Portoviejo y Manta son las ciudades más pobladas de Manabí. Juntas suman 506.500 habitantes, lo que representa cerca del 50% de la población de la provincia, (Censo de población y vivienda 2010).

Los centros urbanos de esos cantones fueron los más afectados por el terremoto que hace tres años a más de las muertes,  dejó en evidencia que la informalidad en la construcción causó serios daños a la infraestructura de ambas ciudades.

El sismo dejó, además, 30.000 heridos atendidos y más de 29.000 personas albergadas.

Fue uno de los fenómenos naturales más fuertes que ha golpeado al país y a Manabí. Una de las situaciones más evidentes que dejó el terremoto del 16 de abril de 2016, fue el tema de las normas de construcción.

En ese sentido el urbanista manabita Teodoro Andrade dijo que después del sismo surgió la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC). Frente a ello, Andrade  afirmó que muy poco se cumplía con los códigos y reglamentos para construcción en la provincia. Por ello, los daños en materia de infraestructura fueron cuantiosos.

Debido a eso más de 75.000 edificaciones fueron inspeccionadas después del terremoto. Muchas fueron demolidas y otras aún se mantienen en pie.

Pero después del seísmo el gobierno del expresidente Rafael Correa promulgó la ley de Solidaridad.

Con los recursos obtenidos se esperaba que la reconstrucción fuera diáfana y sobre todo ágil.

Por ejemplo, en Manta hubo más de 200 víctimas, pérdida de  bienes y de espacios para trabajar, como ocurrió con los comerciantes de Tarqui, lugar convertido en zona cero debido a los fuertes daños que causó el fenómeno natural.

Al recordarse tres años del sismo el alcalde de Manta, Jorge Zambrano, considera  que la reconstrucción en la ciudad se desarrolló con bastante agilidad. Sobre todo lo reconocen aquellas personas que vinieron a ayudar en esa época posterremoto y regresaron después de tres años.

Al margen de todos los problemas que se vivieron en el proceso de reconstrucción la ciudad está reactivada, en algunos casos quedó en mejores condiciones que como estaba antes del 16 de abril de 2016, afirma el funcionario.

Zambrano destaca que coincidentemente los recursos del Banco Mundial (préstamo de $ 100 millones aprobado antes del sismo) y los provenientes de la Ley de Solidaridad, permitieron resolver parte del problema sanitario por varias situaciones.

“Creo que dejamos encaminada la solución del agua y alcantarillado para que, en corto plazo, tengamos una ciudad libre de contaminación y abastecida las 24 horas del día de líquido vital”.

En materia de infraestructura Tarqui está mejor. Se cambió todas las tuberías de agua potable y alcantarillado.

“En Tarqui el comercio estaba concentrado en la zona central, donde siempre había reboses en alcantarilla, estaba húmedo con aguas residuales, las tuberías de agua potable se rompían. Hoy todo eso cambió”. Además el cableado de energía eléctrica está soterrado.

“Si vemos la infraestructura está en mejores condiciones, pero en lo comercial no está bien porque el comercio salió y muchos locales que antes eran apetecidos ya no lo son”.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Fernández, tiene una inquietud en el tema de la reconstrucción en Manta y Manabí: ¿qué se hizo con todo lo recaudado por la Ley de Solidaridad y otros recursos que llegaron al país?

“Se habla que ha existido un mal manejo de los dineros recaudados, pero nadie da cuentas claras de esos recursos”, dice Fernández, quien detalla que este gobierno está en  deuda con los manabitas.

“Me recuerdo haber asistido a muchas reuniones con el presidente del Banco del Estado en aquel momento y solo le pedíamos $ 5.000 para cada uno de los damnificados, que eran 1.800 comerciantes minoristas. Dijo que ninguno de ellos calificaba y que están dentro de la lista negra”. 

En Portoviejo
Para Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, la ciudad está en transición y destaca la serie de obras que se han ejecutado y que se encaminan, como los mercados, que él considera que serán los más modernos que habrá en Ecuador.

La ejecución de proyectos financiados principalmente por la Ley de Solidaridad, el Ejecutivo y recursos del Cabildo, supera los $ 100 millones, entre obras como la facilidad pesquera en Crucita ($ 50 millones), parque La Rotonda ($ 11,6 millones), regeneración de 11 manzanas del centro de la ciudad ($ 11,5 millones), mercado 1 de Portoviejo ($ 17 millones), mercado de la parroquia Calderón ($ 7 millones), entre los principales, que se suman a la construcción de más de 130 calles.

A Casanova no le incomoda que lo hayan denominado “el alcalde de los parques”. Afirma que esos sitios le han devuelto la dignidad y la confianza al habitante de la capital de los manabitas. Casanova fue reelecto para esa función el 24 de marzo. (I)