Consejos provinciales y municipios son señalados por presuntos actos de corrupción de sus funcionarios. Las denuncias cobran especial relevancia, porque se trataría de sobreprecios y desvíos ocurridos durante la emergencia sanitaria que afecta al país desde marzo de este año.

En sesión extraordinaria, el Concejo de Quito resolvió solicitar a todas las autoridades de entidades o empresas públicas metropolitanas, que entreguen en un plazo -impostergable- de ocho días, toda información relacionada con los procesos ordinarios, especiales y de emergencia efectuados del 1 de noviembre de 2019 hasta este 4 de junio.

La resolución incluye un pedido a la Contraloría General del Estado (CGE) para que priorice los exámenes especiales, de todos los procesos de contratación pública del Municipio durante la emergencia sanitaria, así como un exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue con celeridad, todas las denuncias.

Este último órgano ha efectuado una serie de allanamientos en oficinas y domicilios de funcionarios municipales en Guayaquil, Quito, Guamote, Ambato, entre otros cantones, por denuncias relacionadas con presuntos actos irregulares.

Posibles sobreprecios en la compra de pruebas rápidas (PCR) para la detección de coronavirus en la Secretaría de Salud; en mascarillas y trajes de bioseguridad y transferencias irregulares en la Empresa Agua de Quito, son algunas de las irregularidades encontradas hasta el momento.

A esto se suman supuestos pedidos de “comisiones” en el contrato de adecuación del Centro de Atención Temporal “Quito Solidario”, que terminaron en la desvinculación -voluntaria o solicitada- de dos secretarios y dos gerentes de entidades municipales de la capital del país.

A decir del concejal Omar Cevallos, quien ya denunció antes de la pandemia un supuesto mal manejo de fondos por parte del exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, un exceso de confianza por parte del alcalde Jorge Yunda pudo agravar el problema.

“Delegar demasiadas responsabilidades a funcionarios de segundo rango puede ser un campo abierto para que trabajadores inescrupulosos hagan un mal uso de los fondos públicos”, comentó el edil.

Esto en referencia a la resolución A-019 del 17 de febrero de 2020, en la que se cuadruplicó el techo para la autorización de gastos de las entidades municipales y se triplicó el de los Secretarios. En el caso puntual de Salud, la resolución de febrero quitó el techo de gastos a Mantilla.

Denuncias a nivel nacional

No solo Quito, sino también otros municipios y prefecturas, han sido objeto de cuestionamientos o acciones de la Fiscalía, por supuestas irregularidades.

En Guamote, provincia de Chimborazo, este 4 de junio la Fiscalía allanó el edificio del Municipio, a cargo del excantante Delfín Quishpe, por supuesto peculado en la obtención de insumos para enfrentar la emergencia.

El organismo de control realizó un proceso similar en el Municipio de Colta, el 20 de mayo, por posibles sobreprecios en la compra de equipos de desinfección, específicamente del producto conocido como amonio cuaternario.

En la provincia del Guayas, la Prefectura se encuentra bajo investigación por la supuesta compra de insumos médicos y víveres para la emergencia sanitaria, con precios altos.

Esto provocó que el pasado 3 de junio, la Fiscalía detuviera con fines investigativos al prefecto Carlos Luis Morales, aunque la autoridad provincial fue liberada un día después.

Según las denuncias, la Prefectura adquirió cubrebocas, pruebas rápidas de covid-19 y kits alimenticios con valores mayores hasta en 123% que otras ofertas del mercado.

Ante esto, Morales solicitó a la Fiscalía General que inicie una investigación; además, aseguró que todos los involucrados en el proceso de compras fueron removidos de sus cargos. En la supuesta red de corrupción incluso estarían involucrados dos hijastros.

Según Morales, las compras se hicieron luego de recibir varias cotizaciones, de las cuales se eligió la que ofrecía mejores condiciones contractuales y menor precio, de acuerdo con la oferta que existía en aquellas fechas.

Contraloría establece indicios de responsabilidad penal

La mañana de este viernes 5 de junio de 2020, la Contraloría General del Estado envió a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad penal sobre las denuncias a esta Prefectura.

El primer documento detalla que el Gobierno Provincial de Guayas adquirió 70.000 mascarillas KN-95 y 5.000 pruebas rápidas covid-19 por $585.500. En el caso de los protectores pagó $ 6,71 por unidad, mientras que por las pruebas pagó $ 23,13.

Sin embargo, el equipo de control de la CGE determinó que otros proveedores las comercializaban en $ 3 y $ 11,20, respectivamente, por lo que el costo total no debió superar los $ 210.000; es decir, se gastaron $ 259.700 de más.

La investigación también asegura que no se convocó a otros proveedores, por lo que no se garantizó la adquisición de insumos con mejor precio.

El segundo informe da cuenta del sobreprecio en la compra de 50.000 kits de alimentos. En esta compra la CGE argumentó que, comparando los valores de los ocho productos que conformaban las canastas con los de los comercios mayoristas, se observó un sobreprecio de $ 0,94 en cada kit, por lo que se pagó $ 47.000 más que el valor del mercado.

Además, el contratista cobró IVA (12%) por todos los productos, aunque solo uno grava este impuesto, por lo que el total del perjuicio para el Estado alcanzó $ 85.320, lo que equivale a un sobreprecio del 23.55%.

Otra irregularidad encontrada fue que a la fecha de suscribirse el contrato, el proveedor no estaba registrado para esa actividad en el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo cual fue inobservado por los responsables de la Prefectura del Guayas.

Hijo de Carlos Bravo, asociado en investigación de Fiscalía

Edwin Obregón, analista productor de audio y video 2, de la Prefectura de Chimborazo, asegura que en el proceso de contratación con la empresa Visualrex S.A, propiedad de Esteban Bravo, hijo de Carlos Bravo (vinculado con el correísmo), se utilizó su nombre sin su consentimiento.

El contrato es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General. Carlos Bravo es gerente de Gota Azul S.A., empresa involucrada en un examen especial de la Contraloría, que encontró irregularidades en los gastos y recursos utilizados en los enlaces ciudadanos del 1 de junio de 2013 y el 24 de mayo de 2017.

La empresa, así como Bravo, son mencionados al menos en ocho ocasiones en el documento del ente de control. En una investigación anterior de este diario, funcionarios de Medios Públicos señalaron que Gota Azul tuvo oficinas en la planta baja del edificio y usó equipos e internet de esta institución. (I)