En las montañas de Imbabura creció un pequeño poblado de madera y plástico. La llamaron La Feria y en menos de dos años albergaba un hotel, restaurantes, clubes nocturnos y negocios, que abastecían a los mineros de la parroquia de Buenos Aires.
Este era un punto estratégico para la explotación ilegal de oro.

Detrás de las covachas de madera se instalaron artesanalmente más de 115 cuerdas que, usando el sistema de polea, llevaban comida para la cima de la montaña y también servían para bajar el material pétreo sacado de donde se extraía el metal precioso.

Wilfrido Vera (52 años) dejó de conducir su taxi por las calles de Quito para probar suerte en La Feria. Al comienzo se dedicó a la construcción y también a picar la montaña a fin de obtener recursos para sostener a su esposa y sus dos hijos.

La tarde de este martes 2 de julio, él era uno de los últimos moradores del poblado que arreglaba sus pertenencias para salir del lugar.

A las 06:00, más de 1.200 policías y soldados ingresaron a la parroquia de Buenos Aires para terminar con la explotación ilegal del mineral y frenar los delitos que emergieron de este negocio clandestino, como la explotación sexual, laboral y la extorsión.

Desde el 2018, Buenos Aires se convirtió en un SOS para el país. Inteligencia de la Policía detectó la presencia de grupos armados de Colombia que querían aprovecharse de los mineros y sus familias.

Los principales implicados fueron los miembros del Frente Oliver Sinisterra, la narcoguerrilla manejada por alias “Guacho” y que fue protagonista de asesinatos, secuestros y atentados en el año 2018. El otro grupo era Águilas Negras, otra peligrosa banda de sicarios vinculada a paramilitares colombianos.

La decisión de cortar este problema de raíz la tomó el lunes 1 de julio el presidente Lenín Moreno, quien declaró en emergencia a Buenos Aires y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía a esa zona.

Hasta las 15:00, el operativo organizado por los ministerios del Interior y de Defensa puede calificarse como casi perfecto. Los agentes de las fuerzas élites de la Policía ingresaron sin enfrentamientos ni contratiempos a La Feria y a la Ciudad de Plástico, otro punto en el mapa de la minería ilegal.

Los uniformados organizaron a las personas que voluntariamente abandonaron el lugar. En camiones del Ejército se transportaban mujeres, hombres y niños que decidieron vivir en esa zona golpeada por el frío y la lluvia.

Según el general de la Policía, Patricio Carrillo, hasta las 14:00 se evacuó a 800 personas. Entre ellas estaban José Verdezoto (40 años), uno de los que más protestó por la medida. Él cree que se está cortando su fuente de ingreso para mantener a sus seres queridos.

Alba también se aventuró y con su nieta montaron un restaurante en La Feria. Ella se endeudó con $ 700 para adecuar su puesto de comida, pero tuvo que dejarlo y salir en un camión militar.

En cambio, para Wilfrido, lo que ocurre en el pequeño poblado no es distinto de lo que sucede en el resto del país. Reconoció que existe prostitución clandestina, que no hay buenas condiciones de trabajo, y que La Feria es un espejo de lo que se vive en la nación. Tampoco admitió que los grupos delincuenciales extorsionaran a los mineros con la excusa de protegerlos. Para él en La Feria está su casa y estaba convencido de que podía ser un mejor lugar para vivir.

La Policía conoce que si bien el primer día del operativo contra la minería ilegal fue exitoso, no puede relajarse. Según los cálculos del general Carrillo, en las minas trabajan alrededor de 12.000 personas, es decir aún faltan 11.000 que están en la montaña. La estrategia de los uniformados será cortar sus vías de suministros para agotar a los mineros.

En las vías de acceso a la parroquia también hay tres filtros de seguridad para las personas que dejan las minas y para los que ingresan. Estos controles seguirán porque la primera parte del operativo durarán un mes y recién empieza. (I)