El primer evento ocurrió el 7 de abril, fecha en que un hundimiento de tierra afectó el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Desde entonces, el Gobierno Nacional, a través del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), lleva un monitoreo del proceso erosivo que afecta al río Coca, en la región amazónica.

Galo Miño, coordinador de la Zona 2 del SNGR, explicó que las acciones preventivas se llevan a cabo hace meses.

Eso incluye la capacitación de las poblaciones aledañas, en cuanto a rutas seguras de evacuación, puntos de encuentro y otras acciones de reacción frente a una emergencia.

Andrés Bonilla, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), explicó que por parte de las autoridades seccionales se mantiene una comunicación permanente con el Gobierno central.

Como parte de ello se informó la situación de vulnerabilidad de 24.283 personas, distribuidas en siete cantones de las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos.

Bonilla reconoce que se recibió un presupuesto para atender las necesidades más urgentes; sin embargo, solicita al Gobierno considerar, además de la vialidad y producción petrolera, la situación social en la provincia.

Por su parte, Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), asegura que el último represamiento del afluente no tuvo consecuencias directas. Sin embargo, el peligro es latente.

En el derrame de abril, 27.000 personas de las comunas quichuas de las riberas de los ríos Coca y Orellana fueron afectadas en sus medios de sustento y fuentes hídricas.

Al momento el agua no es apta para el consumo humano debido al derrame de 15.800 barriles, afirma Tapia, quien señala una reacción tardía por parte de las autoridades.

La Confeniae reclama mayor atención para las nacionalidades amazónicas al enfrentar una triple amenaza: la erosión del río Coca, las enfermedades tropicales, como dengue y malaria; y el covid-19. (I)