Ayer, durante el primer debate en el pleno del proyecto ‘Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto’, asambleístas de PAIS y de oposición coincidieron en extender los beneficios de la propuesta a todos los cantones de Esmeraldas.

La razón de la solicitud obedece a que el proyecto tiene alcance para la provincia de Manabí, al cantón Muisne y a poblaciones del sur de Esmeraldas que sean definidas mediante decreto ejecutivo. Es decir, que los beneficios tributarios y fondos que se recauden serán destinados únicamente a la recuperación y reactivación de las poblaciones mencionadas.

Legisladores como Mae Montaño (CREO), Gabriel Rivera (AP) y Luis Fernando Torres (PSC-MG) concordaron en que, si bien no toda la provincia esmeraldeña resultó afectada directamente por el terremoto, existen zonas que sí lo fueron, pero no han sido mencionadas. Además, la población ha sido golpeada por otros fenómenos naturales, por lo que se requieren fondos para la reactivación.

Montaño incluso sugirió que en el Comité de Reconstrucción también participen representantes de Esmeraldas, de la sociedad civil, del sector comercial y autoridades locales. Rivera planteó que en la ley se detalle “a las provincias de Manabí, Esmeraldas y otras zonas afectadas, y que sean determinadas mediante decreto ejecutivo”.

Las propuestas económicas fueron agrupadas en cuatro ejes

El debate inició con la intervención de Marcelo Farfán, rector de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y delegado de los sectores productivos de Manabí, quien planteó 15 medidas para ser incluidas en la ley.

Solicitó que el contenido del Decreto Ejecutivo 1004 que creó el comité de reconstrucción, sea añadido a la ley para así extender sus funciones a largo plazo. Sobre la Secretaría Técnica para la Reconstrucción, pidió que se localice en Portoviejo y que sea dirigida por manabitas.

En materia económica, se efectuaron otras propuestas. Entre ellas, Farfán planteó castigar como un delito de peculado al mal manejo de los fondos para la reconstrucción. También propuso la suspensión por dos años de los intereses, multas y recargos de los servicios médicos en mora, así como la suspensión temporal de la jornada de trabajo hasta por 6 meses.

A su vez se solicitó la remisión del pago del impuesto a tierras rurales en las zonas afectadas y la suspensión de los juicios por coactivas por un lapso de dos años. Con este paquete de sugerencias se busca recuperar y dinamizar la economía de los sitios afectados.

Por otra parte, en esta ocasión, el ponente de la Ley de Solidaridad no fue el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, sino el asambleísta Carlos Bergman (AP), oriundo de Manabí, quien señaló que se efectuaron 15 modificaciones al texto original.

Según el asambleísta, la Ley de Solidaridad contiene cuatro ejes. El primero trata sobre la contribución de un día de sueldo para quienes tienen remuneraciones mensuales mayores a $ 1.000; el segundo refiere a la contribución del 0,9% en el caso de quienes posean patrimonios superiores a $ 1 millón; el tercero es la aportación de 3% sobre utilidades; y el cuarto consiste en un aporte de 1,8% para bienes que se encuentran en Ecuador, pero cuya propiedad pertenece a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones del extranjero.

Respecto a la contribución sobre el patrimonio, Rivera recomendó reducir el monto a $ 500.000 y gravar el tributo de forma ascendente, desde 0,5% hasta alcanzar el 0,9% para quienes posean un patrimonio igual o superior a $ 1 millón.

El incremento al IVA permaneció en el centro de la polémica

Con respecto al incremento de 2 puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los asambleístas de oposición insistieron en que tal medida reduciría la demanda y afectaría a toda la economía. En cambio, los asambleístas de AP recordaron que la medida será temporal y permitirá obtener recursos con rapidez para enfrentar la contingencia.

Mauro Andino (AP) propuso cambiar la transitoria que plantea que el incremento podrá suspenderse mediante un decreto ejecutivo porque la Constitución lo impediría.

Por otra parte, el bloque de PAIS analiza presentar una propuesta para elevar solo 1 punto el IVA, afirmó Soledad Buendía (AP). La Comisión de Régimen Económico recogerá esta u otras propuestas para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. La Asamblea tiene hasta el 22 de mayo para aprobar la norma. (I)

DATOS

En los próximos 2 años, las nuevas inversiones que se realicen en las zonas afectadas estarían exoneradas del pago del Impuesto a la Renta (IR) por 5 años.

Las entidades financieras tendrían una rebaja en el valor del anticipo del IR de 2016 que se calculará de manera proporcional al monto de créditos otorgados hasta el 31 de diciembre de este año.

Empresas y personas naturales quedarían exoneradas del pago del saldo del Impuesto a la Renta de 2015. Se incluye el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a los bienes donados a instituciones públicas.

Un descuento del 2%, equivalente al incremento propuesto del IVA, sería concedido a las adquisiciones de bienes y a la contratación de servicios que se realicen en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril.

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La Senplades presentará el plan para la reconstrucción en junio

La evaluación de las zonas afectadas incluirá un censo a familias y empresas

Ayer, a través de una rueda de prensa efectuada en Quito, la secretaria nacional de Planificación y Desarrollo, Sandra Naranjo, anunció que la evaluación de impactos económicos en las zonas afectadas por el terremoto y el plan para la reconstrucción de las zonas afectadas estarán listos en seis semanas.

Este proceso se realiza con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Entre sus objetivos se encuentran: cuantificar daños, pérdidas y costos indirectos en las zonas del desastre; identificar las necesidades de atención prioritaria y producir una estrategia multisectorial de recuperación a mediano y largo plazo en la cual se prioricen las intervenciones y se establezcan las políticas públicas a implementar.

A tal efecto, se aplicará la ‘Evaluación de Necesidades Posdesastre’, una metodología estándar utilizada por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea. Como resultado se espera un estudio que brinde información sobre: el sector social, que involucra salud, vivienda y educación; el sector de infraestructura, que contempla telecomunicaciones, electricidad, vialidad, agua y saneamiento; y el sector productivo, que abarca agricultura, pesca, comercio y turismo.

Por otra parte, hasta el 13 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) encabezará el levantamiento de información sobre los establecimientos productivos, así como sobre la situación actual de las personas damnificadas.

Para ello, encuestadores visitarán 1.969 empresas con el objetivo de obtener datos sobre el daño de activos y la pérdida de flujos económicos, especialmente de ventas.

En cambio, para valorar las pérdidas de las familias relacionadas con ingresos, empleo e inmuebles, se hará un Registro Único de Damnificados. En un primer momento, el INEC visitará 97 albergues y refugios de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, donde está la población más vulnerable que no tiene posibilidades para alojarse en viviendas de parientes o casas de acogida. La meta es censar a 6.748 familias integradas por unas 28.885 personas.

Además de efectuar ese levantamiento, se realizarán ‘barridos de información’ en las ciudades afectadas, indicó José Rosero, director ejecutivo del INEC.

Para levantar esta información en el territorio, las instituciones de la Organización de Naciones Unidas reunieron un equipo de 170  voluntarios integrado por funcionarios públicos, estudiantes universitarios y miembros de la sociedad civil de Manabí.

El ‘Plan para Reconstruir Mejor las Zonas Afectadas’ será publicado el próximo 3 de junio y orientará de forma eficiente las necesidades de inversión pública y financiamiento. Por tanto, será un insumo  prioritario para la gestión del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, encabezado por el vicepresidente de la República, Jorge Glas. (I)