Quito, Guayaquil, Cuenca.-

La necesidad de organización del sistema de transporte y establecimiento de veedurías sobre el servicio con la participación ciudadana. Esas fueron las ideas principales durante el debate realizado por la Federación de Barrios de Quito respecto a la movilidad capitalina.

Enver Aguirre, integrante del movimiento Juventud Revolucionaria Ecuatoriana (JRE), se declaró opuesto a la posibilidad de una elevación de pasajes.

A su juicio, el argumento de que las tarifas han permanecido congeladas por 14 años no se sostiene, en primer término, debido a las ayudas estatales que los transportistas han recibido a lo largo del tiempo.

Entre estas, se encuentran incentivos para el cambio de unidades y facilidades para la compra de repuestos. Además del pago de compensaciones  por parte, primero, del Gobierno Nacional y, entre febrero de 2015 y junio último, del Municipio.

Esta última medida fue a cambio de mantener congeladas las tarifas.

El dirigente señaló que el 28% de los viajes diarios en el transporte público de Quito son realizados por jóvenes. Y que más del 70% de habitantes de la capital usan sistemas masivos de movilidad.

Por ello, el alza de pasajes que se halla en análisis del Concejo Metropolitano ‘incidirá negativamente en la economía de las clases populares y en el costo de vida en la ciudad hasta en el 30%’.

Alrededor del 90% de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con seguridad vial están incorporadas en  la ley ecuatoriana. Esta situación, sin embargo, no ha derivado en el mejoramiento del servicio de transporte público, desde la percepción de los usuarios.

Un sondeo realizado en internet por EL TELÉGRAFO a finales de junio preguntó la opinión de los ciudadanos sobre el sistema de movilidad en Quito.

Un 60% de los 397 participantes  en la encuesta lo describió como ‘pésimo’; el 28% dijo que era ‘malo’; el 8%, bueno y solo el 4% lo calificó de excelente.

Entre el 85% y el 87% de los accidentes que ocurren en el país están relacionados con vehículos particulares, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Sin embargo, la conducción imprudente, el exceso de velocidad y otras acciones similares por parte de los choferes de transporte público son percibidos por los usuarios como deficiencias del servicio.

Guillermo Abad, director de la organización Justicia Vial, dice que el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de operación bastaría para mejorar las condiciones de movilidad.

Y el compromiso por parte de las operadoras del cumplimiento de los contratos a través del establecimiento de indicadores específicos y mensurables de calidad debe ser una condición previa a una eventual revisión de los pasajes.

Abad coincide en la necesidad que los ciudadanos usen los mecanismos que prevé la ley para establecer veedurías que ayuden al control del transporte. Y en la urgencia de reorganizar rutas y frecuencias para mejorar el servicio. (I)

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475 choferes se capacitan para mejorar el trato

Con el objetivo de fortalecer la calidad de servicio en el Transporte Público, la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte, (EMOV) y la Cámara de Transporte de Cuenca capacitó a 475 conductores.

“Cuando se habló de la responsabilidad que tenemos los conductores sobre la violencia que existe en las unidades, desconocíamos la forma en que debíamos reaccionar o cómo ayudar sin ser agredidos y sin que haya represalias”, señaló el conductor José Abril.

En tanto para Wilson Segarra, también conductor, las capacitaciones fueron de gran ayuda para conocer las obligaciones y derechos, “sin darnos cuenta cometemos errores que están sancionados en la ley, pero la motivación y el conocimiento recibido nos ayudan a mejorar”, agregó.

Leonardo Albarracín, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, manifestó que estas capacitaciones llevan a mejorar la calidad del servicio de transporte urbano a través de la adquisición de herramientas y metodologías que mejoren la vida de los usuarios en las unidades.

Para el gerente general de EMOV, Adrián Castro, es de vital importancia mejorar  la calidad de servicio público (buses y taxis), pues dentro de las capacitaciones no solo se trataron temas basados en aspectos legales de tránsito, sino los derechos y obligaciones que tienen los conductores y también los usuarios. (I)

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Los taxistas de Guayaquil se quejan de los informales

La Unión de Taxistas del Guayas (UTG) anunció una movilización hacia las superintendencias de Bancos y Compañías para solicitar celeridad en las investigaciones sobre las empresas transnacionales que ofertan el servicio de transporte urbano en carros particulares.

George Mera, titular del gremio, aseguró que se busca concretar también un encuentro con el presidente de la República, Lenín Moreno, para exponer la situación del taxismo frente a operadoras como Cabify y Uber.

Respecto de las críticas ciudadanas que apuntan al servicio de los taxis regularizados, Mera aseguró que han solicitado al Municipio de Guayaquil que tramite la homologación de vehículos de alta gama porque la Agencia Nacional de Tránsito “nos ha dejado con los brazos cruzados”.

Acotó que es necesario tener acceso a vehículos más amplios en sitios como terminales terrestres y aéreas donde existen mayores exigencias para transportar mayor cantidad de personas y objetos.

Actualmente, la Autoridad de Tránsito Municipal desarrolla los preparativos para un censo con el objeto de revisar las tarifas del sector.

Mera recordó que los miembros de la UTG se manejan ya con la plataforma tecnológica ‘Un Taxi’ que permite que la ciudadanía contrate carreras a través de una aplicación móvil. “Tenemos más de 1.200 carreras diarias a través de esto”. (I)