El miércoles pasado, el ministro Coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, dijo que se efectuará una valoración responsable del precio de los activos públicos que podrían ser vendidos para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. A ese efecto, se utilizará el apoyo técnico de ‘expertos con nivel internacional’ que estarán encargados de fijar precios justos.

Entre los bienes públicos considerados para la venta se encuentran: el Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), la aerolínea TAME y los canales incautados TC y GamaTV.

Rivera enfatizó que solo en caso de que los inversionistas privados ofrezcan un precio justo de los activos públicos se podría llegar a un acuerdo económico que contribuya a solucionar la coyuntura que enfrenta el país. “Si el precio que nos ofrecen es absurdo, no vamos a aceptar”, puntualizó.

La discusión parlamentaria está apoyada por estudios técnicos

Con respecto al debate sobre el proyecto de ‘Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto’, el ministro Coordinador de Política Económica dijo que su cartera facilita  los análisis técnicos necesarios para garantizar que el pleno de la Asamblea Nacional tome las decisiones adecuadas.

En lo relativo al aumento de los dos puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Rivera señaló que ese incremento no incide en el 90% de los productos de la canasta básica. Agregó que cualquier eventual afectación al sector popular no tiene las proporciones que los sectores de oposición mantienen. Como ejemplo, el ministro señaló que si una persona tiene ingresos de $ 360, solo contribuiría con $ 0,72 adicional.

Para Rivera, aquello que sería más preocupante es la reacción de las 4.088 personas residentes en Ecuador que tienen un patrimonio superior a $ 1 millón y que son reticentes a contribuir por una sola ocasión con el 0,9% del valor de su patrimonio. A su criterio, los ciudadanos deben apoyar, en la medida de sus posibilidades, en el financiamiento de la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Por otra parte, el ministro Coordinador felicitó la iniciativa del pleno de la Asamblea relacionada con el incremento del 1,8% de los impuestos a los patrimonios que se encuentran en los paraísos fiscales.

Sobre los incentivos para aumentar la inversión privada en Manabí y Esmeraldas, Rivera indicó que, en los próximos dos años, se plantea dejar de cobrar los valores correspondientes al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), el Impuesto a la Renta, los intereses y multas.

También se discute la posibilidad de no cobrar el Impuesto a la Renta a las empresas que hagan inversiones nuevas. Tampoco pagarían ese impuesto las entidades del sistema financiero nacional que concedan préstamos en las zonas afectadas. De esa manera, se incentivará a las personas que pongan sus recursos en las zonas afectadas para lograr una recuperación lo antes posible.

“La idea es que, a través del Banco del Estado, el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, inyectaremos más de $ 220 millones en crédito. También evaluamos formas de ayudar al sistema cooperativo para que inyecte recursos”, explicó Rivera.

La Cámara de Agricultura cuestiona impuesto al patrimonio

Si bien la imposición de un mayor tributo a los patrimonios fue postulada por el ministro Rivera como una medida necesaria, la Cámara de Agricultura de la Zona I indicó que el incremento del 0,9% al impuesto al patrimonio perjudicará las actividades agrícolas.

Según su argumentación, aquello sucedería porque la propuesta de ley incluiría la tierra, la cual no es un patrimonio líquido, sino un factor de producción. Por tanto, sostuvo la Cámara, el tributo restringiría el progreso del sector ya que implica hacer un retiro adicional de liquidez en momentos difíciles.

Señaló que en 2008, cuando se planteó el impuesto a las tierras rurales, ya se evidenció el impacto negativo que tendría en la liquidez de los productores. Por esta razón, se excluyó el pago del anticipo al Impuesto a la Renta que correspondía al valor de la tierra.

Otros factores que estarían afectando económicamente a los productores son ciertas modificaciones sobre el pago de la patente municipal. Según la Cámara de Agricultura de la Zona I, en muchos municipios del país el valor catastral está actualmente por encima, incluso, del valor comercial de los predios. (I)