La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en ingles) emitió el pasado abril un informe sobre el impacto de la pandemia de covid-19 en la seguridad alimentaria de Latinoamérica y el Caribe.

El documento detalla que tanto la región como los mercados internacionales “tienen reservas suficientes para alimentar de forma adecuada a sus habitantes en los próximos meses” y que el mayor desafío no es el abastecimiento, sino  garantizar el acceso a la población en aislamiento y a quienes perdieron su fuente de ingresos.

Para cumplir este objetivo, la FAO considera como acciones claves facilitar el transporte y acceso a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura.

Para favorecer estas acciones, el pasado 18 de mayo la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) emitió la resolución 0063, la cual autorizaba la importación de frutas y hortalizas para consumo y/o procesamiento, bajo medidas fitosanitarias menos estrictas.

La decisión causó malestar entre los pequeños y medianos productores, quienes consideraban que atentaba contra su economía y favorecía a las grandes empresas.

Ante la reacción negativa, Agrocalidad emitió tres días más tarde una nueva resolución que dejó  sin efecto la anterior.

Además, en un comunicado reconoció que hubo falta de pertinencia en el documento, ya que la medida solo iba a regir para la importación de semillas y material genético.

“(La resolución) le iba a quitar mercado al pequeño productor porque si se importan frutas, que también se cultivan en gran cantidad en el país, pero con una mejor calidad y precio, el consumidor va a preferirlas”, criticó Richard Intriago, presidente de la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral.

También aseguró que estas decisiones se toman por desconocimiento de los procesos y capacidad del sector agrícola.

“Solo se iba a favorecer a las grandes agroindustrias, porque si se trataba de asegurar el abastecimiento, la producción nacional basta para cubrir la demanda.Si se trataba de producir semillas, los agricultores nacionales están en toda la capacidad, solo es cuestión de que las autoridades nos contacten para trabajar en conjunto”.

Plagas y daños a la salud

Carlos Nieto, ingeniero agrónomo y docente  investigador del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador, alertó sobre los riesgos de la resolución para la seguridad alimentaria del país.

Uno de ellos era el posible ingreso de plagas que no existen en Ecuador. “Al eliminar los parámetros fitosanitarios podrían ingresar plagas, como ya ocurrió antes con el café y el banano. Esto podría causar pérdidas totales de campos de cultivo”.

También se refirió a los peligros para la salud de los consumidores, señalando que existen estándares internacionales con respecto a los niveles máximos de agrotóxicos (pesticidas, fertilizantes) y que si se reducen estos parámetros podrían llegar al país frutas con altos niveles de estos químicos, que tienen efectos nocivos en el organismo.

Otra posibilidad es que los productos agrícolas lleguen contaminados con agentes biológicos, como la salmonela, que puede desencadenar una situación grave en la salud pública, en un momento en que el sistema público se halla en su límite por la atención a la emergencia sanitaria, concluyó Nieto. (I)

Los  agrotóxicos persisten en el ambiente por años

Beatriz Pernía, doctora en ciencias biológicas, especializada en contaminación ambiental y biorremediación, asegura que la contaminación de alimentos por agrotóxicos y pesticidas aún es un tema tabú en Ecuador.

Explicó que si una semilla contiene trazas de estos químicos, el cultivo resultante también las va a presentar
y que, incluso, esos residuos van a mantenerse en el suelo por años.

Pernía cuestionó que falta control al uso de pesticidas en productos industrializados. “Por ejemplo, se han hallado rastros de glifosato en la Coca-Cola; probablemente se deba al azúcar que utilizan, porque los cañicultores usan glifosato para acelerar la maduración”.

También se ha encontrado trazas de aldrín, un pesticida prohibido en 2004, en sedimentos de ríos utilizados como fuente de agua para cultivos, lo que demuestra que se sigue utilizando. (I)