La informalidad, la falta de aplicación de las normas de construcción y la urgente necesidad de una adecuada planificación urbana son, entre otros, los aspectos que se analizan en el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo.

Luego del terremoto del pasado 16 de abril, que devastó zonas urbanas de Manabí y parte de Esmeraldas, y que también dejó secuelas en otras provincias como Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional socializan el documento que fue aprobado el año pasado en primer debate por la Asamblea.

La semana pasada el documento fue discutido por representantes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). “Es urgente tener una planificación urbana adecuada y que se apliquen normas de construcción, de ubicación de zonas seguras para tener ciudades que garanticen un ambiente sano, con espacios para la recreación, zonas verdes”, dijo el presidente de la comisión, Richard Calderón.

Recalcó que en el país existe una alta informalidad en las construcciones, que no siguen ninguna norma y son un riesgo para las personas que las habitan. El proyecto plantea la creación de un Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que emite los parámetros mínimos en construcciones, así como una Superintendencia que controle y sancione.

Sostuvo que una de las competencias de los municipios es el control de uso y gestión de suelo, entre ellas está la edificabilidad, y para ello debe verificar el cumplimiento de los planos antes y después de la construcción. “Sin embargo, vemos que en la práctica, a pesar de que las normas en este ámbito están publicadas, no se las cumple, es por eso que también los municipios tienen que rendir cuentas, al igual que el Gobierno Central, cuando se cree la nueva institucionalidad”.

Para José Morales, funcionario del Miduvi, quien participó en los debates de la comisión, ahora más que nunca es importante una ley que permita una gestión más fuerte a los municipios.

Explicó que el 79% de los cantones tiene un crecimiento fuera del límite urbano y que es el momento en que una ley como esta es más importante que nunca, porque fortalece a los GAD, pues en una catástrofe natural, como la ocurrida el 16 de abril, se demostró ineficiencias en la gestión de los municipios.

De allí que consideró necesario el proyecto, porque hay un desordenado crecimiento, asentamientos informales, falta de planificación en el ordenamiento territorial, segregación del espacio poblacional, ausencia de políticas de ordenamiento territorial, déficit de espacios públicos, entre otras razones.

Durante un foro realizado el pasado jueves en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, profesionales de esta rama analizaron las secuelas del terremoto y recogieron las experiencias que dejó este fenómeno.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enrique Pita, recalcó que en el país existen las normas ecuatorianas de construcciones y el respeto es obligatorio, lamentablemente hay situaciones que determinaron que los edificios colapsen.

Enumeró 2 aspectos: Que no siempre quienes construyen tienen la experiencia y el conocimiento suficiente para que los planos estructurales sean respetados, además que se acostumbra mucho que los propietarios de los inmuebles recurran a maestros de obra.

A esto se suma que no existe la supervisión de los municipios, que son directamente responsables para hacer el seguimiento durante la construcción, para constatar que se han respetado los parámetros contemplados en los diseños.

Admitió que las normas están vigentes desde 2015 y que antes de eso había unos códigos muy laxos, no tan rígidos o no contemplaban los parámetros y los análisis técnicos de la norma NEC.

Respecto del proyecto de ley, consideró que sería un error crear una organización superior dependiente del poder central, para que establezca órdenes que tienen que estar dentro de las autonomías de los GAD. “Los municipios tienen la capacidad suficiente, tal vez no la economía, para velar por el cumplimiento de las normas de construcción”.

José María Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, consideró que la finalidad fundamental es que no exista más informalidad en el país, sobre todo en el campo de la construcción. “Esa es la meta que queremos lograr con la participación directa de  quienes hemos tenido la oportunidad de prepararnos y estamos en la obligación de revertir a la sociedad nuestros conocimientos”.

Para él, es corresponsabilidad de todos, de los profesionales, el dueño del inmueble y de la autoridad competente, que se cumplan las normas. Si no se las aplica, habrá entonces las consecuencias como las que se vivieron el 16 de abril.

La norma establece el tipo del suelo, si es vulnerable o no, donde se asentaría cualquier edificación; luego viene el asunto del diseño sismorresistente. La norma es clara, si no se cumple, es responsabilidad  de los constructores, culminó. (I)

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Establece 4 contribuciones

Comisión aprobó informe sobre Ley Solidaria

La Comisión de Régimen Económico aprobó el sábado el informe para primer debate del proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, que busca recaudar contribuciones solidarias para viabilizar la reconstrucción de las zonas afectadas y la reactivación productiva.

El informe establece que se crearán 4 tipos de contribuciones: Sobre remuneraciones, patrimonio, utilidades y sobre bienes inmuebles en Ecuador, de propiedades de personas jurídicas constituidas en paraísos fiscales o jurisdicciones del exterior.

Según el proyecto, las personas con una remuneración mensual de $ 1.000 a $2.000 aportarán un día de sueldo; y progresivamente aumentará el aporte con más días de sueldo, así como el número de meses. Esta contribución deberá ser pagada también por los administradores y representantes legales de las personas jurídicas. La tarifa mensual es de 3,3%

Están exoneradas la provincia de Manabí, el cantón Muisne y áreas afectadas que se definan mediante decreto. Además, las personas que al 1 de enero de 2016 posean un patrimonio igual o mayor a $ 1’000.000 pagarán la contribución del 0,90% por una sola vez.