Quito, Guayaquil, Cuenca.-

Los accidentes de tránsito ocasionan, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,5 millones de muertes cada año en el mundo. Además, entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de esos traumatismos provocan discapacidad por esa misma causa.

Las víctimas, daños materiales y en infraestructura y las pérdidas laborales equivalen, en promedio, al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países, según la OMS.

Entre tanto, aunque los estados de renta baja o media cuentan con el 54% de los vehículos del mundo, en ellos se producen más del 90% de las defunciones relacionadas con siniestros viales.

Mientras que en los países de ingresos altos, las personas de nivel socioeconómico más bajo corren más riesgos de verse involucradas en eventos de este tipo.
Ecuador, considerado un país de renta media, ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto al número de muertes en accidentes de tránsito.

De acuerdo con el Reporte del Estado Global sobre la seguridad de las vías de la propia OMS, el país registra 28 muertes por cada 100.000 habitantes. En la región solo nos supera Venezuela, con 37,2 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

Esto ocurre a pesar de que un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestra que el país cumple con los cinco requerimientos legales básicos respecto a seguridad vial.

La normativa nacional incorpora reglamentación sobre límites de velocidad, uso obligatorio de cinturón de seguridad, niveles permitidos de alcohol para conducir, el transporte de niños pequeños en sillas especiales y la obligatoriedad para los motociclistas de usar casco.

La muerte de 14 personas a consecuencia del volcamiento e incendio de un bus de transporte interprovincial el viernes pasado en la vía Alóag-Santo Domingo renovó el debate sobre el respeto de las reglas de tránsito en el país.

Para Guillermo Abad, representante de Justicia Vial, la ley ecuatoriana cumple el 90% de las sugerencias de la OMS para mitigar los siniestros de tránsito, pero estas se aplican solo en el 50%.

El incumplimiento ocurre básicamente en control y organización del transporte público y privado.

Según Abad, la seguridad vial tiene tres escenarios: prevención, control y sanción. La primera es la piedra angular para la seguridad y se basa en la educación que permite a las personas entender cuáles son las consecuencias de infringir las normas de tránsito, tener conciencia y mejorar de ese modo su cultura vial.   

Con personas capacitadas, la necesidad de controles baja, porque su accionar se convierte en un elemento de control.
En los países con una gran conciencia en seguridad vial, si no se cumplen estos dos primeros filtros, se acude a una sanción fuerte para que no se siga incumpliendo la ley.

La tendencia mundial es que si una persona ha superado los dos primeros escenarios con sus incumplimientos, las sanciones son tan severas que buscan sacar de las vías para siempre al infractor.

El concejal de Quito Carlos Páez (Alianza PAIS) señala que aunque hace falta un control preventivo y en las vías públicas para mejorar la seguridad vial, es fundamental la cultura ciudadana.

Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la mayoría de percances en el país se relaciona con acciones u omisiones, en su mayor parte de conductores.

El 50% se debe a impericia o imprudencia de quien maneja; el 13% obedece al irrespeto de normas de tránsito; 12% es por exceso de velocidad; 9,7% por embriaguez.

En tanto que 7,69% ocurre por condiciones externas y el 6,99% por imprudencia de otros involucrados.

Páez considera que se requiere un proceso de reeducación para que se entienda que el incumplimiento de la norma no solo acarrea consecuencias legales, sino que constituye fundamentalmente un elemento de riesgo de accidentes que ponen vidas en peligro.  

Abad coincide en que la educación vial debe ser una asignatura obligatoria en las escuelas. Además que se debe mejorar la capacitación de los conductores profesionales.

Un ejemplo es lo que ocurre en Suecia y Finlandia, naciones con baja incidencia de muertes en las vías y en los que la prevención  forma parte del pénsum escolar.      

Para Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, es importante que los ciudadanos conozcan cuáles son las condiciones de servicio de transporte público a las que tienen derecho, principalmente en términos de seguridad y legalidad, para que lo puedan exigir.

“Mientras exista una norma y no se la cumpla, lamentablemente la cultura ciudadana sobre cómo tienen que manejarse en materia de transporte se va diluyendo”. Agrega que justamente esto es lo que sucede en Ecuador.

Según Buendía, más del 70% de la Ley de Tránsito no se cumple y la autoridad muy poco o nada hace al respecto. Asegura que en lo que va de 2017, el número de accidentes de tránsito ha disminuido en comparación con 2016, pero el número de muertos o afectados aumentó aproximadamente en el 6%.

Buendía pone como ejemplo Finlandia donde emprendieron mecanismos de participación del usuario en la legislación de política pública en los que hacen mediciones periódicas de la calidad del servicio.

Además, en ese país las multas son altas y esos fondos son destinados al fortalecimiento de programas relacionados con seguridad vial. (I)