Dialogar para llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos, dejando de lado colores y tiendas políticas, fue la postura que el presidente Lenín Moreno tomó desde el inicio de su mandato, el 24 de mayo de 2017.

Desde entonces, el Gobierno Nacional se ha dado a la tarea de atender las necesidades más urgente de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) locales y provinciales.

Raúl Delgado, alcalde del cantón Paute (Azuay) y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), destacó que en el actual régimen el diálogo con el Gobierno se fortaleció y que esto aumentó la confianza de los GAD, que ahora saben que cuentan con el apoyo de las autoridades nacionales para resolver situaciones emergentes.

El  estilo conciliador  del presidente Moreno le permitió llegar a acuerdos incluso con los sectores más contrarios a su administración, como demostró en las protestas de octubre de 2019; además, su forma de gobierno dista mucho de la del expresidente Rafael Correa -que era más bien confrontativo-, pues en su régimen los GAD que no estaban alineados con su postura eran marginados.

Pacto por la seguridad ciudadana

Uno de los temas a los que el Gobierno Nacional puso especial atención es el de la seguridad ciudadana, pues durante la segunda mitad del año 2019, los índices de asaltos y delitos violentos sufrieron un fuerte repunte.

Para abordar el problema, el presidente Moreno apostó por trabajar de manera conjunta con las autoridades seccionales, a través de la firma de convenios en los que todas las partes aportaban desde sus campos de acción.

Mientras el Ministerio de Gobierno anunció la inversión de $ 100 millones y la construcción de 100 puestos de vigilancia policial durante 2020, los cabildos se comprometieron a equipar a las fuerzas del orden,  dotarlas  de vehículos para patrullaje y legislar ordenanzas relacionadas al uso de motocicletas -que eran utilizadas en gran medida para el cometimiento de delitos- y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

 “La Policía tiene un trabajo indelegable, que es insustituible, pero también es cierto que la Policía no puede hacer sola su trabajo”, manifestó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en referencia a la necesidad de que los municipios también aporten a la seguridad desde sus campos de acción.

Guayaquil fue la primera ciudad en firmar el pacto el 14 de agosto de 2019 y le siguieron otras grandes urbes como Quito y Cuenca. Hasta el 4 de febrero de 2020 eran 135 municipalidades las que se habían sumado al convenio.

“La seguridad es competencia de todos, por eso nos alegra la construcción de 100 Unidades de Policía Comunitaria en todo el territorio. Hacemos un gran trabajo mancomunado entre el Ministerio de Gobierno, Municipio y ciudadanía”, añadió Delgado.

El alcalde de Latacunga (Cotopaxi), Byron Cárdenas, también aplaudió la “unión y voluntad política” para atender los pedidos de los distintos niveles de gobierno.

“La ciudadanía confía en nosotros y debemos devolverles con la seguridad que necesitan. Ratificamos la decisión de pertenecer a este equipo que pone en marcha efectivas estrategias para enfrentar la inseguridad”, afirmó.

Trabajo solidario quedó demostrado durante la emergencia

El prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, aseguró que mantenerse en constante diálogo con las autoridades del Gobierno Central fue esencial para la atención de las situaciones imprevistas durante la emergencia sanitaria.
Citó como ejemplo la rehabilitación de carreteras y vías del país.

“La competencia de las prefecturas en vialidad está limitada a los caminos vecinales y de carácter rural; sin embargo, ante la necesidad de mantener las carreteras expeditas -lo cual es tarea del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)- para el transporte de alimentos, dialogamos con el MTOP y pusimos a disposición nuestra maquinaria porque el trabajo solidario debe darse en ambos sentidos”.

Asimismo, la prefectura de la provincia de Los Ríos y la alcaldía de la ciudad de Babahoyo invirtieron recursos para habilitar un centro de aislamiento con capacidad para 50 camas para pacientes estables que padecen covid-19, el cual fue entregado al Ministerio de Salud para que lo administrara. (I)

Prefectura del Guayas pide que se le entregue el manejo de la UNA

El prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, solicitó al Gobierno central que se entregue el manejo de las infraestructuras y silos de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), la cual será liquidada para reducir los gastos del Estado, a los gobiernos provinciales, para trabajar en el fortalecimiento del sector agrícola.

Indicó que la transferencia les permitiría  trabajar directamente con los productores, eliminar intermediarios, hacer respetar el precio de los productos y compartir responsabilidades con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Morales aseguró que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Agricultura, de la Asociación de Ganaderos del Litoral, de asociaciones agrícolas y de juntas de riego, y que en los próximos días espera reunirse con el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, para formalizar el pedido y resolver aspectos como competencias y restricciones.

“Está comprobado que este país no puede vivir únicamente del petróleo, sino que tiene que volver la mirada al campo”, concluyó. (I)