La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene en marcha un plan regional de ayuda para los migrantes y refugiados venezolanos basado en proyecciones que indican que dentro de un año hasta dos millones adicionales abandonarán su país, con lo que su número total en la región puede llegar a los 5,3 millones de personas.

Actualmente, 3,3 millones de venezolanos se encuentran en 16 países de Sudamérica y el Caribe, de los cuales 460.000 son niños, y la mayoría de ellos necesitan alguna forma de asistencia, sin que existan previsiones de retorno a corto o mediano plazo.

Al frente de este plan estarán la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que trabajarán en cooperación con 95 organizaciones en los países involucrados.

Si en 2015, cuando Venezuela ya entró en una profunda crisis, el número de venezolanos que se instaló en otros países de la región era de 123.000, dos años después saltó a 1,2 millones, y se calcula que 2018 cerró con 3,3 millones.

La Cancillería ecuatoriana estimó que más de un millón de venezolanos ingresaron al país el año anterior, pero solo 221.000 se quedaron. El resto entró de paso para continuar su viaje hacia Perú y Chile, en donde encuentran un costo de vida más barato y políticas laborales más flexibles.

El ritmo diario promedio de salidas a lo largo del año anterior fue de 5.500 personas, según los datos difundidos, pero esto no toma en cuenta a los venezolanos que cruzaron de forma irregular alguna frontera.

El representante especial de ambas organizaciones para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, presentó a la prensa en Ginebra las líneas generales de esta operación humanitaria, que es la primera de su tipo que realizará la ONU en Latinoamérica.

Stein realzó ante todo el “extraordinario nivel de solidaridad y apertura que han mostrado los países de la región” con los venezolanos, a pesar de no haber estado preparados -en particular los más afectados: Colombia, Ecuador y Perú- para recibir flujos masivos de gente en un período tan breve.

El representante de Acnur y la OIM subrayó que su mandato es apolítico y que no le corresponde a él ni a la ONU juzgar las motivaciones de los venezolanos para salir, aunque reconoció que la escasez de productos y servicios básicos, así como la inseguridad, fueron dos factores.

El director general de la OIM, Antonio Vitorino, dijo que el propósito de la iniciativa lanzada ayer es “reconocer la necesidad de los venezolanos de ser productivos en los países donde están”.

Para ello -continuó- deben tener acceso al mercado de trabajo, al reconocimiento de sus cualificaciones y a servicios sociales esenciales, como educación, salud y vivienda.

El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, precisó que de los 3,3 millones de venezolanos que están en la región, 365.000 solicitaron asilo.

Grandi expresó que una preocupación mayor para las organizaciones de la ONU que participan en este plan de ayuda es que no haya repatriaciones forzadas y confirmó que hasta el momento no se registra ningún caso.

Pese a que el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantiene sus críticas contra el régimen de Nicolás Maduro, Stein aseguró que no prevé cambios en la manera cómo las instituciones brasileñas han reaccionado hasta ahora en el caso de los venezolanos.

Este proyecto regional forma parte del plan humanitario mundial de la ONU y requerirá una financiación de $ 738 millones para 2019.

Su objetivo es brindar atención a 2,7 millones de personas, de las cuales 2,2 millones son venezolanos y 500.000 gente de las comunidades receptoras.

A cada país se le destinarán los recursos acordes con la cantidad de venezolanos que acogen, con Colombia y Perú como los más afectados, con 1,1 millones de venezolanos en cada caso. (I)