Uno de los principios fundamentales en la economía es que los subsidios son asignaciones de dinero temporales, que sirven para generar un apoyo económico que compense recursos a una persona y o a un grupo poblacional que dejó de recibirlos por diversas razones. Alguna vez se señaló que los subsidios no se pueden catalogar como buenos o malos, sino como ventajosos o perjudiciales según cómo cumplan los objetivos con los cuales fueron creados.

Convencionalmente, los subsidios estatales se limitaban a los sectores básicos de la economía que tenían que ver con la garantía de la salud, educación, alimentación y otras necesidades elementales de la gente. Sin embargo, hoy en día, los subsidios se han convertido en ayudas de las cuales se benefician hasta a las personas más ricas de la población, creándole al Estado un fallo de mercado (y un gasto innecesario de dinero) difícil de corregir.

Ecuador invierte 3.827 millones de dólares en subsidios de combustibles (diésel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo -GLP-). El presidente Rafael Correa manifestó que el sector privado es el que más se beneficia con el actual sistema de subsidios, en especial los ricos que tienen un vehículo todo terreno de ocho cilindros. Señaló que “hay cálculos que para el que tiene un vehículo de este tipo el subsidio de la gasolina es de 1.000 dólares por año y para el ciudadano pobre que no tiene carro el beneficio indirecto es de 60 dólares por año”.

Asimismo, en cuanto al subsidio al gas de uso doméstico, que le cuesta anualmente al Estado 700 millones de dólares, se identificó que tanto las familias pobres, como las de ingresos altos, se ven beneficiados por igual. Así, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch), el precio del tanque de 15 kilogramos de gas doméstico cuesta oficialmente en Ecuador 1,60 dólares. Sin embargo, en Colombia el costo del mismo tanque es de 25,87, mientras que en Perú llega a 19,68.

Evidentemente, existe una mala focalización (y una excesiva asignación) de subsidios en la economía ecuatoriana, por lo cual, resulta urgente un replanteamiento de este mecanismo de política pública que es necesario, pero que no debe ser permanente.