El Gobierno Nacional no dará marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios a la gasolina extra, ecopaís y diésel, una de las medidas económicas con mayor impacto político y económico.

Las autoridades ya preveían el rechazo, sobre todo del sector transportista que se manifestó este jueves 3 de octubre de 2019 y paralizó su actividad desde primeras horas de la mañana.

Cerca de las 13:30 el presidente Lenín Moreno aseguró que las medidas están en firme. “No existe posibilidad de cambiar, principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando daño al país”.

En seguida, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que no se analiza ninguna revisión ni modificación del Decreto Ejecutivo 883 en el que se dispone la liberación del precio de los combustibles.

Y con el fin de restituir el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, el Gobierno declaró el estado es excepción a nivel nacional durante 60 días.

De este modo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas resguardarán las calles, carreteras y lugares públicos de todo el país.
El Jefe de Estado se trasladó a Guayaquil, en donde predominaron los actos violentos durante el día.

Desde allí indicó que los focos de violencia en todo el país fueron controlados. “El motivo de mi presencia, de los ministros y las Fuerzas Armadas es evitar que aquellos que saquearon el país lo sigan saqueando desde otras instancias. No lo vamos a permitir”.

Asimismo, el Primer Mandatario señaló que se agotó el mecanismo de diálogo con el gremio del transporte. “Lamentablemente hay escasa seriedad, lo que nos hace presumir que la intención no es esa, sino la de desestabilizar el gobierno democráticamente constituido”.

El propósito de la declaratoria es preservar y proteger las actividades sociales, económicas y productivas, dijo Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa.

Se busca preservar áreas estratégicas, como las de distribución, exportación, importación, distribución de combustibles y todas aquellas actividades que son consideradas vitales para la vida, el funcionamiento y el desarrollo económico del país.

Romo explicó que el estado de excepción no es para restringir la movilidad de los ciudadanos, sino para autorizar el empleo coordinado de la fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el caso que sea necesario para despejar las vías e incluso entrar a la requisición de camiones, buses u otro tipo de artefactos que obstruyan las calles.

La funcionaria enfatizó que el proyecto de reformas que enviará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional busca disminuir el gasto público, generar fuentes de empleo y reactivar el sector productivo.

“No se sube ningún impuesto, algunos impuestos se disminuyen, el único impuesto que se crea es a las empresas que facturan más de $ 10 millones al año. Se facilita la contratación de nuevos empleados y se simplifica el régimen tributario”, comentó Romo.

Agregó que los ciudadanos quieren trabajar. “El país está cansado de estas formas tan dañinas y violentas de expresar las diferencias”. En efecto, este sentimiento se manifestó en algunas empresas que tuvieron que modificar sus rutinas a causa de la paralización.

Mónica Vera, asistente de gerencia de una empresa florícola, explicó que dentro de las plantaciones redujeron las horas laborales a causa de la falta de transporte. “Hay que considerar que llegar a los hogares no será fácil y que los niños no fueron a la escuela, por lo que es necesario que arriben antes a sus domicilios”.

Manifestó que, de mantenerse la medida, podrían perder un promedio de $ 8.000 al día, porque si los camiones cargados no llegan a los aeropuertos a tiempo, al tratarse de un producto perecedero, las pérdidas serían del 100%.

Además, dijo que los trabajadores incluso pierden la oportunidad de ganar horas extras en esta temporada alta de ventas. Otras empresas aplicaron la modalidad de teletrabajo para no detener todas sus actividades.

Andrés Ramos, quien lidera una empresa de aprendizaje en línea, indicó -sin embargo- que hay tareas pendientes que requieren la presencia en las oficinas. “Las protestas y cierres de calles no pueden justificar un retraso en las fechas acordadas con los clientes, y si no entregas a tiempo, sin importar la razón, tu empresa queda mal”.

Además, la dinámica familiar también se afectó. Gustavo Alcívar, orientador familiar, debió reorganizar su agenda por la dificultad para movilizarse, pero también por la suspensión de clases. Acudió a reuniones con sus dos niñas pequeñas porque no tiene con quién dejarlas.

Empresarios respaldan medidas

Los principales gremios empresariales apoyan las medidas económicas anunciadas por el Gobierno. Entre ellos se encuentran; Cámara de Industrias de Guayaquil, Federación de Cámaras Binacionales de Ecuador, Cámara de Turismo de Azuay, Asociación de Industriales de Bebidas no Alcohólicas de Ecuador, Federación de Exportadores de Ecuador, entre otros.  

“Paralizar significa improductividad”, apuntó Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El dirigente es partícipe del diálogo para defender las ideas en lugar de manifestarse en las calles.

A su criterio, eliminar el subsidio a la gasolina extra y al diésel es un acierto porque le permite al Estado ahorrar $ 1.500 millones. Agregó que con ello se reducirá el contrabando de combustibles subsidiados que se iban por las fronteras.

Héctor Delgado, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ecuador, tampoco apoya las paralizaciones. “No es la forma en que el país sale adelante”.

A su criterio, los subsidios beneficiaban a las clases más altas, pues, a pesar de tener la capacidad adquisitiva, no pagaban el precio real. “Lo que debería el Gobierno es incentivar el reemplazo de buses y taxis a vehículos eléctricos con créditos de banca pública”.  

El representante de los jóvenes empresarios también considera que la contraparte del Gobierno debería ser la recuperación del dinero de la corrupción y un mayor recorte del tamaño del Estado.

El sector productivo adicionalmente resalta otras medidas positivas, como la derogación el anticipo al Impuesto a la Renta, nuevas modalidades de contrato, reducción de tributos, que incluye el Impuesto a la Salida de Divisas.

La variación en la inflación será moderada, según análisis

Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los subsidios energéticos en el país argumenta que “en general, los subsidios energéticos benefician más a los hogares ricos que a los pobres”.

La Corporación para el Desarrollo (Cordes) es partícipe de esa conclusión. “Del monto total que el Estado ha venido destinando a mantener ficticiamente bajos esos precios, una buena parte ha favorecido a sectores no pobres de la población (clase media e incluso alta)”, cita su último análisis de las medidas económicas.

Eso es particularmente notorio, según Cordes, en el caso de la gasolina, que se utiliza principalmente en vehículos livianos de uso particular.

En el caso del diésel, el subsidio sí genera un mayor beneficio a sectores populares, que pagan tarifas reducidas en el transporte público.

Para equilibrar los posibles impactos sobre los sectores más vulnerables, el Gobierno incrementará $ 15 las transferencias monetarias o bonos, así como el número de beneficiarios.  

Sobre una posible subida abrupta de los precios debido al alza del costo de transporte, Cordes estima que debería ser “moderada”. Esto se debe a que la inflación anual en los últimos años ha girado en torno al  0% y al consumo de los hogares que también ha crecido lentamente.  

El retiro de subsidio a combustibles demuestra valentía, liderazgo y responsabilidad, por parte del presidente Moreno, opinó el analista Andrés Albuja Batallas.

Comentó que se sigue el ejemplo de países que se han disciplinado y han erradicado esta subvención, como Colombia. (I)