El 9 de mayo anterior, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, participó en una caravana motorizada que culminó con un acto de agradecimiento en la avenida 9 de Octubre, en el centro de la urbe.

Mientras este acto se desarrollaba, una torrencial lluvia en el norte de la ciudad recordó a miles de guayaquileños un problema no resuelto en casi 30 años de administración socialcristiana: una red de alcantarillado que colapsa en cada época invernal.

Hace casi una década y media, César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, ha criticado la gestión municipal en cuanto a la cobertura de la red pluvial y sanitaria.

Interagua comenzó el año con una cobertura de tratamiento de aguas residuales del 78%, déficit que no será solucionado hasta 2031, según las proyecciones de la Empresa Municipal de Agua Potable (Emapag).

“A estas alturas, es inadmisible esta deuda. Desde el primer quinquenio no fueron capaces de cumplir sus metas”, recordó Cárdenas.

Otro pendiente del Cabildo porteño representa la capacitación de la Policía Metropolitana (PM), institución creada en 1992 por el exalcalde León Febres-Cordero con la misión de “contribuir con el ordenamiento de la ciudad”, describe la página web de la Alcaldía.

Desde su creación, no ha existido un solo año en el que este grupo de uniformados no forme parte de alguna polémica: aprehensión violenta de comerciantes, enfrentamientos con agentes de tránsito y activistas, extorsión... La lista de señalamientos es bastante diversa y amplia.

Hace años, Billy Navarrete,  vocero del Comité Permanente por los Derechos Humanos, detectó que los miembros de la PM no recibían asistencia psicológica.

Para el activista, es imperativo que la PM reciba capacitaciones permanentes de sensibilización.

El endeudamiento en Quito
El alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, aseguró la semana pasada que la información recibida de la administración capitalina saliente muestra que “el presupuesto de la ciudad está en 0”. Que el nivel de endeudamiento del Municipio está en el techo y no se puede adquirir nueva deuda.

La autoridad, que se posesionará hoy, dio ese balance de las finanzas municipales durante una reunión con algunos de quienes conformarán su equipo de trabajo.

No obstante, Yunda se mostró optimista de que durante su gestión podrá ejecutar obras gracias al apoyo de inversores privados.

Entre los proyectos del burgomaestre entrante constan un nuevo estadio, que se construiría en la zona de la Mitad del Mundo en reemplazo del Olímpico Atahualpa, y una universidad en el sur de la urbe.

La Alcaldía de Mauricio Rodas se defiende y alega que, por ejemplo, del presupuesto de $ 1.563 millones de 2018 (prorrogado para 2019), $ 864 millones corresponden al Metro y que el proyecto de movilidad se construye con préstamos conseguidos en situaciones ventajosas.

Algo similar ocurriría con otros proyectos. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) prestó $ 70 millones a la capital para la construcción de obras de agua potable, entre ellas el sistema Chalpi, que garantizará el abastecimiento del servicio hasta 2040.

De la misma manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno español prestaron $ 127 millones para la ejecución, también, de obras de agua potable y saneamiento en la parroquia Calderón y otros puntos del Distrito Metropolitano.

El concejal Carlos Páez (opositor a Mauricio Rodas) sostiene que, de acuerdo con la información municipal, si bien la situación presupuestaria es apretada, no existe sobreendeudamiento.

En una publicación reciente en redes sociales afirma que la ciudad “podrá endeudarse en  $ 200 millones adicionales para cumplir las propuestas del próximo año”.

El edil saliente apunta a que en esos cálculos no están contemplados los $ 33 millones que el Concejo capitalino aprobó en agosto pasado que la Alcaldía se endeudara para la compra de 50 trolebuses y 20 buses eléctricos, pero que el Ejecutivo local saliente no ha utilizado.

Según Páez, incluso con ello la nueva administración tendría margen de maniobra.

Entre tanto, el alcalde Yunda y su equipo deberán resolver la continuidad o no del sistema de pago de compensaciones a los transportistas urbanos, que reciben hasta $ 1.000 mensuales a cambio de la congelación de las tarifas. Este significa $ 23 millones anuales.

El convenio que permite estos pagos termina a mediados de este año y, hasta el momento, tanto el nuevo burgomaestre como su equipo se han manifestado partidarios de eliminar este subsidio para liberar recursos para obras.

Así lo dijo el asesor del alcalde Fernando Carrión a EL TELÉGRAFO y la misma autoridad entrante durante la visita a la estación San Francisco del Metro, el viernes pasado.

El concejal Páez recomienda “reforzar la autogestión de recaudo del Municipio, para incluso mejorar su perfil de endeudamiento”.

Este criterio es compartido por Carrión, quien considera inaceptable que del actual presupuesto municipal ($ 1.563 millones), alrededor de $ 100 millones provienen de recursos propios obtenidos del Impuesto Predial.

“Esa base tributaria es muy poco eficiente. Tenemos que mejorar la capacidad tributaria propia del Municipio”. (I)