo ese tiempo obtuvo más o menos $ 25.000 solo de mi sueldo y horas extras de 16 meses”, recordó indignado el hombre.

Sobre esta serie de denuncias EL TELÉGRAFO intentó consultarlo en innumerables ocasiones, visitándolo en su despacho y vía telefónica, hasta que fue abordado durante el meeting electoral que organizó en Pifo, aprovechando la asistencia masiva de los lugareños por las fiestas de parroquialización (ver subnota).

Superando el temor, Nubia Legña, una guayaquileña de 20 años que laboró cuatro meses en el despacho del concejal, decidió denunciarlo ante la Fiscalía por acoso sexual y porque “le quitaba” el 50% de su sueldo.

Esto motivó a los demás afectados a contar los abusos. La mayoría laboró de domingo a domingo entre las actividades municipales y la campaña por la reelección. Todo por el mismo sueldo y sin el pago de horas extras.

RENUNCIÓ POR ‘ERROR’ Y LUEGO SE RETRACTÓ

‘Manuelito’ Bohórquez -como se presenta en la campaña- preside actualmente la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Municipio de Quito, es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Parroquial e integra la mesa de Espacio Público.

En el plan de trabajo que el concejal entregó al Consejo Nacional Electoral en busca de la reelección, expresa: “El presente plan está dirigido a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, y de manera especial a ti, ciudadano, que como yo vivimos en las 33 parroquias rurales de mi ciudad, esta es mi propuesta de trabajo, que voy a seguir desarrollando como hasta aquí lo he hecho de una manera ardua y tesonera, como un parroquiano más, que por decisión de ustedes ha tenido el orgullo y la difícil tarea de representarlos desde el Concejo Metropolitano”.

El “carisma” que refleja en el impreso no es el mismo cuando el candidato se acerca a los votantes. Su círculo es cerrado y el personal de seguridad no lo deja solo.

Desde que EL TELÉGRAFO conoció estas denuncias Bohórquez ha rehuido hablar del tema, pese a que se lo buscó insistentemente para cumplir con lo que manda la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación.

El 17 de enero pasado, vía telefónica, se le explicó las denuncias que pesan en su contra y se solicitó una cita, pero dijo que las entrevistas estaban suspendidas hasta la próxima semana.

El 20 de enero fue contactado nuevamente vía telefónica y, tras insistir en el tema, acordó reunirse con este diario el jueves 23, a las 10:00, con la condición de llamarlo una hora antes para recordarle la cita. Desde entonces el concejal no responde a su celular ni llegó al encuentro.

El mismo día un periodista lo visitó en su despacho en el segundo piso del Municipio capitalino, pero el personal informó que dejó de recibir llamadas y tampoco acudió a la oficina, a pesar de tener asuntos urgentes por atender. Al día siguiente, uno de sus asistentes informó que el concejal tampocó acudió al despacho y que la tarde previa los llamó a un parque aledaño para sumillar unos documentos urgentes.

Finalmente el concejal fue contactado en Pifo, en donde, en un breve diálogo, señaló que su abogado le recomendó no hablar, aunque apuntilló: “Todo esto es un asunto político que busca afectar mi reelección”. Aseguró que tiene los nombres de las personas que estarían detrás de esto, aunque no los reveló. Minimizó las denuncias diciendo que solo hay una por acoso sexual en la Fiscalía y al ser consultado sobre la investigación que lleva adelante Quito Honesto donde al menos cinco personas testificaron que les “quitaba” la mayor parte de sus sueldos, Bohórquez lo negó. No obstante, el lunes pasado “por equivocación” presentó su renuncia a la concejalía, pero luego se retractó y pidió licencia para la campaña.

LEA MAÑANA

Dos jóvenes que laboraron en el Cabildo como asistentes del concejal denuncian supuesto acoso sexual.