El desalojo de los 72 ciudadanos venezolanos del intercambiador de Carcelén, norte de Quito, tuvo como objetivo la reducción de la inseguridad en los alrededores, además de eliminar las condiciones humanas precarias en el lugar.

Así lo manifestaron las autoridades municipales, de Policía y de la Cancillería, al destacar que las negociaciones para que salgan del campamento improvisado el pasado domingo duraron 7 horas.

La realidad cambió una vez que fueron instalados en los cuatro centros temporales de refugio que ubicó el Municipio: Calderón, La Tola, Eloy Alfaro y el sector la Y.

Sin embargo, los migrantes, a pesar de que tienen vivienda, kits de aseo e higiene, así como alimentación, no se acostumbran a las reglas de convivencia de esos sitios.

Aquello provocó que un grupo indeterminado, que supuestamente salió la mañana de este lunes 19 de noviembre a realizar trámites personales, no regresara.

Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio de Quito, no entiende por qué razón se genera esa situación, ya que incluso durante la intervención guiada se encontraron roedores en el campamento improvisado.

“Nosotros les damos condiciones más dignas, pero hay personas que no se acostumbran a las reglas porque, en Carcelén, dormían a altas horas de la noche, en cambio en los centros temporales, hay un horario”.

El funcionario aseguró que en los próximos días se conocerá el número exacto de las personas que abandonaron los albergues. Sin embargo, no podrán volver a Carcelén, ya que está custodiado por fuerzas del orden.

Además, las autoridades tampoco permitirán que esos migrantes se tomen otros sitios públicos para instalar campamentos provisionales.

¿Por qué salieron de Carcelén?, la Policía tiene su respuesta.

Explica en un informe que dentro del campamento improvisado se detectó una “estructura mafiosa”, que obligaba -con amenazas de muerte- a los refugiados a robar y prostituirse. Incluso les cobraban por usar los servicios como urinarios. Se evidenció el consumo de sustancias psicotrópicas, casos de violencia física a mujeres, afecciones broncorrespiratorias y desnutrición infantil.

Carlos Blanco, jefe de operaciones de la Policía en Quito, destacó que la institución investiga estas anomalías. De encontrar responsables, emprenderá las acciones pertinentes.

Según la Policía, por datos históricos y sociológicos, el 5% de las personas extranjeras (un grupo venezolano) podría estar operando al margen de la ley, especialmente en robos y asaltos.

Es decir, de 240.000 extranjeros que habitan en el país, aproximadamente 12.000 estarían dentro de este rango histórico. La Cancillería estima que hasta diciembre el número de venezolanos en Ecuador aumente a 300.000.

Jorge, de 21 años y oriundo de Caracas, aseguró que existen estigmas con sus coterráneos. “Los pecados de unos pocos no pueden afectar a todos”, dijo, al pedir a los ecuatorianos comprensión por la situación que afrontan.

Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, destacó que las actividades al margen de la ley, sin importar su origen, son castigadas por la autoridad rectora: la Policía Nacional.

A Zapata, además de esto, le preocupa que no exista una hoja de ruta clara para atender a los venezolanos que están asentados en los centros temporales de acogida. (I)

Inversión
Municipio gastó $ 6.500
Según la Secretaría de Seguridad, alrededor de $ 6.500 ha invertido el Municipio desde que empezó la emergencia, tan solo en la dotación de kits de aseo y víveres no perecibles para los centros de acogida.

4 centros temporales tiene el Municipio: La Tola, La Y, Eloy Alfaro y en Calderón.

Personas atendidas
266 venezolanos han sido atendidos en los centros que tiene el Municipio de Quito desde que se dio la emergencia por el flujo migratorio. Muchos no se acostumbran a la convivencia en estos sitios.