El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó su boletín mensual sobre la ‘Evolución del volumen de crédito y depósitos del sistema financiero nacional’. En aquella publicación, cuyos datos tienen como corte el mes de marzo, se puede apreciar la distribución y composición de los créditos en Manabí y Esmeraldas.

Las provincias afectadas recibieron poco crédito  

En el país, el mes pasado, se registraron 538.782 operaciones de crédito por un total de $ 2.031 millones. De este monto, el 4,1% correspondió a la provincia de Manabí y el 0,8% a Esmeraldas.

Para visualizar los eventuales impactos financieros directos del terremoto del sábado 16 de abril, sin embargo, se puede contabilizar solo el crédito concedido a los agentes económicos ubicados en los cantones Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Manta, Portoviejo, San Vicente, Rocafuerte, Sucre y Tosagua, en Manabí; y en el cantón Muisne, en Esmeraldas.

Efectuando esta acotación se observa que, en el mes anterior, el crédito ascendió a $ 72 millones en los cantones afectados de Manabí y a $ 261 mil en el cantón Muisne.

El consumo es el uso predominante de los préstamos

Según la metodología empleada por el BCE, el destino de las operaciones crediticias aparece registrado bajo la categoría ‘segmentos de crédito’.

En el segmento ‘productivo’ están incluidos aquellos créditos otorgados a quienes registren ventas anuales iguales o superiores a $ 100.000 y que lo utilizarán en actividades productivas. También, se incluyen las operaciones de tarjetas de crédito corporativas, los créditos entre instituciones financieras y las operaciones a favor de profesionales en libre ejercicio.

En el segmento ‘consumo’, en cambio, se registran los créditos para la adquisición de bienes de consumo (pago de servicios) que serán honrados con el ingreso neto mensual promedio del deudor.

En el segmento ‘microcrédito’, se contabiliza el crédito no superior a $ 20 mil concedido a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferior a $ 100 mil; a un trabajador por cuenta propia o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. Estos créditos financian actividades en pequeña escala de producción, comercialización o servicios que se pagan con los ingresos generados por esas actividades.

Utilizando estas convenciones, en la información del BCE correspondiente al mes pasado, se puede observar que en los cantones más afectados de Manabí el 37,4% del crédito estuvo dirigido a consumo corporativo, el 24,6% a consumo prioritario, el 18,2% a microcrédito, el 5,7% a usos productivos en pymes, empresas y corporaciones; el 5,7% a consumo de pymes y el 4,1% a consumo empresarial.

En los mismos cantones el crédito concedido para inmuebles y viviendas llegó a 1,6% del total otorgado en marzo y el crédito educativo  representó el 0,1% del total, es decir, $ 51.509.

Las entidades y cooperativas privadas reorganizarán pagos

El viernes 22 de abril, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) informó que los bancos privados resolvieron diferir el cobro de las cuotas de los créditos de vivienda, consumo, microcréditos y tarjetas de crédito pertenecientes a personas naturales registradas en Manabí y en el sur de Esmeraldas. Tal decisión se aplicará en las cuotas de abril, mayo y junio, las cuales serán cobradas sin recargo al final del período originalmente pactado.

“En los próximos meses ofreceremos soluciones de reestructuración de deudas vencidas y por vencer que se ajusten a las necesidades particulares de empresarios, emprendedores, microempresarios y ciudadanos de las zonas afectadas. Se analizará caso por caso la nueva realidad económica de los clientes que mantienen operaciones de crédito, y se les dará la ayuda eficiente y necesaria que les permita regresar al camino del desarrollo con dignidad y trabajo”, añadió la ABPE.

Por su parte, en respuesta al impacto causado por el terremoto en las actividades económicas de Esmeraldas y Manabí, el Comité Técnico del Sector Financiero Popular y Solidario (CTSFPS) indicó que las cooperativas de ahorro y crédito propondrán reprogramación de la deuda a sus socios residentes en las zonas afectadas.

“Nuestros valores y principios cooperativos que privilegian a los seres humanos por encima del capital nos permiten afrontar este momento difícil que vive Ecuador al haber soportado el peor desastre natural de los últimos 70 años”, indicó Juan Pablo Guerra, vocero técnico del CTSFPS. (I)

DATOS

En Muisne, con respecto al total de créditos que se otorgó en el cantón, las entidades financieras con mayor participación son Diners (47,4%), el Banco Nacional de Fomento (36,8%), el BEDE (7,1%), Interdin (6,6%) y el Banco Pichincha (1,5%).

249 operaciones crediticias fueron realizadas por agentes económicos localizados en Muisne el pasado marzo. De aquellas, 235 estaban relacionadas con consumo prioritario y 13 con microcrédito.

$ 115.560 en créditos fueron otorgados por la banca pública en Muisne. Las instituciones privadas concedieron créditos por $ 145.354.

Apenas el 1,6% de los créditos otorgados en la provincia de Esmeraldas, tanto de las instituciones financieras públicas como de las entidades privadas, tuvieron como beneficiarios a solicitantes de Muisne.

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El exalcalde propone la disminución de 5% en el gasto corriente

Barrera plantea una cuenta diferenciada para dinero dedicado a reconstrucción

Una propuesta de 7 puntos planteó el exalcalde de Quito y experto en Urbanismo, Augusto Barrera, para  reconstruir las zonas afectadas y canalizar de mejor forma los recursos que se destinen para este fin.

Barrera considera que ante el temor sobre el destino de los recursos que se recauden se debería constituir un fondo específico, diferenciado del resto del presupuesto.

Debería ser una cuenta que no se unifique con la cuenta única del tesoro nacional, que la ciudadanía pueda ver con precision cómo se operan los ingresos y gastos específicos.

Para él, eso garantiza la transparencia, resuelve los temores de que los recursos vayan a otro tipo de cosas, permite que la ciudadanía, en línea, conozca la ejecución de las obras.

Barrera aclara que los recursos que provienen de donaciones merecen otro tratamiento y allí cabe la idea de un fideicomiso. Pero el dinero proveniente de las leyes para la emergencia, en cambio, son fondos públicos. Estos recursos tienen que ser manejados por autoridades públicas en sus niveles de responsabilidad y en función de sus competencias.

Otro punto que plantea es la disminución obligatoria de al menos el 5% del gasto corriente en el Estado (Gobierno Nacional, gobiernos autónomos y demás funciones del Estado).

Sostiene que todo el mundo debe hacer un esfuerzo y ajustar sus cuentas. De allí que hay instancias públicas que hacen propaganda en un marco de campaña no solo en niveles del Ejecutivo, sino también de gobiernos locales.

“Si asumimos una actitud solidaria podemos hacer un esfuerzo de ajustar el 5% el gasto corriente, eliminar la publicidad y para que no sea demagógico que sea en ese porcentaje”, indica.

Otros puntos que plantea es un acuerdo nacional para la reconstrucción, ya que el esfuerzo tomará años y deberá convocar a las fuerzas sociales y políticas. Para ello se deberá conformar un comité nacional para la reconstrucción con autoridades locales de las zonas afectadas.

También plantea medidas específicas de reactivación económica en la zona y que se desarrollen fases de emergencia y rescate, restitución de servicios, reconstrucción, promover, estimular, respetar y diversificar la solidaridad de los ciudadanos y consolidar una respuesta institucional a la emergencia que respete los roles, las instituciones internacionales, nacionales, locales y el rol de la ciudadanía. (I)