La decisión del Gobierno ecuatoriano de pedir la salida de la embajadora de los Estados Unidos reivindica su actitud soberana y marca un precedente que ningún país puede desconocer: en los asuntos internos, por más complicados, difíciles, graves y extremos, sólo mandan sus habitantes y autoridades. Ya no estamos en el pasado donde las cosas se arreglaban con una llamada telefónica.

Más allá de los lamentos de algunos por quedar bien con Washington, por las consabidas venias que han ejercitado toda la vida, la respuesta ecuatoriana a la insinuación de que el presidente Rafael Correa sabía de la supuesta corrupción en la Policía y en la gestión de su ex comandante general Jaime Hurtado, debe llamar la atención de que no estamos para rumores, acusaciones sin fundamento y menos aún para perfilar una denuncia que linda con la injuria.

Cuando la embajadora afirma, según los documentos revelados por WikiLeaks, que a Correa le favorecía un comandante manipulable, ¿qué quiso comunicar a sus superiores? ¿Pretendía con eso dejar abierta una sospecha para una posible investigación, ya no a un general de Policía, sino al Primer Mandatario de la República del Ecuador?

Si algún signo del cambio de época debe reconocer la oposición interna, el presidente Barak Obama y la comunidad internacional es que en Ecuador ahora hay soberanía plena y por encima de los intereses comerciales y económicos hay un pueblo con dignidad y un gobierno con legitimidad para ejercerla en su nombre y sin que a nadie le tiemble la mano.

Nuestra Constitución, la del Buen Vivir, es nuestra suprema Ley y a ella obedecemos y nos debemos. Que los Estados Unidos pongan un nuevo embajador y sepan que los diplomáticos tienen sus límites y responsabilidades concretas. El respeto se gana con respeto.