El Gobierno Nacional presentó el pasado 30 de septiembre el nuevo Código Orgánico de la Policía Nacional, un cuerpo legal que, se espera, sea el trampolín para que la institución llegue a niveles de excelencia y, sobre todo, de eficacia en su meta primordial que es la seguridad ciudadana.

Los datos de primera mano   permiten entender que  la meta es llevarla hacia los  estándares que tienen otros sectores del servicio público. Para alcanzarlos,  las autoridades están conscientes de que la unión entre los gendarmes y el ciudadano de a pie es vital para lograr una verdadera seguridad comunitaria.

El  ministro del Interior, José Serrano, informó el domingo pasado que,   hasta julio de 2012, se construirán  407 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), que son verdaderos minicuarteles en donde los uniformados colaboran diariamente con los moradores de determinadas zonas urbanas  para vigilar el perímetro. El secretario de Estado anunció, además, que para el servicio de prevención -uno de los pasos más efectivos y necesarios para frenar a la delincuencia- se integrarán cerca de 25.000 policías en los próximos meses, quienes estarán capacitados para interactuar con las brigadas y comités barriales para optimizar la respuesta en caso de emergencia.

Este anuncio realizado por el funcionario es el más claro ejemplo de los objetivos trazados por el Ejecutivo en el Código Orgánico enviado a la Asamblea, justo el día en que se cumplió un año del intento de golpe de Estado.

Desde su llegada a Carondelet, el Presidente de la República ha sostenido que la Policía Nacional debe desembarazarse de una concepción militar que permanece arraigada en gran parte de la tropa, para  mutar hacia una actividad de servicio comunitario.
Solamente el trabajo armónico de los uniformados y civiles permitirá que  el bienestar de nuestra sociedad sea una realidad a corto plazo, y que la convivencia pacífica allane el camino hacia la equidad y la justicia, cuya vigencia es irreversible.