La rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto implican coordinación entre actores públicos y privados para mejorar a corto plazo las condiciones económicas de los hogares y las empresas. Pedro Páez (foto), principal de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), explica las acciones implementadas para alcanzar ese objetivo.

En lo relativo al control de los precios y del abastecimiento de los productos, ¿cómo interviene la Superintendencia?

Desde el primer día del desastre, la SCPM trabaja ‘in situ’ con las autoridades de otras instituciones. De hecho, la Mesa de Seguridad nombró a Rubén León, intendente zonal, como encargado de habilitar el abastecimiento con las cadenas de supermercados, farmacias y boticas populares.

El pasado lunes 18 se conformó la mesa de coordinación con esas empresas para evitar la especulación con los precios y el desabastecimiento de productos. También se realizaron inspecciones, incluso allanamientos que han permitido revertir situaciones inescrupulosas creadas por quienes buscaban aprovechar el dolor ajeno para acaparar los productos.

Estas intervenciones fueron posibles porque, durante estos años, hemos trabajado en la conformación de una cultura ciudadana de control al poder de mercado cuya expresión organizada, a nivel nacional, son 5.000 comités y 77 observatorios ciudadanos que involucran a las universidades, los colegios profesionales y organizaciones populares. Los observatorios preparan a capacitadores para crear un efecto multiplicador de vigilancia en el territorio.

De manera más específica, ¿qué hace la SCPM en coordinación con esos comités y observatorios?

Para efectos operativos, la SCPM dividió el país en tres áreas. El ‘área uno’ comprende las zonas críticas donde se registraron los impactos más fuertes y sucedieron las acciones de rescate. Allí, la Mesa de Seguridad dispuso cómo organizar el trabajo de las brigadas.

En el ‘área dos’, donde no hay acciones de rescate pero sí desabastecimiento total o parcial de servicios básicos y problemas de  comunicación, trabajamos para generar información directa y fluida sobre la recepción de la ayuda.

Así detectamos los problemas más graves de abastecimiento. Esta tarea es importante dado que existen muchas localidades dispersas especialmente hacia las cuales es más difícil llegar. A estas zonas se han dirigido miembros de la SCPM con una instrucción específica: generar capacidades para sostener la solidaridad en las próximas semanas. Las intendencias de Guayas, Manabí y Esmeraldas están, precisamente, trabajando en ese sentido.

Por último, en el ‘área tres’, que comprende al resto del país, se controlan los precios y las donaciones. Se busca así evitar algo que, aunque mencionarlo sea desagradable y lamentable, existe: la ‘viveza criolla’.  Trabajamos para evitar que el espíritu solidario de la ciudadanía sea tergiversado o aprovechado.

¿Tienen algún mecanismo para canalizar esa vocación ciudadana?

Estamos realizando operativos en las cadenas de supermercados para asegurar que las donaciones ciudadanas lleguen a las personas y lugares esperados. A tal efecto, se creó un mecanismo de control que utiliza una ‘hoja de ruta’.

Cuando un ciudadano adquiere productos en esas cadenas para donarlos a los damnificados, aquel puede reclamar en el sitio de compra un talonario en el cual se especifica que realizó una compra voluntaria.

Por esa compra, a su vez, el supermercado debe otorgarle un descuento que será verificado por la Superintendencia. El monto y las características de la donación deben subirse en la página web de la empresa y esa información es replicada en la SCPM. Con esa hoja de ruta, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) efectúa una constatación ulterior para corroborar que la contribución efectuada por el ciudadano llegó a su destino. (I)